Colombia da un giro en lucha contra las drogas

Con el guiño del presidente Juan Manuel Santos, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), un órgano que integran ministros y otros funcionarios del Estado, ha suspendido este jueves, tras cuatro horas de discusión, el uso del glifosato para fumigar los cultivos de coca en Colombia. La decisión supone un nuevo enfoque a la lucha contra las drogas. La votación ha quedado siete contra uno. El único que se opuso fue el procurador general, Alejandro Ordóñez.

La determinación, según lo ha explicado el ministro de Justicia, Yesid Reyes, se hará efectiva cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) “revoque o suspenda” el plan de manejo ambiental que permite en la actualidad la aspersión con este herbicida. También se creará un comité técnico que en un mes deberá hacer las recomendaciones necesarias para “ajustar la política contra las drogas a la realidad que implica la suspensión”.

La decisión estaba anunciada. El sábado pasado, Santos hizo pública su intención de acabar con las fumigaciones con glifosato y les pidió a los ministros de su gabinete que forman parte de la CNE, que así lo decidieran en la reunión de este jueves. También habló de un periodo de transición para reemplazar las aspersiones con el herbicida por otros mecanismos, como la erradicación manual, para seguir combatiendo la producción, que es solo un eslabón de la cadena del narcotráfico. La lucha incluirá intensificar la destrucción de laboratorios y de cargamentos.

Mantener la aspersión se hacía insostenible desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicara un informe el pasado mes de abril en el que se afirmaba que el glifosato puede causar cáncer en humanos. Este herbicida ha sido utilizado a lo largo de 14 años en Colombia para asperjar 1.800.000 hectáreas cultivadas con coca, lo que se constituyó la principal estrategia, auspiciada por Estados Unidos a través del Plan Colombia, para combatir los cultivos ilícitos en el país.

Desde el año pasado, el constitucional colombiano había ordenado a los ministerios de Salud y Ambiente suspender las fumigaciones con glifosato si se demostraba que representaba un riesgo para la salud. No son pocas las denuncias de pobladores expuestos a este herbicida, que lo relacionan con problemas en la piel y abortos no deseados.

Por eso, poco después del informe de la OMS, el Ministerio de Salud colombiano recomendó que se suspendieran de inmediato las fumigaciones con el herbicida. Al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se sumaron el ministro de Justicia, Yesid Reyes, el fiscal general, Eduardo Montealegre y finalmente Santos. Solo faltaba que el Consejo Nacional de Estupefacientes, encargado de tomar la decisión, se pronunciara.

No valieron las afirmaciones de funcionarios de Estados Unidos como el de Kevin Whitaker, embajador de ese país en Colombia, quien en una columna publicada en el diario El Tiempo, defendió la fumigación aérea afirmando que es gracias a esta estrategia que se ha logrado reducir los cultivos de coca. “Es el medio más eficaz y seguro para eliminar la coca”, escribió. Y con relación al glifosato dijo que está probado que es seguro y afirmar lo contrario es estar “mal informado”. Sin embargo, también dijo que su país sería respetuoso de la decisión que tomara Colombia.

Algunos sectores opositores al Gobierno, incluido el procurador Ordóñez, se habían declarado contrarios a la decisión que finalmente anunció la CNE. Ordóñez vaticinó que sin aspersión aérea dentro de unos meses el país estaría “nadando en coca”. Por su parte, el Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe, aseguró que en los últimos meses se ha ido reduciendo la lucha contra el narcotráfico.

Pero contrario a lo que piensa Whitaker y los opositores, la Comisión Asesora en Política de Drogas, un grupo de expertos que Santos creó hace dos años, afirmó en un informe divulgado el miércoles que la estrategia de la aspersión aérea de cultivos ilícitos es poco efectiva. “Para eliminar una hectárea de coca mediante la aspersión aérea se necesitaría fumigar cerca de 30 hectáreas”, dice el informe, lo que equivale a invertir 72.000 dólares por hectárea. “Desde el punto de vista costo-efectividad, esta política resulta muy ineficiente, pues el valor de la hoja de coca sembrada en una hectárea es de 400 dólares, y el valor de la cocaína que de allí se puede extraer de cerca de 3.600”.

La suspensión de la fumigación con glifosato también fue respaldada por 19 congresistas estadounidenses del partido demócrata, quienes en una carta pública le hicieron saber a Santos que debe actuar rápidamente para implementar esta decisión. “Y deje en tierra todos los aviones usados para la fumigación”.

La decisión se produce a pesar de que el ministerio de Defensa había advertido que los cultivos de coca crecieron en el último año entre el 15% y el 20%, basado en cifras de Naciones Unidas. Para la Casa Blanca, la cifra llega al 39%. El reto ahora es contener el crecimiento de esos cultivos sin el glifosato, que ya estaba prohibido en parques naturales y en una parte de la frontera con Ecuador.