Oppenheimer: El ocaso de la guerra contra la marihuana

Informe Oppenheimer

La decisión de Estados Unidos de no desafiar en las cortes los planes de los estados de Washington y Colorado de legalizar la marihuana convierte la política de drogas estadounidense en un caso de manual de hipocresía política: ¿Cómo puede el gobierno de Estados Unidos seguir luchando contra la legalización de la droga en el exterior, cuando le está dando luz verde en su propia casa?

La semana pasada, el Departamento de Justicia emitió una resolución en la que dice a los fiscales que no interfieran con los dos estados que han aprobado leyes que autorizan el uso recreativo y la venta de marihuana a partir de principios del año próximo. La resolución ha sido aplaudida por las fuerzas prolegalización, que la consideran histórica, ya que la marihuana sigue siendo una droga ilegal según la ley federal de Estados Unidos.

En su memorándum del 29 de agosto, el Departamento de Justicia dijo a los fiscales que no cuestionen las leyes de legalización de la marihuana de los dos estados siempre y cuando ambos gobiernos estatales impongan un sistema regulatorio estricto que prohíba, entre otras cosas, la venta de marihuana a menores, el cultivo de marihuana en tierras públicas y su exportación a otros estados que no la han legalizado.

“Esto coloca a Estados Unidos en una posición incómoda”, dice John Walsh, un experto en drogas de la Oficina de Washington sobre Latinoamérica, un grupo que apoya la legalización de la marihuana. “Estados Unidos está implementando en su casa una política muy diferente de la que recomienda a otros países”.

La decisión del Departamento de Justicia probablemente tendrá un gran impacto en Latinoamérica, donde muchos países están debatiendo sus propias leyes de legalización.

En Uruguay, la Cámara de Diputados ya ha aprobado un proyecto de legalización respaldado por el gobierno, que ahora probablemente será aprobado más fácilmente por el Senado antes de fin de año.

En México, donde más de 50,000 personas han muerto durante los últimos seis años en la guerra contra las drogas apoyada por Estados Unidos, los partidarios de la legalización en el Congreso tendrán argumentos adicionales para respaldar un cambio de rumbo. ¿Por qué seguir perdiendo vidas y gastando fortunas para combatir la marihuana cuando ni el propio gobierno estadounidense lo está haciendo?, preguntarán.

México es sin dudas el mayor exportador de marihuana a Estados Unidos, y probablemente será el país en que la resolución del Departamento de Justicia tendrá un mayor impacto. Otros exportadores importantes de la región son Jamaica, Canadá y Colombia.

Cuando le planteé a un funcionario del Departamento de Estado la contradicción entre lo que Estados Unidos hará en casa y lo que pregona en el exterior, me dijo que “la marihuana es y sigue siendo ilegal según la ley federal. Continuaremos nuestra importante cooperación antinarcóticos con la comunidad internacional para combatir el uso y el tráfico de drogas, y para mejorar la seguridad de los ciudadanos”.

Los funcionarios estadounidenses sugieren que es importante recordar que la resolución del Departamento de Justicia está condicionada a la capacidad de los estados de Washington y Colorado de hacer cumplir sus regulaciones que prohíben la venta de la droga a menores, o su exportación. Internacionalmente, no está claro que países con instituciones débiles puedan hacer cumplir ese tipo de controles, argumentan los críticos de la legalización.

Tal como me dijo recientemente el senador uruguayo Pedro Bordaberry, un opositor del proyecto de legalización de la marihuana de su país: “Si el estado uruguayo no puede implementar su prohibición a la reventa de entradas para los partidos de fútbol, ¿cómo podemos esperar que pueda implementar la prohibición de venta de marihuana a menores?”

Mi opinión: La decisión del 29 de agosto del Departamento de Justicia de Estados Unidos es un parte-aguas en la historia de la guerra contra las drogas. Habrá un antes y un después.

No hay duda de que es más fácil apoyar la legalización de la marihuana en los estados de Washington o Colorado, donde es probable que la policía pueda evitar la venta masiva de marihuana a los niños, que en Guatemala o Honduras, donde hay tanta corrupción en la policía que tal tarea se hará mucho más difícil.

Pero el gobierno de Obama debería empezar a flexibilizar su oposición absoluta a las leyes de legalización de otros países. Podría hacerlo a cambio de un acuerdo internacional para hacer cumplir reglas como la prohibición de ventas a menores, y de un compromiso regional de invertir los miles de millones de dólares que actualmente se gastan en combatir la marihuana en campañas de educación antidrogas, y en programas de prevención y rehabilitación.

La política actual es insostenible. No se puede permitir una cosa en casa, y prohibirla afuera.