Montevideo, ¿el Ámsterdam de América Latina?

El proyecto establece que el Estado regule la producción, distribución y venta de la marihuana

Uruguay es un país de contrastes. Es un país pequeño y tranquilo pero a la vez ha sido un país pionero a lo largo de su historia. Fue el primero en América Latina en aprobar la jornada laboral de 8 horas, el voto de las mujeres y el divorcio. Este año, de la mano del presidente José Mujica, ha marcado varios hitos al despenalizar el aborto, autorizar el matrimonio homosexual y está a un paso de lograr otro más con la legalización de la marihuana. El mundo entero mira ahora al país suramericano preguntándose si se convertirá en una suerte de “Ámsterdam de América Latina”. Los expertos aseguran que los mecanismos de regulación y la idiosincrasia del pueblo uruguayo no lo permitirán.

“Es difícil pensar que Montevideo se vaya a convertir en el Ámsterdam de América del Sur”, considera el sociólogo Sebastián Valdomir, miembro de la plataforma Regulación Responsable, que aglutina una docena de organizaciones a favor de la legalización de la marihuana. De entrada, los extranjeros no van a tener acceso a los puntos de venta legal puesto que necesitan una tarjeta de consumidor de cannabis que será expedida por el Gobierno a los ciudadanos uruguayos que lo soliciten. Además, la ley antitabaco impide fumar en espacios públicos cerrados, con lo que según el sociólogo no hay comparación. “No va a ser entrar a un sitio a tomar un jugo, un agua y consumir marihuana”.

El peso que tendrá el Estado dentro de este plan lo hace singular puesto que será el Gobierno el que conceda licencias de producción, autorice los puntos de venta en los que los usuarios previamente registrados podrán comprar (no más de 40 gramos al mes) y llevará un estricto control de los clubes de cultivo en los que podrán participar hasta 45 socios con un máximo de cultivo de 99 plantas.

A juicio de Valdomir la experiencia uruguaya puede convertirse en una referencia para los países en América Latina que “están tratando de romper con el paradigma de la guerra de las drogas”, como México, donde se ha iniciado un debate “más pragmático”, partiendo de la base de que la guerra de las drogas es una de las principales fuentes de conflicto y violencia.

En Uruguay, a diferencia de la mayor parte de América Latina, el mercado de la marihuana representa casi el 80 % del total de las drogas y un negocio de unos 30 millones de dólares, según la Junta Nacional de Drogas. Es legal tener pequeñas cantidades de marihuana para el consumo propio, pero no está permitido su comercio ni su producción por lo que, según los defensores de esta ley -que fue aprobada en la Cámara de Diputados y está a la espera de ser ratificada en el Senado-, se incurría en una incongruencia que llevaba a “desplazarse fuera del límite de lo legal” a quienes quisieran conseguir marihuana para uso recreativo o medicinal.

“Lo que intentamos hacer en Uruguay no es un viva la Pepa”, ha dicho el presidente Mujica, que ha indicado que el objetivo es “arrebatarle el mercado al narcotráfico por la vía de competirle”. El Estado quiere controlar la cantidad, la calidad y el precio y se plantea vender el gramo de marihuana legal a un dólar.

Mujica ha reconocido que una iniciativa como esta que tiene un tanto de “experimento” se puede hacer en un país pequeño como Uruguay. Según explicó a este diario el diputado del Frente Amplio Sebastián Sabini, impulsor del proyecto, se han analizado las políticas sobre el cannabis en Portugal, Holanda, España, EEUU y Canadá. “La gran diferencia es que nosotros pensamos hacer una regulación de toda la cadena productiva y consumo, y eso no se ha intentado antes”. “No pretendemos imponerle a nadie nuestra forma de entender este fenómeno” pero consideró que América Latina “tendrá que cambiar su estrategia contra el narcotráfico, o seguiremos pagando con muertes, presos, violencia, inseguridad, uso irracional de recursos”.

Según las cifras de la Junta Nacional de Drogas, 120.000 uruguayos consumen marihuana al menos una vez al año, 75.000 una o dos veces en el mes y 20.000 a diario. Además, en la capital, Montevideo, uno de cada tres jóvenes montevideanos consumen.

Ha habido voces que han tachado el proyecto de ley de “unilateral” e “irresponsable” porque aunque contó con los 50 votos necesarios para ser aprobada en Cámara de Diputados fueron todos del gubernamental Frente Amplio mientras las encuestas muestran que el 64 por ciento de los ciudadanos está en desacuerdo con el proyecto.

Las críticas de la oposición se han centrado en la adicción y han cuestionado si habrá presupuesto para dotar el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) que se crea para controlar que se cumplan las normas.

El politólogo uruguayo Matías Ponce considera que el tema de la legalización no estaba en la agenda política pero la acogida mediática que tuvo, sobre todo internacionalmente, lo llevó a primera fila contribuyendo a perpetuar la popularidad del presidente uruguayo, el ex guerrillero tupamaro de 78 años, conocido mundialmente por donar el 90 por ciento de su salario para obras sociales, y que se consolida como “líder renovador, viejo sabio, humilde, popular, cercano…”.

El politólogo considera que la norma, en la práctica, no va a acarrear grandes cambios. Ponce destaca el “civismo” del ciudadano uruguayo y la “fuerte presencia” del Estado, aunque está por ver “la capacidad de supervisar”.

No cree que vaya a ser un reclamo turístico porque “la marihuana en toda América Latina se consigue muy fácil” y en alusión a la teoría del intelectual uruguayo Carlos Real de Azúa, recordó que Uruguay “es un país donde se pueden plantear grandes ideas, donde hay gente y partidos dispuestos a llevar esas grandes ideas, pero siempre es un país de una sociedad amortiguadora, todo en algún momento se frena”.