Similitudes del conflicto: Octubres 2003 – 2011

Los libros enseñan a leer que la historia se repite. Y en la política es donde mejor se puede aplicar la narración de este concepto. Las similitudes entre el conflicto que enfrentó el Gobierno del MAS con el movimiento indígena de tierras bajas y la caída de la administración Sánchez de Lozada en octubre de 2003. Los escenarios de una crisis anunciada y sin resolución. Las falencias de una democracia pactada que gobernó sin  interrupción desde la recuperación de la democracia en 1982. El desencanto con el denominado “proceso de cambio”

Corría el mes de septiembre de 2003. Exactamente hace 8 años. El vicepresidente Álvaro García Linera proclamado entonces uno de los más destacados analistas políticos, que compartía set en PAT -propiedad del ex presidente Carlos Mesa- a través de un programa que para esos años irrumpió al aire como una verdadera novedad, se había convertido en el centro de la atención pública. Tanto así que el propio partido de Gobierno, en esos días el MNR, lo invitaba a dar charlas de teoría política a su militancia rosada. Nada era raro y parecía sencillo desde la contemplación que limita el poder desde un espacio en televisión. Una de las compañeras de Álvaro en el set del programa “El Pentágono”, la Magnífica Verónica Larriu, aprendiz voraz de la Capitalización, había manifestado públicamente su deseo personal de incorporar a García Linera a las filas del MNR. El analista se sonrojó con semejantes insinuaciones, pero prefirió  decir “no”, anteponiendo su ideología revolucionaria a las mieles del poder y sin ceder a la tentación de una bella emisaria del gonismo.

El vicepresidente destacaba tres veces a la semana en la pantalla las bondades del indianismo, una versión más refinada del indigenismo. Él mismo analista había definido que no existía en Bolivia la versión moderna de un indio letrado. Se proclamaba a los cuatro vientos como defensor a ultranza de los grupos mayoritarios de la población, entonces reducidos y olvidados por los sucesivos gobiernos “neoliberales”. Era fuente de inspiración para los propios periodistas, sorprendiendo con investigaciones que apuntaban la corrupción de los que entonces detentaban el control del aparato estatal. Álvaro García Linera era la versión genuina de los derechos de los excluidos, entre los que se encontraban los grupos “indígenas” de la población; mayoritaria por cierto gracias a la manipulación del censo de 2001y la mano invisible del jesuita Xavier Albo.

Después de la violenta intervención policial a la VIII Marcha Indígenar la última semana del mes de septiembre pasado, el segundo en ejercicio de mando permaneció en un silencio profundo meditando la deformación del proceso de cambio y la descomposición del aparato gubernamental en el que ocupa papel protagónico. Impacientes por conocer su versión de los hechos, periodistas y analistas presionaron hasta que finalmente se lo escuchó tres días después con la narrativa de los sucesos desde su visión y perspectiva histórica. Abatido por la pérdida de un ministerio vital en el control de la seguridad interna y el manejo del Estado, apuntó a los culpables de la brutal represión policial pero sin identificar sus verdaderos rostros. Además, enjuicio la labor de los medios de comunicación que lo habían apuntalado en el asenso político desde el día que decidió acompañar a Evo en la fórmula presidencialista del MAS para las elecciones de 2005. Los medios habían franqueado la barrera que a ninguna autoridad le gusta cuando se mansilla la dignidad de los que no gobiernan; las voces que se alzan críticas contra el abuso y al prepotencia de quienes ejercen el poder.

En septiembre de 2003 a pocos días de la caída del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el diputado Evo Morales mostraba una versión disimulada de indigenista envuelto en el ropaje que le abrigaban las seis federaciones de la hoja de coca del Chapare; masticando su desaprobación a la política antinarcóticos que hasta el 2002 era motivo de prominentes elogios desde las esferas más altas del poder mundial. En mérito al reconocimiento, “coca cero”, se habían patrocinado encuentros y sendas reuniones entre las autoridades nacionales y los administradores del Gobierno norteamericano. Evo y Álvaro avanzaban separados al conjuro de una política antinarcóticos que tocaba fondo, simulando con seguridad y convencimiento que la represión en las zonas productoras de coca era la fórmula mágica para controlar la producción de la droga y también jugaba en la otra cara de la moneda, el control de nuestros recursos naturales.

