Mal crónico, imposible separar el partido del Estado

La Paz, 14 feb (EFE).- La imposibilidad de separar los partidos políticos del Estado es un problema que aqueja a Bolivia desde su fundación y que se intensifica en un año en el que el presidente Evo Morales buscará su tercer mandato en los comicios generales de octubre próximo, aseguran analistas políticos.

El uso de recursos públicos con fines privados “es un viejo problema en la cultura política boliviana”, practicado por partidos y funcionarios “desde el nacimiento de la república”, dijo a Efe el politólogo Jorge Lazarte, exmagistrado de la antigua Corte Nacional Electoral, hoy Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“La imposibilidad de diferenciar la esfera pública de la privada, el Estado de los intereses particulares de los partidos políticos, este lastre sigue pesando en la estructura mental nacional”, afirmó.

Y ese problema, agregó, se reproduce ahora “en mayores magnitudes con el actual Gobierno”, que repite “este vicio que tiene que ver con el ADN histórico del país”.

El tema ha cobrado fuerza con la prematura campaña electoral iniciada a fines de 2013 por fuerzas opositoras minoritarias y sobre todo por el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).

La polémica surgió por las proclamaciones de Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera como candidatos en actos oficiales del Gobierno que suelen ser transmitidos en vivo por los medios estatales.

Las autoridades han alegado desconocimiento y sorpresa ante lo que llaman “manifestaciones espontáneas” de los seguidores de Morales y niegan usar los recursos del Estado con fines electoralistas.

El propio Morales afirmó esta semana que su partido “jamás” utilizó dinero público para movilizar a sus militantes y recordó que en su gestión se eliminó la financiación estatal a los partidos.

Lazarte indicó que la financiación estatal en el mundo nació para democratizar el manejo de recursos entre las fuerzas políticas, pero además “por razones morales, para impedir que los partidos acudan a fuentes de financiamiento dudosas”.

Agregó que esta iniciativa obligaba a los partidos a no comprometer “decisiones futuras a cambio de financiamientos privados presentes”, todo esto vigilado por normas e instituciones con capacidad para sancionar a quienes se mostraran renuentes a “transparentar” el manejo de estos recursos.

Para el experto, el Gobierno actual “compensa” esa ausencia de la financiación estatal “con el uso directo de los recursos públicos”.

“Por ejemplo, los desplazamientos del presidente, que ya es candidato y que aparece como candidato haciendo uso de los vehículos que no son del MAS, sino del Estado, que le sirven para desplazarse y presentarse en muchas de las proclamaciones públicas”, mencionó.

El analista político Carlos Cordero indicó a Efe que la fusión entre partido y Estado “es propia de los regímenes totalitarios” porque “no existe la competencia, la pluralidad de los partidos, existe un solo partido”.

Según Cordero, en América Latina ha habido intentos de “construir la hegemonía de un partido”, pero dentro de sistemas de carácter autoritarios que, si bien pueden tener procedimientos democráticos, tienden a garantizar “el control” de una sola fuerza política.

En Bolivia, esto ya ocurrió entre 1952 y 1964, durante la “revolución” del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), liderado por Víctor Paz Estenssoro.

A juicio de Cordero, actualmente el país se encuentra “en una especie de tránsito” y “a mitad de camino” entre la democracia y el autoritarismo.

“Es un sistema plural, pero existe una serie de mecanismos y reglas que permitirían al MAS reproducir el poder con cierta comodidad y tener la hegemonía del poder político”, dijo.

Citó como ejemplo que la Constitución promulgada por Morales en 2009 señala que ganará la Presidencia aquella postulación que logre el 50 % más uno de los votos o el 40 % “con una diferencia de al menos 10 %” en relación con su inmediato perseguidor.

Morales ganó los comicios de 2005 con el 54 % de la votación, frente al 28,5 % del expresidente Jorge Quiroga; mientras que en 2009, el mandatario fue reelegido con 64 % y en segundo lugar quedó el exgobernador de Cochabamba Manfred Reyes Villa con 26 %.

Los expertos consultados por Efe cuestionaron la actuación del TSE, que hasta el momento no ha sancionado ni al oficialismo ni a la oposición por adelantar la campaña pese a la prohibición de hacerla antes de los comicios sean convocados oficialmente.

Cordero sostuvo que en este caso, el juez sería “parte del Estado”, pues el presidente puede nombrar delegados directos en el TSE y el resto de sus integrantes son elegidos por el Legislativo, con mayoría oficialista.

Lazarte señaló que Bolivia cuenta con reglas suficientes para trazar la línea divisoria entre Estado y partidos, pero que “el problema es su cumplimiento” pues los partidos las incumplen y el TSE no las aplica.