Secuencia de una crisis anunciada

Para un presidente acostumbrado a ejercer control en todos los sectores de la actividad pública, resulta incomprensible admitir que un “delincuente confeso”, se escape en las narices de seis policías que resguardaban su seguridad. Horas después de la fuga del empresario peruano Martín Belaunde Lossio, que según el presidente fue posible con la ayuda de ciertos mandos policiales, se destaparía una crisis de magnitudes inimaginables en el seno de su administración. Una crisis que tocó en principio a la Policía Nacional y derivaría de forma directa en la administración de justicia por su incapacidad de defender a la sociedad contra el delito.

Tratando de conjurar el efecto de esta bomba expansiva, el presidente Morales tomó algunas decisiones que podrían entenderse como una primera reacción para combatir la enraizada descomposición que atraviesa la institución policial y para frenar la corrupción endémica en el Ministerio Público. En pocas horas el jefe del Estado Plurinacional tomó varias decisiones personales. Hizo rodar las cabezas de los responsables de la seguridad del Estado -el ministro Moldiz y el comandante Aracena- instruyó a Carlos Romero hacerse nuevamente cargo de la carteta de Gobierno y, con el trofeo en sus manos, entregó en persona al empresario peruano que se había escapado de su custodia poniendo en ridículo a su Gobierno en el plano internacional.  Juristas con los que conversó dat0s han manifestado, sin embargo, que si bien la reacción presidencial resultó eficiente, no resuelve la crisis integral que atraviesan las instituciones consagradas para velar por la seguridad e impartir justicia.

Martín Belaunde Lossio llegó a Bolivia el 1ro de diciembre de 2014 en busca de refugio político, escapando de la justicia de su país que lo perseguía por su participación en varios negocios ilícitos. El jefe de las campañas del presidente Ollanta Humala durante 2006 y 2010, había conformado una compañía fantasma desde donde chuponeaba a los adversarios políticos del Gobierno peruano para favorecerse con millonarios contratos. Una lista larga de irregularidades en las que aparentemente también estaría comprometida Nadine Heredia, esposa de Ollanta y primera dama peruana. (Ver recuadro).

Desde su arribo al país, que solo se explica por la presencia de una prima suya que radica en La Paz, la justicia boliviana dio señales de una franca venalidad otorgándole refugio primero y quitándole después en una secuencia de fallos amañados en los que habría corrido dinero. Esta por demás claro que al Gobierno peruano no le interesaba en absoluto la expulsión de Belaunde Lossio, porque era dueño de varios secretos de la pareja presidencial peruana. De ahí se explica que no hubiera hecho nada para pedir la expulsión del detenido; desde el último falló que le negaba definitivamente refugio 15 días antes de su fuga.

De acuerdo a la investigación del caso a cargo del Ministerio Público, se conoce que habría circulado al menos un millón de dólares que un bufete de abogados penalistas de moda en La Paz dispusó para atender el caso. Desde un principio, las autoridades encargadas en brindar protección al prófugo de la justicia peruana tomaron el caso como uno más sin prestar verdadera atención de sus consecuencias. El exministro Hugo Moldiz apareció varias veces en entrevistas con medios peruanos pero incluso sabiendo de la importancia que revestía el caso, no tomó medidas de seguridad adecuadas para garantizar la integridad del detenido. Instruyó que seis policías de bajo rango custodien la casa donde guardaba arresto domiciliario y en la lista de partes que a diario le llegaban a su despacho, no advirtió ninguna perturbación.

Sus custodios estaban familiarizados con la rutina. Al cabo del segundo mes sin información precisa sobre la verdadera dimensión y el peso del detenido, optaron por compartir amigablemente con los dueños de la vivienda; además, un lugar público porque en su calidad de guías espirituales los huéspedes de Belaunde recibían a diario una decena de clientes buscando amarres, consejos espirituales y cartas astrales. Ese hecho paso simplemente desapercibido por sus custodios que se esforzaban por llenar sin sentido el cuaderno de partes que a diario entregaban a sus superiores.

Es a esos niveles a los que aludió el presidente el día del relevo de su ministro de Gobierno y su comandante policial. Sin maquillajes ni anestesia dejó entender que Belaunde había  escapado por algo a cambio. Mirando fijamente a los ojos del nuevo jefe de la Policía Nacional le advirtió que era su obligación detenerlo. 48 horas después de esa advertencia MBL fue encontrado debajo de la cama de una precaria vivienda en la localidad de Magdalena, en el departamento del Beni. Facilitó en la tarea de captura la pésima planificación del operativo de fuga. Quiénes ayudaron en el escape no advirtieron que hacer uso de un celular constituía un riesgo inminente; tampoco observaron que intercambiar información y permanecer largas horas en un pueblo chico era sumamente riesgoso.

La crisis en la policía y en la justicia

De no haber mediado la inconsistencia del operativo de fuga y la determinación del nuevo equipo de seguridad a la cabeza del ministro Romero, un duro revés habría golpeado a la administración del presidente Morales. La justicia peruana tenía casi lista una demanda internacional contra su administración por haber facilitado la evasión de un delincuente contra quien no sólo pesan procesos penales, sino por sus ramificaciones mafiosas con niveles políticos.

