Magistradas anuncian juicio internacional al Estado

Las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Zoraida Chánez y Ligia Velásquez, quienes son procesadas por el Legislativo, analizan instaurar una demanda internacional en contra del Estado y pedir una indemnización de 10 millones de dólares por la violación de sus derechos y garantías constitucionales.

El abogado de la magistrada Chánez, Eduardo León, dijo que los intentos para frenar un proceso penal en contra de su cliente y otras autoridades del TCP dentro el país se agotaron por lo que se acudirá a instancias internacionales para hacer conocer las vulneraciones de los derechos.

“La indemnización que vamos a demandar va a superar los 10 millones de dólares en contra del Estado boliviano porque es un abuso. Y que se ha ido advirtiendo permanentemente de que no puede actuar el Senado nacional como juez penal”, manifestó el jurista.

León explicó que la suspensión y enjuiciamiento de las magistradas son de conocimiento de los diferentes organismos internacionales por lo que la demanda en contra del Estado sería por el posible hecho de “acción de repetición” y obtener una indemnización.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, afirmó que la Asamblea Legislativa “por esencia” no debería tratar un juicio de responsabilidades porque debería estar enmarcada a tribunales muy específicos.  Para el 4 de noviembre el Senado nacional fijó fecha para iniciar el juicio en contra las magistradas del TCP, Ligia Velásquez y Soraida Chánez, quienes son acusadas por el delito de incumplimiento de deberes al paralizar la aplicación de la Ley del Notariado.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), con sede en Ginebra (Suiza), envió hace dos semanas una carta a todos los senadores y diputados pidiendo la anulación del juicio a las magistradas porque no garantizaba la imparcialidad del mismo y atentaba, además, contra los derechos humanos de las procesadas.

La cámara de diputados también imputó al magistrado del TCP, Gualberto Cusi.