Tiquipaya Gold

Tiquipaya es un hermoso valle enclavado en el corazón de la provincia Cercado del Departamento de Cochabamba a escasos 15 minutos del centro de la ciudad. Allí, en medio del vergel de sus árboles en flor, grupos de loteadores que se dedican a adueñarse de la propiedad privada, se han dado a la tarea de sembrar pánico ingresando de forma violenta e ilegal a predios ajenos. Recientemente, han utilizado la fuerza para hacer prevalecer un supuesto derecho propietario sobre una parcela de 47 hectáreas que legítimamente le pertenece a la empresa CONSARQ S.A. que en 2009 se adjudicó 35 de esas 47 hectáreas a través de una venta “judicial perfecta”, como se denomina el concurso de subasta pública en el que compiten dos o más proponentes.

Y así como en este caso particular, otras cientos de miles de hectáreas están en peligro de ser invadidas y las tierras que están saneadas son un bocado muy apetecido para estos grupos de gente que actúa al margen de la ley.

La historia de los avasallamientos

Estas acciones arbitrarias de avasallamientos comenzaron a partir de junio de 2011, y en lugar de que las autoridades locales las eviten -porque se ejecutan por la fuerza y violentando en ordenamiento jurídico- han permitido que los invasores operen a su antojo al margen de la ley. Maquinaria pesada y tractores de propiedad del Municipio de Tiquipaya han sido utilizados en sus intervenciones.

Se trata de una historia tristemente conocida en Cochabamba que ha provocado enfrentamientos, destrozos y un clima de malestar que los vecinos desaprueban porque altera la paz social y la tranquilidad en la que viven. Además, porque este tipo de acciones arrojaron cuantiosas pérdidas económicas y daños a la propiedad pública y privada.

En septiembre de 2013 un grupo de revoltosos armados de piedras, palos, dinamitas y bombas molotov, invadieron por la fuerza 47 hectáreas propiedad de la empresa CONSARQ S.A. y sin medir el uso de sus acciones delincuenciales tomaron violentamente la represa que abastece de agua la región de Tiquipaya, sembrando confusión y poniendo en peligro la vida de sus habitantes; dejándolos desprotegidos a un accionar delictivo e ilegal.

Dat0s obtuvo información precisa sobre la titularidad de la propiedad de CONSARQ S.A. y verificó en las oficinas de Derechos Reales que 35 hectáreas de las 47 que le pertenecen, fueron compradas en una subasta pública en la que también participaron otros proponentes, donde el que ofrece más se adjudica la propiedad en litigio. Las restantes 12 hectáreas fueron compradas por la empresa a sus anteriores dueños de acuerdo al siguiente detalle:

Legítimo derecho propietario

1.     35 hectáreas fueron adquiridas por la empresa mediante una venta “judicial perfecta” efectuada dentro de un proceso ejecutivo radicado en el Juzgado 2do de Partido en lo Civil , cuyo derecho propietario se encuentra inscrito bajo la partida computarizada N°3093010004431.

2.     53.131, metros cuadrados adquiridos mediante la compra directa a la empresa Concordia, cuyo derecho propietario se encuentra inscrito bajo la partida computarizada N° 3093010004185.

3.     35.304 metros cuadrados adquiridos mediante compra directa a la empresa Avícola Vascal, cuyo derecho propietario se encuentra inscrito bajo la partida computarizada N° 3093010002140

4.     10.009 metros cuadrados adquiridos mediante compra directa a la empresa Asarti, cuyo derecho propietario se encuentra inscrito bajo la partida computarizada N° 3093010001631.

5.     11.463 metros cuadrados adquiridos mediante compra directa a Adriana Viscarra, cuyo derecho propietario se encuentra inscrito bajo la partida computarizada N° 3093010000938.

