La Fundación Tierra advirtió este miércoles que durante los últimos siete años, grandes empresas trasnacionales asumieron el control de las tierras productivas y toda la cadena productiva de la agroindustria de Santa Cruz, cuyas ganancias salen del país sin pagar impuestos al Estado, especialmente por la producción de soya.

La vos de alerta fue lanzada por el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, en una entrevista con la red Erbol, en la que observó no solo una suerte de “extranjerización” de la tierra, sino “la transnacionalización de la agricultura comercial a gran escala” a manos de empresarios que vienen al país y “compran medianas y grandes propiedades para establecer la agricultura comercial”.

“Lo que está sucediendo en los últimos siete años, es la llegada de las empresas transnacionales de agro negocios más importantes del mundo: ADM, Bunger, Cargill,  quienes han empezado a comprar las pequeñas industrias, empresas agroindustriales, como la SAO en Bolivia, que ahora pertenecen a estos capitales. Ellos controlan el 90 por ciento de la soya”, dijo el responsable de la Fundación, que pronto cumplirá 20 años dedicada al estudio de la problemática de la tierra.

Según su investigación, hay cinco empresas transnacionales que tienen inversiones no solamente en el alquiler y compra de tierras, sino en toda la  cadena productiva de la soya, desde el acopio, producción, transformación, semi-procesamiento, transporte y exportación, con ganancias que son expatriadas al ser fruto de capitales extranjeros.

Colque sostuvo que el Gobierno definió que no paguen impuestos, como en Argentina, donde las empresas tributan el 30 por ciento sobre sus ganancias extraordinarias. Explicó el Gobierno tiene el “gran argumento” que en Bolivia no hay una producción tan importante y significativa (de soya), por tanto, no hay ganancias extraordinarias.

Advirtió que el problema fundamental ahora es que la producción alimentaria, la actividad agrícola,  la mercantilización de la tierra y todos los procesos agrarios, están dirigidos por estos capitales en un proceso que “descampesina” la agricultura, porque la producción a gran escala, no necesita trabajadores.

Dijo que durante cuatro años la fundación denunció este proceso. El director sostiene que hay una sola autoridad que conoce la problemática: Alfredo Radal actual viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, a quien reconoce una “historia personal y profesional de relacionamiento permanente con las causas y problemáticas estructurales de este sector y eso le permite tener una lectura adecuada y pertinente”.

En su opinión, la solución a este fenómeno sería aplicar una nueva reforma agraria, en una especie “nacionalización  de las tierras de carácter revolucionario y redistributivo” que el gobierno renunció en el año 2006. Dijo que la agroindustria genera renta extraordinaria, que podría suplir las pérdidas por la baja del petróleo y de alguna manera compensar  la economía extractivista.

Aunque la Fundación cuenta con estimaciones sobre ganancias obtenidas por las transnacionales, el entrevistado prefirió guardar el dato porque “las empresas operan a la sombra y bajo perfil”,  sin dar cuenta de su patrimonio, porque trabajan con agroquímicos, semillas y transgénicos.

Sin embargo pudo estimar que las transnacionales controlan el 60 por ciento de las tierras más productivas de Santa Cruz, muchas de ellas camufladas en pequeñas y medianas propiedades, y empresas agropecuarias.

De acuerdo al portal de las empresas aludidas, “Archer Daniels Midland Company” (ADM) es uno de los mayores procesadores agrícolas del mundo con sede en Decatur, Illinois, Estados Unidos y tiene filiales en distintos países.

La “Agroindustrias Bunge Bolivia S.A” tiene sede en White Plains, New York, y opera en Norte América, Sud América, Africa, Asia, Europa y Oceanía y se define como empresa dedicada a la industrialización, comercialización de semillas y vegetales en general.

Entre tanto Cargill es una corporación multinacional privada, con base en Minnesota, Estados Unidos, y se dedicada a la compra-venta, procesado y distribución de granos, mercaderías agrícolas. El 4 de marzo de 2009, el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó el inicio del proceso expropiatorio por violaciones a las regulaciones de la producción de alimentos.