HRW alerta sobre las democracias autoritarias en América Latina

La concentración de poder, el retroceso en libertad de expresión, la impunidad de delitos de lesa humanidad son algunas de las violaciones a los DD HH que se recogen en su informe de 2014

La concentración de poder en los países del bloque del ALBA, las amenazas que para la libertad de expresión y prensa que suponen las leyes sobre telecomunciaciones de Argentina o Ecuador; el incumplimiento de las leyes para reparar a las víctimas de la violencia en Colombia o México; la indefinición en la estrategia de seguridad del los países que se enfrentan al narcotráfico; la impunidad e irregularidades a la hora de juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado en países como Guatemala u Honduras -aunque se trata de una práctica que se extiende a casi toda América Latina-; los abusos en las cargas contra los manifestantes en Chile o Perú; el recurso a la justicia transicional para ayudara resolver el conflicto de las FARC; la falta de transparencia en las elecciones venezolanas y la posterior represión a los simpatizantes de la oposición que demandaban un recuento de votos; las leyes que prohiben o restringen severamente el derecho al aborto; las cortapisas a la independencia judicial, de nuevo, en Argentina, Ecuador y Venezuela; los programas de drones operados por EE UU o los abusos al derecho de la intimidad revelados por Edward Snowden en los que ha incurrido la inteligencia de este país constituyen las líneas generales que dibujan el mapa de las violaciones de derechos humanos en 2013 de en el continente americano de acuerdo con el Informe Mundial de Human Rights Watch (HRW) que se ha dado a conocer este martes.

“Hemos apreciado un incremento de regímenes autoritarios que mantienen una fachada democrática, pero donde esa democracia es una ficción, donde se celebran elecciones, a veces limpias y otras no lo suficientemente transparentes en las que el partido que las ganas, al comprobar que temporalmente constituyen una mayoría tratan de perpetuarse en el poder, avasallando a la sociedad y a todos aquellos que no piensan como ellos e interviniendo rápidamente el poder judicial. En esta región hemos identificado ese comportamiento en Venezuela y es muy probable que Ecuador esté calificando para esa liga”, ha señalado este martes José Miguel Vivanco, el responsable para América Latina de Human Rights Watch, durante la presentación del informe sobre la región.

Vivanco se ha mostrado pesimista sobre la observancia de los derechos humanos en el continente y ha hecho especial hincapié a “la falta de definición en materia de seguridad” del Gobierno mexicano que preside Enrique Peña Nieto en referencia a los sucesos de Michoacán y al surgimiento de los grupos de autodenfensa, una situación que no aparece recogida en el informe de este año.

Impunidad por los delitos de lesa humanidad

Los escasos avances en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad por abusos cometidos en el pasado, lejano o reciente, de los Gobiernos de América Latina es casi una constante en el informe que HRW ha elaborado para América Latina. Salvo las excepciones de Argentina, Chile o Ecuador donde la organización reconoce progresos a la hora de juzgar las violaciones cometidas durante sus respectivas dictaduras, la institución es muy crítica en los casos de Guatemala, debido sobre todo a la anulación de la condena al ex jefe del Estado Efraín Ríos Mont, Honduras, se critican los escasos “juzgamientos por el uso excesivo de la fuerza y los asesinatos”, tras el golpe de Estado de 2009, o Perú, donde se denuncia “las extensas demoras de la investigación judicial” y una cierta negligencia a la hora de destinar “suficiente personal y recursos”.

En el caso de México, HRW hace constar los escasos esfuerzos por parte del nuevo Gobierno de Enrique Peña Nieto para investigar, perseguir y juzgar los casos de asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por militares y las fuerzas de seguridad durante la guerra contra el narcotráfico del sexenio de Felipe Calderón. “El Gobierno de Peña Nieta ha demostrado a lo largo de este año que el tema de los derechos humanos no es prioritario”, ha sostenido Vivanco. El informe denuncia el peligro de impunidad para los abusos militares que se puede derivar del hecho de que este tipo de delitos “sean juzgados por el sistema de justicia militar que carece de independencia y transparencia”.