La guerra por el gas y el TIPNIS.

El gas que posee Bolivia era el tramo más corto para seguir ejerciendo ese devastador control. Gran parte de los titulares de prensa de septiembre de 2003, basadas en las declaraciones de las autoridades del Ejecutivo, daban como hecho la necesidad de exportar la riqueza gasífera a Chile. El reconocimiento reafirmaba la política “entreguista” de la gestión del Gobierno del MNR que gobernaba en alianza con el MIR y NFR de Jaime Paz y Manfred Reyes Villa, respectivamente. Esa cerrada posición de exportar gas a los Estados Unidos y México por puertos chilenos fue rechazada por los sectores campesinos y sindicalizados a los que se sumaron en pocos días cooperativistas mineros alentados por el bloqueo de caminos en algunas rutas de acceso y salida a la sede de Gobierno. Estaba en ciernes el famoso cerco a La Paz. La resistencia ganó las carreteras con bloqueos organizados y dirigidos por Felipe Quispe Huanca que ejercía entonces como secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Las demandas sectoriales confluyeron con la terquedad del  Gobierno de Sánchez de Lozada que se negó sistemáticamente a ceder ante la presión y el pedido de amplios sectores de la población para frenar el proyecto de exportar gas a Chile. Esa demanda además confluyó con una serie de otras medidas contenidas en el pliego petitorio de las organizaciones sindicales afiliadas a la COB. No se puede precisar con exactitud pero si la marcha indígena transcurrió 45 sin ser atendida por el presidente Morales, en el caso de octubre de 2003, el conflicto tuvo un proceso de maduración similar de tiempo.

El 28 de septiembre de 2003 el portavoz del MNR decía al diario chileno El Mercurio que el Gobierno de Bolivia “mantiene vigente la opción de escoger un puerto chileno para exportar gas a Norteamérica”. Esa declaración contrastaba con las masivas manifestaciones en contra de ese planteamiento. En el mismo diario se leía que “las movilizaciones en la nación altiplánica se relacionan con demandas sectoriales y con la decisión que debe tomar el Gobierno en torno a las exportaciones de gas a los Estados Unidos. “Diversos sectores bolivianos se oponen a que esas reservas salgan por algún puerto chileno. Los manifestantes bolivianos, encabezados por el líder cocalero Evo Morales, han amenazado con una guerra civil en caso de que Chile sea escogido por el Gobierno”, informaba uno de los más influyentes diarios chilenos. Aún a pesar de esas declaraciones y de un movimiento que crecía en el Occidente del país con manifestaciones y el bloqueo de carreteras, la alianza de partidos que gobernaban el país, se negaron a dialogar y escogieron el camino más difícil:  no negociar bajo presión, posición muy similar a la asumida en días pasados por el Gobierno del MAS. Ministros, asambleístas y dirigentes originarios afines al esquema gubernamental, señalaron en reiteradas oportunidades que el presidente no podía trasladarse a negociar con los marchistas, ocultando una terrible contradicción con los postulados de la “revolución cultural” y el “proceso de cambio”. En casi todas las veces que los ministros bajaron a dialogar con los marchistas de la VIII Marcha Indígena se dijo que entre ellos había grupos mimetizados de ONGs contrarias al Gobierno y activistas que pretendían sembrar malestar en torno a la construcción de la carretera del TIPNIS.