La crisis que hábilmente sorteo el presidente encendió varias luces de advertencia: la fragilidad del sistema de control y seguridad que imparte el Estado a cargo de la policía y la burda tarea de sus niveles en la justicia.

El “proceso de cambio” que se instituyó en enero de 2006, aplicó sin contemplaciones de antiguos códigos, una dura receta contra Policía Nacional. Primero sacó de sus manos el Registro de Identificación Personal, fuente de ilimitados recursos y del control de la seguridad del Estado. Posteriormente, la institución verde olivo perdió tuición de los recursos por las licencias de conducir en las oficinas de Tránsito. Como si esto fuera poco, el Gobierno reestructuró las oficinas de Seguridad Física Privada; y en la hora más aciaga, retiraron a los uniformados de Palacio de Gobierno privándola de una fuente muy valiosa de información que le permitía ejercer actividades de Inteligencia.

Esta cuasi reforma generó un profundo malestar en ciertos niveles de la policía, que paulatinamente se trasladó a la inseguridad en las calles. Hoy es bastante común escuchar historias de robos, secuestros, trata y tráfico de personas y drogas que comprometen a efectivos de la policía.

Y en la otra curva de la misma ecuación, la reforma programada por el Gobierno para mejorar la administración de justicia resultó peor que la enfermedad. La corrupción se apoderó de los tribunales casi en todos sus niveles. Es muy común escuchar que la justicia se ha vuelto funcional al delito y el crimen. A diario, jueces y fiscales ofrecen a la sociedad un espantoso espectáculo. Lo menos que se suele oír son historias truculentas de delincuentes que obtienen su libertad también a cambio de algo. Y para completar este círculo vicioso: cárceles repletas de ciudadanos a veces inocentes que esperan años por justicia.

En el Gobierno se dice que todos los antecedentes previos han generado un clima de marcado resentimiento de algunos oficiales de la policía contra el presidente Morales. Las relaciones como se puede  advertir no han sido una taza de leche. Varias protestas de los uniformados desde una mejor dotación de equipos, pasando por salarios y otras demandas derivaron en incidentes por ahora menores.

De aquí a poco sabremos si Evo sonreirá cuando le hablen de la policía.

Martín Belaunde Lossio y la primera dama peruana

Muchas cosas también se dicen en Perú sobre la relación de la pareja presidencial con el empresario detenido. Una de las menos interesadas en la captura de MBL era Nadine Heredia, esposa del presidente Humala que es considerada el poder detrás del trono del Gobierno peruano. La oposición del país atribuyó la fuga de Belaunde a la lentitud de la justicia peruana para extraditar al detenido. Al menos 20 días desde que el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia negó la apelación de asilo.

El hombre más buscado del año fue jefe de prensa de la campaña presidencial de Ollanta Humala en 2006 y 2011. En mayo del 2014 fue acusado de pertenecer a la organización criminal del ex presidente de la región peruana de Áncash, César Álvarez, detenido por homicidio en la misma cárcel donde ha sido traslado el empresario de 46 años. Belaunde deberá responder ante la justicia por la formación de redes de corrupción en la que también estaría involucrada la esposa del presidente Ollanta Humala.

Nadine Heredia de Humala actual presidenta del Partido Nacionalista Peruano (PNP) aspirante a la sucesión, es investigada actualmente por una comisión del Congreso y comenzó a responder incómodos temas que la relacionan a MBL: las consultorías sobre la empresa Palma Aceitera por la que recibió un pago del empresario, aportes de campaña de la familia Belaunde y sobre sus vínculos con la empresa TodoGraph, fundada por MBL en 2006 y de la que aparentemente Heredia es la propietaria real. Además  sobre los vacíos de la investigación fiscal por lavado de activos que se le imputó en 2010.

El empresario estuvo prófugo de la justicia peruana desde el 29 de mayo del 2014. Es sindicado de montar una empresa de fachada (Ilios Producciones) para cubrir las acciones ilícitas de ‘La Centralita’, centro de operaciones de “chuponeo” desde donde se vigilaba a la oposición a cargo de la mafia ancashina. Se le acusa también de interceder a favor de empresas constructoras para que se beneficien con millonarios contratos con el Estado, una de ellas la firma Antalsis.

La primera comparecencia de la primera dama a la comisión del Congreso que la investiga fue el pasado viernes 29 de mayo. La sesión duró apenas hora y media y se entrampó al decidirse qué preguntas eran pertinentes y cuáles no. Las primeras interrogantes estuvieron enfocadas en el caso de la empresa Antalsis, a la que Martín Belaunde Lossio habría ayudado para obtener contratos con el Estado utilizando sus influencias. Nadine Heredia no contestó sobre este punto.

La primera dama tampoco dijo si tenía ahorros en el extranjero y guardó silencio sobre el poder que le entregó a Ilan Heredia, su hermano, para que maneje sus cuentas. Además, se negó a aclarar si la familia Belaunde Lossio le depositó dinero en el 2007.

Fuente: El Comercio y dat0s