En este sentido, el informe es muy crítico en el caso de Colombia, donde se denuncia el rechazo del Gobierno a reconocer en los tribunales internacionales, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la participación de las fuerzas militares en el caso de los falsos positivos. HRW alerta sobre el peligro que entraña el Marco Jurídico para la Paz, aprobado en 2012, y que prevé de un sistema de justicia transicional para favorecer el proceso de paz con las FARC. La organización alerta de que esta medida “abre la puerta a la impunidad generalizada por atrocidades cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares en el caso de que se alcance un acuerdo con las FARC”, de acuerdo con el documento. “El precio por la paz no puede ser la impunidad total, no estamos en los 80”, ha advertido Vivanco. “Eso supondrñia un retroceso para Colombia”. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha defendido el mecanismo de justicia transicional en foros internacionales como Naciones Unidas o la OEA.

Proceso de paz

Sin abandonar el marco de violencia generado por el conflicto armado en Colombia y sus consecuencias, el informe llama la atención sobre los abusos contra civiles cometidos durante el proceso de paz por parte de las FARC y del ELN, sobre la presencia de organizaciones de paramilitares que siguen activas y, en concreto, muestra su preocupación por los problemas en la aplicación de la Ley de Víctimas, denunciando las amenazas y violencias que sufren numerosos desplazados que han iniciado el proceso de reclamación de tierras.

Amenaza a la libertad de expresión

HRW alerta en su informe del peligro que para la libertad de expresión en Ecuador supone la nueva Ley de Medios aprobada por su Asamblea Nacional en junio de 2013. “Contiene disposiciones imprecisas que posibilitan procesos penales arbitrarios y actos de censura”, señala el informe en el que se incluye la preocupación por que los periodistas acusados de “linchamiento mediático” puedan ser obligados a “emitir una disculpa pública y ser juzgados penalmente por otros delitos”. El documento establece los casos concretos de unos tuits críticos con el Gobierno que preside Rafael Correa, publicados por el Universo, o la reciente condena al asambleísta opositor Cléver Jiménez y a su asesor Fernando Villavicencio, por haber injuriado al presidente.

En esta misma línea, la organización muestra su preocupación por la ley de Control de Medios aprobada por el Congreso argentino en 2009 para ampliar la pluralidad de los medios. HRW advierte de que “la autoridad federal a cargo de implementar la ley aún debe asegurar que exista un amplio espectro de perspectivas en la programación de medios gestionados por el Estado” y cita la oposición del mayor grupo de telecomunicaciones del país, Clarín, que ha perdido la batalla sobre la constitucionalidad de la norma. El informe crítica, las agresiones contra los medios críticos que se realizan desde el poder en los casos concretos de Argentina, Bolivia, Ecuador o Venezuela.

Concentración de poder en Venezuela

Como viene siendo habitual en los últimos años, el informe de HRW denuncia el deterioro institucional en Venezuela y la progresiva acumulación del poder ejecutivo durante el actual gobierno de Nicolás Maduro. HRW, esta vez, pone de manifiesto la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad tras las elecciones presidenciales de abril de 2013. “El presidente Maduro y otros altos funcionarios han recurrido a la amenaza de llevar adelante investigaciones penales como herramienta política y han señalado a Henrique Capriles como el responsable de todos los actos de violencia ocurridos durante las manifestaciones”, señala la organización

Cargas contra manifestantes

El informe advierte de los abusos policiales cometidos por Chile y Perú durante las ocupaciones y protestas estudiantiles y de la minería respectivamente. En el caso chileno, HRW critica la ausencia de una ley que regule las protestas públicas y destaca el fracaso en el Senado de una norma que pretendía abordar el asunto a costa de cercenar el derecho a la libertad de expresión y de manifestación. En cuanto a Perú, la organización destaca las muertes de civiles -27- en enfrentamientos con la policía durante las marchas contra los proyectos de minería del Gobierno de Ollanta HUmala o del sector privado. HRW también advierte sobre las acusaciones penales desproporcionadas a las que se enfrentan los manifestantes en Ecuador.

Cuba: Continúa la represión

Aunque HRW reconoce los avances que han supuesto las reformas migratorias a la hora de facilitar la libertad de movimiento y de expresión de la disidencia y la reducción de las penas prolongadas de cárcel a los presos políticos, la organización sigue siendo muy crítica con las detenciones arbitrarias y las encarcelaciones breves, que el régimen de la isla utiliza “a modo preventivo para evitar que las personas participen en eventos que se consideren contrarios al Gobierno” y la represión a disidentes como las Damas de Blanco, 30 de cuyas integrantes fueron detenidas y golpeadas en agosto de 2013 por asistir a una misa.

El informe denuncia la ausencia de libertad de expresión en Cuba y las condiciones en los centros de detención en los que todavía se encuentran “decenas de presos políticos”.