La influencia de los duros

El presidente Morales se negó sistemáticamente a dialogar con los dirigentes de los pueblos indígenas interculturales durante 45 días antes de ser intervenida por un violento operativo instruido por el Ejecutivo, aunque desde las altas esferas se niegue una y otra vez que la orden provino de la investidura presidencial. Una cadena de mando tiene cabeza y brazos operativos que actúan y ejecutan la acción. En septiembre de 2003 el entonces ministro de Defensa Sánchez Berzaín sobrevoló  en una avioneta de la FAB sobre la localidad de Sorata sitiada por los originarios de varias poblaciones aledañas impidiendo la salida de un grupo  de turistas en ejecución de la medida para impedir que el gas sea exportado a Chile. Es muy poco probable que el dignatario de Estado del Gobierno del MNR se hubiera subido a esa nave sin antes comunicar al presidente de un acto que fue calificado como heroico entre sus colegas de gabinete y resultó duramente condenado y criticado por el movimiento sindical y campesino. Los dirigentes que entonces encabezaban la movilización dijeron a los medios de comunicación que el ministro estaba armado y que él mismo estaba instigando la represión. Entonces, la coalición de partidos que gobernaban el país no acentuaron manifestaciones contrarias a la labor de los medios como sucedió en el actual conflicto.

El contenido de los mensajes del Gobierno del MAS también apuntaron a los medios de comunicación por exagerar el contenido de las informaciones que transmitían; hacer morir a menores de edad y amplificar las imágenes de la intervención policial a la marcha, fueron dos argumentos usados para desacreditar la labor de la prensa. Resultaba muy natural para el Ejecutivo el amordazamiento a las mujeres y golpear a los dirigentes que encabezaban la defensa de su territorio. En analogía,  gravita el peso de los más fuertes en el esquema gubernamental.  La postura asumida por los duros del régimen. En ambos casos no reconocieron que ceder algunas demandas podría haber ayudado a librar nuevas batallas en la mesa del diálogo donde en los 20 años de democracia confluyeron las demandas de todos los sectores en conflicto. En octubre de 2003 dos ministros del Gobierno del MNR se trasladaron para negociar con los huelguistas instalados en la radio San Gabriel propiedad de la Iglesia Católica en la ciudad de El Alto, pero volvieron una y otra vez con las manos vacías. Similar efecto y actitud a los reiterados viajes de los ministros de Evo Morales sin lograr resultados concretos para alcanzar soluciones. Las palabas en off después del operativo de rescate a los turistas en Sorata fueron relatadas por Sánchez Berzaín al señalar que el país se estaba convirtiendo en un verdadero  campo minado y que la estabilidad democrática estaba en riesgo. Corrían los últimos días de la gestión de Sánchez de Lozada. Finales de septiembre de 2003.

Los actores

Transcurrido ese episodio que coincidió con un aniversario más del departamento de Santa Cruz, el Gobierno de Sánchez de Lozada comenzó a hablar de dos Bolivias: la productiva oriental y la retrograda occidental. El su edición del 27 de septiembre la edición del periódico El Diario registraba las siguientes declaraciones de los opositores a esa administración: “Hablar de dos Bolivias, una del oriente productiva y la otra del occidente inviable, es un grave error del Gobierno y de algunos sectores, porque estas afirmaciones representan un serio peligro y ponen en riesgo la integridad nacional”, coincidían  sociólogos y analistas políticos. Según al entonces diputado por el MAS Gustavo Torrico, la afirmación de que existen dos Bolivias, una productiva con las imágenes de la Feria Exposición y otra bloqueadora, es una falacia total del Gobierno. “Esta es una forma muy peligrosa de buscar una separación, una disgregación del Estado, como ocurrió en los Balcanes, que comenzó como una diferencia de tipo religioso y terminó en la división de la República”.  El mismo diputado dijo que “la difusión que se le da al concepto es desleal, propiciada por intereses foráneos y conduce a la atomización del país”.

