Caso terrorismo se encuentra rezagado tras 5 años del hecho

Una jueza ciudadana se declaró exhausta y otra admitió que tiene pariente en el Gobierno.

En el cierre de uno de los capítulos más trascendentes del juicio del caso terrorismo, el Tribunal Segundo de Sentencia declaró el miércoles pasado no probada la recusación de los jueces técnicos, planteada por uno de los acusados, y les instruyó continuar a la cabeza del proceso contra 39 personas. 
La acusación sostiene que los supuestamente involucrados lanzaron una campaña terrorista cuyo fin era derrotar y lograr la capitulación del Ejército  mediante la división del país. Este proceso acaba de cumplir cinco años. La decisión de los jueces Jaime Arteaga y Bernardo Soria desestimó dos documentos con los que la defensa había respaldado su demanda de recusación: La Carta al Pueblo de Bolivia que divulgó el exfiscal Marcelo Soza a tiempo de buscar refugio en Brasil  y la nota de un exabogado del Gobierno en la que se solicita al ministro de Gobierno pagar pasajes de jueces, fiscales y acusados hasta Tarija, ida y vuelta. Los jueces consideraron como inválida la carta del exfiscal Soza porque no estaba reconocida por el Consulado en Brasilia. No analizaron su contenido que, con una variedad de afirmaciones, denuncia que la justicia  es manipulada por el Gobierno. 
El planteamiento del caso con el que se mueven la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno  fue dirigido por Soza. En cuanto al pedido para el pago de pasajes, incluso para el tribunal a cargo del caso, los jueces notaron que el documento era sólo una solicitud y que no se había determinado si los pasajes fueron  pagados por el Gobierno. 
Se desconoce si se ordenó un informe que esclarezca quién, en ésa y otras ocasiones, corrió con los gastos del traslado de jueces y fiscales, para sus alojamientos y viáticos durante la gestión que se les ha asignado. Entendidos en trámites administrativos dicen que no debería ser complicado que la agencia de viajes que expidió los pasajes facilite el número de registro (NIC) de la oficina o la persona que los pagó. La defensa sostiene que el asunto ilustra la influencia de un poder sobre otro e infringe normas elementales de ética. 
Los jueces técnicos del tribunal deberán resolver la situación de las juezas ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, quienes, al aceptar la recusación, precipitaron la caída del jurado y el estancamiento del proceso durante mes y medio. La primera se declaró exhausta y con la salud quebrantada  y la segunda admitió que tiene un pariente  que trabaja en el Ministerio de Transparencia. 
La carta de Soza, a quien los defensores consideraban como su propio “testigo estrella”, denuncia que el Gobierno ha interferido en la justicia y que algunas de sus autoridades le pidieron “en muchas oportunidades que realice acciones investigativas que vulneraban derechos” a las que, asegura, siempre se opuso: “También me pedían que incluya en esa investigación a líderes cruceños sobre lo que no tenía ninguna prueba, y que esas autoridades que hoy callan, ayer me pedían que colaborara para sus fines políticos (…)”.