Las denuncias políticas

Si bien es cierto que nadie puede vivir en paz ante el peligro de que estas y otras tierras sean avasalladas por la fuerza, el candidato al Senado por Cochabamba, Arturo Murillo, ha denunciado en su carrera electoral sobre un supuesto favoritismo del Estado a la empresa CONSARQ S.A. por la adjudicación de esa propiedad. El candidato ha señalado que fue adquirida “de manera irregular por US $6.8 el metro cuadrado cuando el precio real de mercado es de US $100”.

Para contrarrestar esta ofensiva política en tiempos de campaña electoral, los ejecutivos de CONSARQ S.A. han aclarado que se adjudicaron las 35 hectáreas en una venta “judicial perfecta” de manera absolutamente legal y sin mediar ningún favoritismo. En la empresa aclaran que durante el proceso de subasta existían otros ofertantes que pujaron por la misma parcela por lo que se trata de un acto legal en su totalidad.

El candidato al Senado por Cochabamba también ha manifestado que la empresa CONSARQ S.A. pretende construir en estos terrenos un complejo urbanístico que “es resistido por la Alcaldía de Tiquipaya y por los movimientos sociales de la zona”. Dat0s constató en el lugar de los hechos que los vecinos no se oponen a la construcción de este u otros proyectos urbanísticos.

El alcalde de Tiquipaya Saúl Cruz, en una entrevista con dat0s señaló que Tiquipaya debe convertirse en un polo de desarrollo en Departamento de Cochabamba “atrayendo inversiones en infraestructura”. Consultado sobre las denuncias que lo sindican por oponerse a proyectos urbanísticos, negó tal extremo y manifestó que su gestión está empeñada en lograr un equilibrio entre la propiedad urbana y la agraria. Entretanto, los representantes de CONSARQ S.A. sostienen que “las denuncias del señor Murillo no tienen fundamento ni cuando afirma que existe favoritismo y peor cuando expresa que las organizaciones sociales y el propio alcalde se oponen al desarrollo de la zona”.

El alcalde Saúl Cruz, afirmó asimismo que está empeñado en  generar condiciones de empleo para sus habitantes. Según el último censo de población y vivienda, el Municipio de Tiquipaya tiene 35.000 habitantes y más del 70 por ciento de su población es joven y se encuentra en edad productiva.

Hay una tercera denuncia planteada por Arturo Murillo al calor de su carrera política. Ha manifestado que se pretende cambiar el concepto sobre el uso del suelo en el Municipio de Tiquipaya. Al respecto, los propios vecinos destacaron la construcción del Hotel Regina Resort donde se desarrollaron importantes compromisos internacionales y la edificación de la Universidad del Valle UNIVALLE que colindan con los terrenos de CONSARQ S.A. Ellos reclaman justicia y denuncian: “lo curioso es que los mismos dirigentes que reclaman el uso agrario del suelo son los que promueven estos avasallamientos”.

Aclarada la controversia legal y la posición del alcalde y los vecinos, los ejecutivos de CONSARQ S.A. demandaron la ejecución de proyectos de Responsabilidad Social Empresarial a partir de la aprobación de la Ordenanza Municipal 211 de septiembre de 2009, que permite desarrollar planes urbanísticos de primer nivel, generación de empleo y mejores condiciones de vida, además de recursos tributarios que beneficiarán a la población.

Los testigos de las acciones violentas en 2013

Según relatan varios testigos con los que conversó dat0s, la violencia desatada en septiembre de 2013, que degeneró en la invasión de la propiedad de CONSARQ S.A., fueron la culminación de otras acciones que se iniciaron en el año 2011 con la finalidad de desalojar a la empresa de Tiquipaya. El concejal municipal Saúl Torrico  del Movimiento Sin Miedo (MSM) asegura que las manifestaciones de septiembre del año pasado, fueron promovidos por “grupos organizados” con el pretexto de que esa propiedad no cumpliría su función económica y social.

Empero, ese argumento ha sido rechazado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que en una inspección de octubre de 2012 certificó que “los terrenos de CONSARQ S.A. se encuentran en su gran mayoría cultivados”.