Brasil anuncia recortes y más impuestos contra la crisis

El Gobierno de Dilma Rousseff ha anunciado este lunes que pretende reimplantar un impuesto que tasa los movimientos financieros (CPMF, por sus siglas en portugués) para los cuatro años, congelará los salarios de los funcionarios federales durante siete meses y recortará en casi un 30% el gasto en el programa socialMinha Casa Minha Vida (Mi Casa Mi Vida), destinado a que las familias más pobres accedan a una vivienda. Las medidas forman parte de una fase más del conjunto de medidas de ajuste fiscal que tiene como objetivo acabar el presupuesto de 35.000 millones de reales del presupuesto de 2016 transformándolo en un superávit de 60.400 millones.

El anuncio hecho público por los ministros Joaquim Levy (Hacienda) y Nelson Barbosa (Planificación) se llevó a cabo tras largas reuniones de emergencia convocadas por el Ejecutivo de Rousseff la semana pasada, después de que la agencia Standard & Poor´s rebajara la nota de crédito de Brasil, dejándola al nivel de bono-basura, lo que desencadenó un terremoto politico y económico en el país. Hay un temor justificado a que otras agencias hagan lo mismo en los próximos días. La inminencia del déficit para el año que viene constituyó el factor decisivo para la decisión de S&P. Las consecuencias, con todo, recaerán en los ciudadanos.

El nuevo impuesto, que tasará un 0,2% en todos los movimientos financieros llevados a cabo en Brasil, necesitará, eso sí, ser aprobado por el Congreso Nacional. Y en caso de que pase por la criba de los diputados y senadores, se destinará solo al pago de la Seguridad Social y no la Sanidad, como cuando estuvo en vigor desde 1997 a 2007. El Gobierno pretende recaudar con esta medida 32.000 millones de reales (8.000 millones de euros), según cálculos del equipo económico de Levy.

En el Congreso enfrentará a resistencias variopintas para conseguir los 308 votos necesarios para su aprobación, según el presidente del Congreso, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). “Además de que el Gobierno tiene apoyos parlamentarios poco sólidos, el tema es ya por sí solo polémico”. Cunha además dijo que considera el plan presentado por el equipo económico de “pseudo recortes”, porque buena parte de las medidas dependen de la aprobación del Legislativo. De hecho, de las 16 alternativas de recortes y el aumento de los ingresos presentados como salida a la crisis, 15 necesitan ser analizadas por los congresistas. La única medida que no pasará por el escrutinio del Congreso es la reducción de 39 a 29 ministerios.

Por eso, durante los próximos días, representantes del Ejecutivo de Rousseff comenzarán una serie de negociaciones con los parlamentarios a fin de conseguir la ayuda necesaria para la aprobación de la resurrección del impuesto. La propia presidenta comenzó ya, durante una cena el lunes, a dialogar con los gobernadores de los partidos aliados a fin de solicitar su ayuda para convencer a los parlamentarios.

Cuando el impuesto fue suprimido en 2007, el CPMF estaba destinado principalmente a Sanidad y Seguridad Social. El valor era de 0,38% sobre los movimientos bancarios. Ahora será del 0,2%. O sea, que de cada 1.000 reales movidos, 2 caerán directamente en las arcas del Gobierno. La decisión de la vuelta de este impuesto, según el ministro Levy, es porque es el más “democrático” ya que engloba a toda la sociedad, sin sobrecargar una u otra capa social.

“Frente a todas las alternativas de impuestos, la prórroga de la vigencia de la ley del CPMF sería lo que menos distorsionaría la economía, con menor impacto en la recaudación y más distribuido y que incide más equitativamente en todos los sectores”, afirmó el ministro Levy.

La decisión sobre que recaiga en exclusiva en la Seguridad Social se debe al agujero en esa área. Según las cuentas del Gobierno, de los 58.000 millones (14.000 millones de euros) de déficit en 2014, el agujero crecerá hasta los 117.000 millones (29.000 millones de euros) el año que viene.

Salarios congelados

Respecto al congelación en los salarios de los funcionaros públicos, el objetivo es ahorrar cerca de 7.000 millones de reales. El Gobierno ahora tendrá que renegociar con ellos las propuestas de reajuste que ya había presentado para un período de cuatro años. Para el año que viene, la estimación era de que el aumento llegase hasta el 10,5% a partir de enero, un poco más que la inflación que se abate ahora sobre el país. De acuerdo con el ministro Barbosa, para conseguir este ahorro, será necesario extender el plazo hasta agosto.

Sobre Minha Casa Minha Vida, uno de los programas-escaparate de la presidenta Rousseff, el recorte será de 4.800 millones de reales (1.200 millones de euros), casi un 30% de lo que estaba previsto para 2016. Por el momento ha sido el único programa social en el que el Gobierno ha admitido llevar a cabo recortes sobre las inversiones previstas.