Hacia una justicia universal más amplia

Juristas de todo el mundo, encabezados por el exjuez español Baltasar Garzón abogaron ayer en Buenos Aires por que el concepto de justicia universal no solo persiga matanzas y genocidios sino también delitos económicos, financieros y contra el medio ambiente, que también cuestan vidas humanas. “Estamos hablando de víctimas universales, de los propios derechos de la naturaleza, de mecanismos con los que se puede contribuir a que esos ataques atroces sean cada vez menores”, señaló Garzón en la apertura del segundo congreso de jurisdicción universal que organiza su fundación. El primero fue en Madrid en 2014. Desde entonces, unos 75 expertos de 40 países han participado en la discusión en diversos encuentros.

Garzón planteó la pregunta sobre “cómo avanzar en la definición de nuevos crímenes para hacer más factible la protección de los ciudadanos sin distinción de nacionalidad o de lugar donde se produce el hecho”. El también asesor del Estado argentino en materia de derechos humanos mencionó las “agresiones al medio ambiente y los ilícitos financieros y económicos” que condenan a la población al “hambre”. Pidió “poner coto a la fuga de fondos que por especulación van de un país a otro porque se les exige cumplir con la presión tributaria”.

En la apertura del congreso, el secretario de Derechos Humanos de Argentina, Martín Fresneda, se refirió a la “necesidad de codificar la justicia universal” para prevenir “crímenes económicos que han generado miseria e injusticia, los ataques al medio ambiente y las redes de trata” de personas.

Sobre los delitos ambientales, habló el argentino Héctor Sejenovich, uno de los integrantes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que, junto a Al Gore, ganó el Nobel de la Paz en 2007. Otra ganadora de ese premio, la guatemalteca Rigoberta Menchú (1992), participará este jueves.

Ayer estaba prevista la intervención por teleconferencia de Julian Assange, el cofundador de Wikileaks que permanece asilado en la embajada de Ecuador en Londres desde hace tres años. En la última jornada del congreso, un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el argentino Raúl Zaffaroni, expondrá sobre los delitos económico-políticos. Precisamente, ayer su compatriota y diputado Remo Carlotto, hijo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, pidió que se investigara la “responsabilidad de grupos económicos en los crímenes de lesa humanidad”.

Otra mesa redonda abordará la cuestión sobre los delitos económicos internacionales, las guerras por el control de los recursos naturales y la afectación del derecho humano a la paz. Garzón se refirió a la cuestión a propósito de la crisis de los refugiados en Europa: “¿Con qué derecho ponemos fronteras a los que vienen de un conflicto armado generado por Occidente, por la ineficacia de EE UU y la Unión Europea? No analizamos las causas. Atajar los efectos no tiene sentido”.