Comisión internacional puede investigar casos terrorismo, extorsión y corrupción

Colegio de Abogados asegura que esta figura está presente; experta en diplomacia aclara que primero se deben agotar procedimientos internos.

Ante la inseguridad y confianza nula que se tiene actualmente en la justicia boliviana, la oposición pidió que instancias internacionales intervengan en casos polémicos como los de extorsión, corrupción y terrorismo; en tanto, el Gobierno niega esa posibilidad. Para el Colegio de Abogados esa figura es factible convocando a las Naciones Unidas o la Comisión Internacional de Derecho Penal, aunque para ello se deben agotar todos los procedimientos internos, según explica experta en Derecho Internacional.

“En caso de que alguna persona afectada, que se crea inocente y esté involucrada indebidamente en este proceso puede acudir a los organismos internacionales como las Naciones Unidas o la Comisión Internacional de Derecho Penal que funciona en Ginebra Suiza”, afirmó el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez Sanjinez.

La causa principal de esta polémica es la crisis por la que atraviesa todo el sistema judicial, hecho que fue reconocido por varias autoridades hasta el mismo presidente Evo Morales, quien admitió que a pesar de los cambios en su gestión, la justicia no está en su mejor momento.

Sin embargo, existe la posibilidad de que un ente internacional inicie un proceso de investigación y aclare si hubo o no un grupo organizado entre bolivianos y extranjeros con la intención de “dividir” Santa Cruz de Bolivia y cometer “magnicidio”, como citan las autoridades, aunque procesalmente sólo se instauró el caso por presunto separatismo y alzamiento armado.

“Si nosotros no podemos llevar adelante el caso, claro que sí. Ahora, la Cancillería puede realizar los mecanismos adecuados para constituirse en parte si se presenta el caso de que se pueda levantar el proceso a nivel internacional”, sostuvo Jiménez a EL DIARIO.

Sobre el tema, la experta en Derecho Internacional, Diana Borelli, afirmó que antes de pensar en recurrir a organismos internacionales, la justicia boliviana tiene que agotar absolutamente todos los recursos internos y tratar de solucionar y aclarar este u otro caso.

“Tienen que agotarse todas las instancias correspondientes, tiene que surgir una sentencia interna y ahí recién podrán apelar o acudir a instancias internacionales”, afirmó Borelli a EL DIARIO y agregó que una actitud contraria sería considerada como una injerencia que está prohibida dentro el Derecho Internacional.

“En este momento no puede haber injerencia de ningún organismo internacional porque uno de los principios del Derecho Internacional establece que ningún Estado puede intervenir en los problemas internos de otro Estado. Mal que bien tenemos las autoridades y las instancias pertinentes para llevar adelante y culminar este proceso”, agregó.

CONTROVERSIA

El expresidente de Bolivia Jorge Quiroga, el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y asambleístas opositores demandaron la urgencia de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) o una comisión del Parlamento Europeo investiguen el caso de terrorismo y separatismo, además de todos los procesos judiciales en los que el Órgano Ejecutivo tuvo “injerencia” o una “manipulación” directa.

El argumento para este pedido es que se habría cometido una acción extrajudicial cuando en abril de 2009 la Policía irrumpió en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz y abatió a tiros al croata-boliviano Eduardo Rózsa Flores y a sus compañeros Michael Dwyer (irlandés) y Arpad Magyarosi (rumano-húngaro) porque supuestamente estarían organizando un grupo armado para llevar a cabo una “guerra separatista” desde Santa Cruz y atentar contra el presidente Evo Morales, según versión del Gobierno.

Asimismo, en noviembre de 2013 el Parlamento Europeo pidió que Bolivia garantice un juicio “justo e independiente” a Mario Tadic y Elöd Tóásó. El Gobierno, indignado, rechazó ese pedido y afirmó que carece de bases y argumentos, además que el pedido “viola los principios de convivencia entre los estados”.

Al respecto, el vicepresidente Álvaro García dijo que esa figura no es posible bajo ninguna circunstancia porque este proceso o cualquier otro que lleva adelante la justicia boliviana es de jurisdicción interna.

“No señores, este es un tema de justicia boliviana y es la justicia boliviana que tiene que cumplir su trabajo y aun no la ha completado. Porque este es un tema de índole de la justicia nacional, este es un tema de jurisdicción nacional y tiene que ser resuelto por tribunales nacionales y no vamos aceptar que ningún país extranjero venga a decirnos lo que tenemos que hacer”, afirmó.

El caso “terrorismo y separatismo” fue cuestionado tras las denuncias contra el entonces fiscal asignado al caso, Marcelo Soza, quien habría extorsionado a los encausados para implicarlos en una lista de 150 personas. La nómina habría sido redactada por instancias del Gobierno apuntando a afectar a los grupos cívicos y políticos opositores al régimen de Evo Morales.