La nueva zaga de la justicia

El caos en la administración de justicia tiene muchos orígenes. La corrupción es uno de ellos. De ahí que con probabilidad, el descontrol del sistema de justicia del que la ciudadanía se queja a diario, va de la mano de la burbuja de bonanza que tiene enceguecidos a muchos. Gasto descomunal, desenfrenado consumo, avidez por el dinero fácil, pérdida de valores, entre otros, son síntomas que nos están llevando a instancias donde ya nada parece sorprendernos. Sospechas de fiscales involucrados en temas de extorsión, de jueces prevaricadores o de fallos amañados por intereses políticos, son parte ya de lo cotidiano. Se dice también que la retardación es otro de los factores que contribuye para el clima actual. Eso es cierto a medias. Es evidente que el acceso a la justicia pronta y oportuna  es un derecho reconocido. Más evidente que el Estado debe ser el que promueva y garantice su ejercicio y cumplimiento. La realidad, en cambio, nos enseña que las cosas no son así. La retardación está tan enraizada en nuestro sistema judicial, que cuando un juez emite una resolución de manera expedita, todos se sorprenden e incluso sospechan de algún acto ilícito por la rapidez  con la que actuó, cuando más bien el pronto despacho debería ser la norma y no la excepción. Para salvedad de los juzgadores, hoy por hoy,  las  condiciones en las que ejercen su trabajo dista mucho de ser cuando menos óptima. La excesiva carga procesal no está acompañada de apoyo logístico que permita facilitar la resolución de las causas. Es hasta inhumano pensar que un juez de la República, con el apoyo de un secretario o actuario, puede ser capaz de atender su despacho de manera eficiente en todos los procesos. Aun así, ese factor no es determinante para justificar la crisis que agobia a la justicia. Peor aún, creer que incorporando ponchos y polleras la cosa iba a cambiar. La óptica que hay que manejar no puede tener un enfoque ni  de género y menos de pertenencia cultural o racial. No es correcto pensar de esa manera. Los operadores de justicia, que bien pueden ser gentes de pollera, poncho y abarcas, o terno y corbata, por encima de cualquier estilo de vestir u origen,  ¡deben ser  probos y académicamente bien formados!.

Subrayo ello, porque recientemente el presidente Morales afirmó  que la retardación judicial y la corrupción son el “cáncer” de la justicia boliviana, y que poner “poncho y pollera” no cambió nada.

Concretamente dijo: “yo quiero decir la verdad, aunque algunos se molesten. Creo que en vano incorporamos poncho y pollera en la justicia, no cambia nada, ésa es mi pequeña evaluación. Debemos reconocer que todavía tenemos problemas en algunas estructuras del Estado Plurinacional y uno de ellos es en la justicia boliviana (…). Yo llegué a la conclusión de que la retardación y la corrupción son el cáncer dentro de la justicia. ¿Cómo cambiar eso? Yo siento que no depende de infraestructuras, depende de la mentalidad del operador de justicia”, concluyó. En todo caso, el tema va más allá. Si queremos una inmejorable administración de justicia,  debemos partir por lograr que ésta no sea intervenida políticamente. A continuación, debemos trabajar –con recursos económicos  por delante — en la búsqueda de los mejores hombres y mujeres, para que bien remunerados, se dediquen exclusivamente a honrarla con fallos apegados a derecho y basados estrictamente en la ley. Por último, debemos garantizar que el proceso de dignificación y cualificación académica sean la punta de lanza que aúne esfuerzos de todos los actores sociales a fin que se  mire la justicia integralmente, y no desde un punto de vista partidario.