Mientras el Gobierno de Bolivia espera en un ambiente de tranquilidad el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que definirá competencia sobre el centenario enclaustramiento marítimo boliviano; un informe confidencial publicado en exclusiva por el semanario chileno The Clinic revela que Chile ha comprado armamento de guerra en los 10 últimos años como nunca antes en su historia.
El informe devela que durante los tres últimos gobiernos democráticos de Chile (Lagos, Piñera y Bachelet), se realizaron millonarias inversiones para potenciar a sus Fuerzas Armadas. El hecho ha sido considerado por analistas internacionales como la definición de una Política de Estado que prioriza su seguridad territorial después de la guerra. Citando información confidencial, el semanario revela que “los gobiernos de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera autorizaron inversiones secretas en armas por al menos 1.458 millones de dólares, entre 2005 y 2014, a favor del Ejército con fondos de la Ley Reservada del Cobre”.
“Las operaciones, ligadas a adquisiciones de misiles, aviones de guerra no tripulados y fuerzas blindadas, entre otros ítems, comprometen pagos fiscales incluso hasta 2020, según establece el decreto reservado número 67 del 24 de diciembre de 2013, autorizado por los ministerios de Defensa y Hacienda”, cita The Clinic.
Además, el tabloide revela que “las compras, que legalmente no pueden ser revisadas ni siquiera por la Contraloría General de la República, están vinculadas a desfalcos por miles de millones de pesos producidos en el Ejército con los remanentes de estas adquisiciones, ilícitos investigados por la VI Fiscalía Militar”.
De acuerdo a la denuncia de The Clinic titulada como “Milicogate: El gran robo del fondo reservado del cobre”, hubo “millones de dólares que desaparecieron a través de cientos de operaciones fraudulentas no informadas al Servicio de Impuestos Internos”.
La información añade además que “los desfalcos comenzaron en 2010, durante los albores del Gobierno del presidente Sebastián Pïñera y continuaron hasta marzo de 2014, cuando despuntaba el segundo mandato de Michelle Bachelet y tanto la institución castrense como el Gobierno conocían los hechos”.
La publicación indica que “el Ejército, al igual que todas las ramas de las Fuerzas Armadas, debe gastar en secreto todos los fondos que recibe a través de la Ley Reservada del Cobre, la que establece en detalle que el diez por ciento de las ventas de Codelco deben ser destinadas a la compra de armamento”.
La investigación de The Clinic contiene aspectos de la propia norma que “establece cómo deben ser gastados los fondos provenientes de las ventas de Codelco, operaciones mayoritariamente realizadas a través de la agregaduría militar de la embajada chilena en Estados Unidos. Por tanto, el único objetivo de esta polémica norma heredada de la dictadura cívico militar sería dificultar el conocimiento que la ciudadanía puede tener de estos temas”.
Las reservas del Cobre
Aunque parezca increíble, los recursos que el país destina para la compra de armamento provienen de los fondos de sus minas de cobre que se encuentran en los territorios que le pertenecieron a Bolivia.
El semanario cita que “las Fuerzas Armadas, gracias al auge en el precio del cobre desde mediados de la década pasada, acumularon ya un fondo por unos 4.500 millones de dólares para compra de armamentos.
Este fondo es independiente de los flujos anuales de dinero que recibe el Ejército para comprar material de guerra”.
Programas de fortalecimiento bélico
Siempre de acuerdo a la investigación del semanario al que dat0s tuvo acceso a través de su versión digital, señala que “los decretos secretos que autorizan las inversiones, flujos y pagos para la adquisición de armas detallan una serie de programas de fortalecimiento bélico desarrollados confidencialmente por el Ejército. Entre ellos, destacan el proyecto Llaitún para la compra de misiles y sistemas asociados, el programa Travesía para la adquisición de aviones no tripulados y el proyecto Kutral II para la incorporación de lanzacohetes y proyectiles antitanques. A ellos se suman los proyectos Llamarada, Impacto y Limbo para la compra de cohetes de artillería, misiles antitanques y canchas de instrucción, respectivamente”.