Argentina: Preocupación por la independencia judicial

Además de los asuntos relacionados con la libertad de prensa, HRW destaca en su informe cómo la nueva legislación aprobada en abril de 2013 por el Gobierno de Fernández supone una “grave limitación de la independencia judicial” en Argentina. Aunque el informe reconoce que la Corte Suprema anuló algunas de las disposiciones, alerta de las restricciones para solicitar medidas cautelares que contempla la disposición.

HRW también muestra su preocupación por el Memorándum de Entendimiento firmado por Argentina e Irán para revisar las pruebas que vinculaban a ciudadanos iraníes con el atentado de 1994 a la Asociación Mutual Argentina (AMIA) de Buenos Aires en el que 85 personas perdieron la vida y más de 300 resultaron heridas. El informe también advierte sobre los obstáculos de las mujeres argentinas para acceder a métodos anticonceptivos y recuerda que, salvo pocas excepciones, el aborto es ilegal. Estas condiciones determinan que “a menudo mujeres y jóvenes deban afrontar embarazos no deseados o con riesgo para su salud”.

Venezuela: La violencia poselectoral

Además de la alerta, reiterada en los últimos informes, sobre la acumulación del poder ejecutivo y el deterioro de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, en esta ocasión, el informe de HRW pone el acento en la falta de transparencia y en la violencia poselectoral contra los opositores ejercida por la Administración venezolana tras las elecciones presidenciales de abril de 2013. “Miembros de las fuerzas de seguridad golpearon y detuvieron arbitrariamente a partidarios del candidato opositor Henrique Capriles […] Algunas de las personas detenidas señalaron que se les preguntó: ‘¿Quién es tu presidente?’ y que recibían golpizas si no respondían ‘Nicolás Maduro”, denuncia la organización. El documento afirma que ningún fiscal ha investigado ninguna demanda creíble sobre esos abusos.

HRW continúa denunciando los abusos del Ejecutivo venezolano en materia de libertad de expresión y contra la independencia judicial. “El Gobierno de Chávez ha ampliado y ejercido de forma abusiva su potestad de regular los medios de comunicación durante la última década […] y ha adoptado medidas enérgicas para reducir la disponibilidad de medios de comunicación que ofrecen una programación crítica con el Gobierno”.

La excusa de la seguridad nacional en EE UU

HRW lamenta que en 2013 EE UU no haya conseguido “revertir los resultados decepcionantes en aspectos de seguridad nacional”. El informe es incisivo a la hora de recordar las promesas incumplidas del presidente Barack Obama, en concreto, el cierre de Guantánamo o una mayor transparencia y reducción en el uso de los programas de ataques con drones, dos aspectos en los que el presidente estadounidense requiere de una complicidad por parte del Congreso que no está dispuesto a ofrecer. “Es difícil encontrar un ejercicio más palmario de lo que representa el abuso en el ejercicio del poder que Guantánamo”, ha señalado Vivanco que sostiene que el Gobierno de EE UU debería demostrar que “el asunto del centro del reclusión en Cuba es prioritario”.

En el caso de las batidas con aviones no tripulados, la organización lamenta que la Administración no haya asumido de manera general la responsabilidad pública por las muertes de civiles que se producen en esas batidas.

La violación del derecho a la intimidad de los ciudadanos estadounidenses y extranjeros en la que han incurrido los programas de espionaje de la NSA, desvelados por Edward Snowden, también es abordada por HRW. “La vigilancia masiva del gobierno de EE UU ha eliminado en gran medida el derecho a la privacidad en una época donde la población prácticamente depende de la comunicación electrónica. El documento lamenta que “las personas no estadounidenses no tengan un interés reconocido a la privacidad”. En el informe no se recoge la reforma de las prácticas de inteligencia que Obama anunció el viernes pasado, si bien Vivanco ha dado la bienvenida a los mayores controles sobre el uso de los metadatos pese a lamentar que no se hayan adoptado las mismas restricciones en materia de su recopilación o que no se contemplen procesos judiciales a los que puedan recurrir los ciudadanos extranjeros sometidos a las prácticas de espionaje de EE UU.

El responsable de la organización también ha denunciado la persecución penal por parte de la justicia estadounidense de Snowden para quien ha reclamado “la protección que merece quien ha desvelado delitos y abusos, pese a infringir su deber de silencio” por haberlo hecho “en aras de un interés público superior”.

