Políticas para contrarrestar el embarazo adolescente

El Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA, que tiene como misión promover el derecho de cada persona a disfrutar de una vida sana, con igualdad de oportunidades para todos y todas, apoya a los países en la utilización de datos socio-demográficos para la formulación de políticas y programas de reducción de la pobreza, y para asegurar que todo embarazo sea deseado, todos los partos sean seguros, todos los jóvenes estén libres de VIH/SIDA y todas las niñas y mujeres sean tratadas con dignidad y respeto. En ese sentido el UNFPA publicó un informe sobre la situación del embarazo en adolescentes en Bolivia y a su vez formuló la necesidad de desarrollar líneas estratégicas de acción para disminuir esta problemática social, económica y cultural.

¿Cuál es la situación de Bolivia respecto al embarazo en adolescentes?

En Bolivia la población adolescente de 10 a 19 años, representa alrededor del 23% de la población total del país, del cual un 49% corresponde a adolescentes de sexo femenino, en quienes se estima, según datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENDSA 2008), que cerca de un 18% ya son madres o están embarazadas (de 15 a 19 años). Al menos la mitad de estos embarazos no fueron planificados al momento de la concepción.

El embarazo y la maternidad en adolescentes se registra con mucha mayor frecuencia en aquéllas con bajo nivel educativo y entre las que viven en condiciones de pobreza. Según la Encuesta

Nacional de Juventudes de 2008, los municipios con mayores tasas de embarazo en adolescentes son: El Alto que registra un promedio de 83%, Santa Cruz 71%, Guayaramerín 76%, Riberalta 71% y Colcapirhua 74%. La misma fuente revela que de las adolescentes encuestadas que ya iniciaron relaciones sexuales, un 60% había estado embarazada en algún momento y resulta llamativo que el 9% corresponde a adolescentes menores de 15 años.

En cuanto a la situación de la región latinoamericana, de acuerdo al último informe de Estado de Población Mundial 2011 del UNFPA, somos una de las dos regiones del mundo con tasas más elevadas de natalidad en adolescentes, junto con África subsahariana. A excepción de Ecuador y Venezuela, Sudamérica registra de 50 a 100 alumbramientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años de edad. Los nacimientos de madres adolescentes en la subregión andina representan el 18% del total de nacimientos.

¿Qué podemos hacer para mitigar esta problemática en Bolivia?

Las prioridades que el país debe encarar para mitigar el embarazo en adolescentes son:

Educación para la sexualidad: bajo el liderazgo del Ministerio de Educación y en coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes, el país podría institucionalizar en la currícula educativa que incorpore la educación para la sexualidad.

La atención diferenciada para adolescentes en centros de salud pública: ante todo, el embarazo en adolescentes es un problema institucional, de salud pública, mientras los centros de salud no brinden una atención diferenciada para adolescentes y sensible a aspectos culturales, adolescentes y jóvenes difícilmente acudirán a éstos.

Es necesario institucionalizar el seguimiento a adolescentes embarazadas menores de 15 años, debido a la alta probabilidad de tratarse de embarazos no planificados y/o en situación de violencia. Se debe contemplar en este marco, acciones preventivas específicas para menores de 15 años.

Necesitamos una sociedad más sensibilizada en la prevención del embarazo precoz, pues las madres adolescentes son fuertemente discriminadas y censuradas en sus escuelas, hogares y comunidades.

Se debe también tomar en cuenta que ninguno de estos procesos es posible sin la participación de adolescentes y jóvenes y de organizaciones juveniles.

Es primordial que tanto Estado como sociedad tomen en cuenta que el embarazo en adolescentes es uno de los principales causales de los ciclos inter-generacionales de la pobreza.

¿Qué se puede hacer en materia legislativa?

Si bien las leyes bolivianas referidas al tema no restringe en el acceso de adolescentes a servicios de salud, es necesario que el país cuente con un protocolo normativo específico que permita abordar el embarazo en adolescentes como una cuestión fundamentalmente de salud pública.

Es preciso también aportar a nivel regional en la construcción de una nueva normativa.

En resumen el país requiere de tres líneas estratégicas de acción:

A) Protocolo normativo específico sobre la problemática.

B) Educación para la sexualidad.

C) Atención diferenciada de adolescentes en centros de salud.

¿Cuáles han sido los avances más importantes en el país hasta la fecha?

El Programa de Adolescentes del Ministerio de Salud y Deportes ha desarrollado el Plan Nacional para la Salud Integral de las y los Adolescentes (2009-2013), con intervenciones concretas para prevenir el embarazo adolescente y acciones de promoción de la salud reproductiva.

Tras la implementación del modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), se adoptó un enfoque de atención diferenciada para adolescentes.

Con la contribución al fortalecimiento de los vínculos intersectoriales se espera lograr, entre otras cosas, la promulgación de la Ley de Juventudes.

Más de 10.000 jóvenes han participado activamente en jornadas por la prevención del embarazo adolescente a nivel nacional, así como miles han impulsado temas de juventud en los Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, y Planes Estratégicos a nivel departamental y municipal.

¿Qué experiencias de otros países podrían inspirarnos?

En Medellín – Colombia, han tenido mucho éxito iniciativas municipales sujetas a créditos de la cooperación internacional. Estas iniciativas han apuntado a atención en servicios de salud preventivos-promocionales. En el marco de autonomías y descentralización que atraviesa Bolivia, la experiencia podría ser ciertamente inspiradora.

Las leyes colombianas han establecido que la educación para la sexualidad tenga carácter obligatorio.

Ecuador cuenta con un plan nacional de prevención de embarazos en adolescentes. Este plan prioriza tres líneas de acción: implementar un Sistema Nacional de Información sobre la situación del embarazo en adolescentes que permita la construcción de políticas públicas integrales e intersectoriales acordes a la realidad nacional y local; fortalecer la rectoría del Estado para la protección integral de los y las adolescentes e implementar servicios de atención integral; participación de adolescentes, abogacía, alianza y participación social.