Por su parte, el analista Álvaro García Linera opinó ese mismo 27 de septiembre de 2003 que “el Gobierno usa el argumento de las dos Bolivias para devaluar a los opositores, coloca como modelo a Santa Cruz, olvidándose que esta región es productiva y ascendente porque existen muchos migrantes del occidente que están trabajando allí”. Ambas declaraciones denotan la necesidad posterior de liquidar las aspiraciones de sectores empresariales y productivos agrupados en las organizaciones del departamento de Santa Cruz y en la parte oriental del país. Una de las primeras medidas del actual Gobierno fue minar la base crítica de las élites cruceñas. De igual modo se provocaron enfrentamientos entre grupos de apoyo al MAS con poblaciones urbanas como en la frustrada toma de la Prefectura de Cochabamba que derivó en brutales enfrentamientos y la muerte de gente joven que salió a las calles a protestar contra las políticas del oficialismo. Fue en enero de 2007 a un año de gestión del Gobierno del MAS.

En septiembre y octubre de 2003, la administración del MNR dejó crecer el conflicto que se masificaba en el occidente del país apostando por el desgaste de los manifestantes que al transcurrir los días ganaban sustancial apoyo de las bases campesinas y de las fuerzas sindicalizadas en la sede de Gobierno. Se trataba en esencia de un conflicto que se estableció en esta parte del territorio, sin participación de los pueblos originarios del oriente de la República. El ahora presidente Evo Morales señaló el 14 de septiembre de 2003: “hemos tomado la determinación de que el gas no sea exportado por un puerto de Chile y tampoco por el Perú, y que más bien sea industrializado en el país para que sus beneficios alcancen a todos los bolivianos”. A esa declaración se sumaron otras voces que hacían por primera vez alusión a la convocatoria a una Asamblea Constituyente que definiera el rumbo del país. Sánchez de Lozada no dio brazo a torcer. Y cuando finalmente anuncio al país aceptando la convocatoria ya era demasiado tarde. Se le había informado que miles de trabajadores mineros se encontraban a pocos kilómetros de La Paz y que era mejor abandonar la residencia presidencial. “Al grito de “ahora sí, guerra civil” y “el gas no se vende”, miles de campesinos, gremiales, maestros, universitarios y otros sectores laborales como los transportistas, realizaron ruidosas manifestaciones en La Paz en la ciudad de El Alto poco antes de que el ex presidente abandonará la residencia presidencial junto a varios de sus ministros.

El papel de los vicepresidentes

En una sesión de la OEA el entonces vicepresidente Carlos Mesa manifestó el 27 de septiembre de 2003 que existen “varios cercos que hay que saltar” para superar la crisis que afecta a Bolivia y explicó que su Gobierno está estructurando reformas de fondo en áreas como la justicia, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional. Si bien Carlos Mesa destacó el hecho de que después de las elecciones del 1 de junio del 2002 emergieron fuerzas políticas indigenistas que coparon al menos el 30 por ciento del Parlamento Nacional, estos movimientos se convirtieron en una oposición con una visión distinta de Bolivia. “El escenario político cambió después de que en la anterior administración, la crisis se agudizó y esto llevó a que emergieran grupos indigenistas que ahora tienen una fuerte representación parlamentaria y una visión diferente de la dinámica política que llevan la discusión que debe realizarse en el Parlamento a otras instancias como la presión social directa”.

En respuesta, el entonces Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Campesinos de Bolivia, Felipe Quispe denunció que las autoridades gubernamentales no tienen la voluntad política para solucionar los problemas del sector y retomó el discurso referido a que los trabajadores del agro están dispuestos a crear su propio Estado. “En caso de que el Gobierno siga dilatando el problema, la nación indígena, que es la mayoritaria, se va a independizar y va a fundar la República del Kollasuyo”, dijo, luego de reunirse por algunos minutos con autoridades del Gobierno en el auditorio de la Radio San Gabriel, donde se había instalado el principal piquete de huelga que no se levantó hasta el 17 de Octubre, cuando Sánchez de Lozada presentó su dimisión a la primera magistratura de la Nación.

Quispe Huanca hoy alejado del Gobierno dijo que “el movimiento campesino del país no sólo se opone a la venta del gas por Chile y demanda el cumplimiento de los convenios, sino que también defiende la independencia de los indígenas, lo que se logrará cuando los millones de campesinos funden su propia nación dentro el país”. Este tipo de posturas marcan un antes y un después en la conducción del actual  proceso político que se reedita en el país.