Colombia: La sombra del conflicto y su resolución

HRW advierte en su informe sobre Colombia de cómo, pese a encontrarse en pleno proceso de negociaciones para poner fin al conflicto con las FARC, esta guerrilla, y el ELN, han seguido cometiendo grandes abusos contra la población civil, entre los que se cita el uso de minas antipersonas. La organización extiende la alarma a la presencia de grupos de paramilitares. El informe alerta sobre el riesgo que puede suponer la aplicación de la justicia transicional y de la situación en la que se encuentras los más de cinco millones de desplazados como consecuencia del conflicto. “Las decisiones del Gobierno para garantizar el proceso de paz tienden a incrementar la impunidad y reducir la rendición de cuentas”, sostiene Vivanco.

En este sentido, critica las deficiencias en la aplicación de la Ley de Víctimas, que contempla la restitución de tierras, y las amenazas que sufren aquéllos que quieren reclamarlas.”Lamentablemente no ha ofrecido los resultados esperados porque las condiciones de inseguridad en las zonas rurales colombianas siguen siendo extremadamente delicadas”, ha constatado Vivanco.

El responsable de la organización ha denunciado la falta de atención por parte del procurador general a la investigación de la colaboración de miembros del Congreso y del Gobierno del anterior presidente Álvaro Uribe, con grupos de paramiliatres. “Por contra, la atención del procurador ha estado en la gestión de la recolección de basuras del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, un asunto que no llega a la gravedad de los nexos con los paramilitares”, ha señalado Vivanco quien considera que la destitución de Petro vulnera la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Ecuador: Ampliación de las restricciones

HRW pone gran detalle en la denuncia de la Ley de Comunicación que la Asamblea General de Ecuador aprobó en junio de 2013 que, “con disposiciones poco precisas, regula los medios audiovisuales y escritos de modo que cercena la libertad de prensa”. La organización alerta de cómo la norma “abre la puerta a la censura, en tanto otorga al Gobierno o los jueces la potestad de decidir si la información es veraz”.

El informe también critica la amenaza que se cierne contra los manifestantes en Ecuador debido a las disposiciones tan laxas sobre sabotaje y terrorismo que “en numerosas ocasiones han sido aplicadas indebidamente por fiscales contra quienes participan en actos públicos de protesta”. HRW ilustra esta situación con el caso de los 10 de Luluncoto, unos jóvenes condenados a un año de prisión por este tipo de delitos por organizar un acto de protesta pública.

Además de las denuncias sobre la cercenación de la independencia judicial, corroborada en diciembre de 2012 por observadores internacionales que concluyeron que existían anomalías en el proceso de designación judicial, el informe advierte sobre los supuestos tan restrictivos en los que una mujer puede abortar en Ecuador, “cuando su salud o vida estén en riesgo o el embarazo sea consecuencia de la violación de una mujer ‘idiota o demente’ y cómo la ley que va a modificar la interrupción del embarazo no avanza a la hora de garantizar abortos seguros debido a la amenaza de sanciones penales, y la existencia de centros privados de rehabilitación parea “curar la homosexualidad”

México: La sombra de la impunidad

Si bien se reconoce la voluntad que el presidente Enrique Peña Nieto demostró al llegar a la presidencia de México por hacer justicia con las víctimas de la guerra del narcotráfico desarrollada durante el sexenio de su predecesor, Felipe Calderón, HRW advierte de que la escasa efectividad de normas, como la Ley de Víctimas, o las comisiones, como la unidad dedicada a investigar desapariciones creada en el seno de la Procuraduría General de la República, creadas al respecto. El informe alerta de los “pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones y torturas perpetrados por soldados y policías en el marco de las acciones contra la delincuencia organizada” y denuncia cómo este tipo de violaciones ha continuado “durante la presidencia de Peña Nieto”. Parte de esta inactividad, de acuerdo con la organización, se debe al hecho de que sean los tribunales militares -“que carecen de independencia y transparencia”- quienes se encargan de juzgar a los responsables de esos delitos.

HRW denuncia cómo en México todavía es “común se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo coacción” y advierte de los abusos que por parte de la delincuencia organizada sufren los cientos de miles de inmigrantes indocumentados que cruzan el territorio del país norteamericano cada año. “Las autoridades no han adoptado medidas adecuadas para proteger a los migrantes, ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos”, denuncia HRW, que asegura que los centros de acogida de inmigrantes suelen ser objeto de “amenazas y hostigamiento” por parte de grupos delictivos y funcionarios.

En materia de libertad de expresión, HRW denuncia la autocensura que se ven obligados a aplicar los periodistas en México ante los ataques de funcionarios o de grupos vinculados a la delincuencia.