El primer decreto reservado en poder de The Clinic data del 28 de octubre de 2005. “El documento, firmado por el entonces subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar, autorizó al Ejército a destinar 189 millones de dólares al proyecto Centauro. Esta iniciativa, vigente hasta hoy, busca fortalecer los sistemas blindados y de acción rápida militar, a través de la adquisición de cohetes, radares, vehículos blindados y sensores, entre otros ítems. En el año 2006, en tanto, el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, y el titular de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, autorizaron al Ejército a destinar otros 294 millones de dólares a la compra de “Fuerzas Mecanizadas” y “Ataque y Defensa Aérea”. En comparación, entre 2006 y 2010, Bachelet destinó 250 millones de dólares para financiar su reforma de pensiones”.
Las facturas de la Ley Reservada del Cobre
Operativamente, menciona The Clinic, “las notas fiscales deben seguir una serie de procedimientos estandarizados. Primero, llegan al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), luego pasan al Departamento de Planificación Financiera, donde son revisadas e introducidas digitalmente en el Sistema de Finanzas del Ejército (Sifie), para luego pasar por Tesorería para su pago. Mensualmente, además el Estado Mayor revisa los saldos que quedan de los decretos supremos que autorizan los giros de los fondos reservados del cobre. Con esos remanentes se pagan esencialmente gastos nacionales, los que hoy involucran irregularidades por miles de millones de pesos”.
“En esta vorágine de gastos, en abril de 2007 otros 153 millones de dólares fueron destinados a través de la Ley Reservada del Cobre a mantener las inversiones en fuerzas blindadas. Asimismo, entre 2008 y 2014, otros 822 millones de dólares fueron autorizados en total sigilo por los gobiernos de Bachelet y Piñera, para la compra de combustibles líquidos y lubricantes, entre otras partidas”, revela el semanario chileno.
Los equivalentes y la proyección
Otro dato por demás curioso planteado por el semanario es la reserva con la se ha manejado este tema con cara a transparentar estos gastos. “La mayoría de la población ignora que las Fuerzas Armadas gastaron unos 600 a 900 millones de dólares anuales solo en armas en los últimos gobiernos, acumulando además un excedente por 4.500 millones de dólares que permanecen sin destino definido hace años. Este gasto anual equivale a la construcción de 20 a 30 estadios de 30 millones de dólares”.
La misma comparación añade que los gastos exceden a todo lo invertido para la Copa América que hace poco se disputo en el país.
“A futuro, de acuerdo a los planes de Defensa, Chile destinará entre 700 y 900 millones de dólares anuales a la compra de armas, unos 5.000 a 6.000 millones de pesos al cambio actual. A ese monto hay que agregar otros 500 millones de dólares anuales para adquisición de municiones. Es decir, 6.000 millones de dólares gastados efectivamente en cada período presidencial, como mínimo. Esos recursos permitirían en un solo Gobierno construir 12 hospitales complejos de 500 millones de dólares en el país. O financiar toda la reforma educacional”.
En el mismo esquema de las comparaciones el semanario se tomó el cuidado de generar el impacto de las finanzas en las cuentas públicas. “En una década, Chile destinará en total unos 13.000 a 15.000 millones de dólares a la compra de armas, considerando los ahorros y flujos proyectados. Este monto supera largamente la deuda pública externa del Gobierno, el Banco Estado y el Banco Central. Estas nuevas adquisiciones, por cierto, se suman a los 9.136 millones de dólares gastados ya, entre 1990 y 2012, y que permitieron adquirir cazabombarderos F-16, submarinos Scorpene y cientos de tanques Leopard, entre otros equipamientos de guerra. Es decir, una danza incontrolada de armas y millones, cuyos detalles son públicos desde hoy por primera vez en democracia”.
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