CIDH pide información sobre independencia de la justicia

Representantes de la Fundación Nueva Democracia denunciaron que en Bolivia existe persecución política. El ministro Carlos Romero negó este extremo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó ayer  a la Fundación Nueva Democracia y al Estado boliviano “complementar” con más información sobre la independencia del Órgano Judicial, en la audiencia en el marco del 149 periodo de sesiones que celebró  en ese organismo en Washington.
Rubén Darío Cuéllar y Silvia Salame, en representación de la Fundación Nueva Democracia (FND), peticionaria en la CIDH, denunciaron que en el país existe un “secuestro del Órgano Judicial por parte del Órgano Ejecutivo, detenciones arbitrarias y crímenes extrajudiciales”, según la agencia EFE.
Además aseguraron que se violaron derechos como la suspensión de autoridades democráticamente elegidas, persecución judicial, discriminación, suspensión de autoridades judiciales por motivos políticos. 
“Se trata de una situación bastante compleja, por lo que solicitaría a los peticionarios y al Estado complementar las intervenciones”, indicó la comisión, al formular varias preguntas que, según dijo uno de los comisionados, servirán para tener una percepción más objetiva de lo que sucede en Bolivia.
A su turno, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en representación del Estado, dijo  que el año 2008  sus interlocutores, “los políticos que tengo al frente, decidieron desmembrar el país” sólo porque se oponían al proceso de transformaciones que inició el gobierno de Evo Morales.
Romero exigió que se demuestre “un solo caso de ejecución extrajudicial” como se denunció, así como que el presupuesto del Ministerio de Defensa es 1.500 veces mayor al del Órgano Judicial.
Mientras que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, rechazó las acusaciones sobre un supuesto sometimiento de la justicia al poder político y aseguró que existen todos los mecanismos para garantizar el debido proceso y  la defensa de los acusados.
En la audiencia también estuvo el embajador de Bolivia ante la OEA, Diego Pari.

Salame también dejó sentado que durante el gobierno de Morales se ejerció presión para lograr fallos en función de los objetivos del Órgano Ejecutivo y demandó que las sentencias del TCP sean  oportunas y claras.

“Quieren afectar la imagen del país”

Oficialistas y opositores cruzaron criterios respecto de la denuncia de violación de los derechos fundamentales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
La senadora Sandra Soriano (MAS) acusó a la oposición de pretender con estas denuncias “afectar la imagen del país ante la comunidad internacional”. “Lo cierto es que no existe persecución, sino procesos judiciales por corrupción”, afirmó la asambleísta.
Mientras tanto, el diputado Tomás Monasterios (CN) celebró que la Fundación Nueva Democracia acuda a la CIDH para interponer los casos de persecución judicial del Gobierno por motivos políticos.
“Es una mala imagen para el país”, dijo el parlamentario y apuntó  al presidente Evo Morales como el  responsable de los hechos de supuesta persecución.
Añadió que el Gobierno está preocupado porque sabe que las resoluciones de la CIDH tienen carácter vinculante a un Estado que está violando derechos.