Sérgio Moro, el juez que puso contra las cuerdas al Lula

Sérgio Moro era un juez desconocido en gran parte de Brasil hasta hace un par de años, aunque ahora se encuentra en el centro de uno de los mayores escándalos políticos de la historia reciente de la nación sudamericana.

Hoy este magistrado de 43 años es un personaje clave en su país, que puso contra las cuerdas al gobierno de Dilma Rousseff y al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, inspira a manifestantes que exigen la caída de la presidenta y divide opiniones por su modo de actuar.

Moro es el juez federal que este mes obligó a declarar bajo custodia policial a Lula da Silva y que el miércoles levantó el secreto sobre un polémico diálogo telefónico entre Lula y Rousseff.

Estas medidas le valieron a Moro tantos aplausos como acusaciones de atropello a la ley. La propia Rousseff criticó este jueves la divulgación de las escuchas telefónicas, diciendo que son un peligro para el Estado de derecho.

Como juez de la gigantesca causa de sobornos en la petrolera estatal Petrobras, Moro ya ha puesto tras las rejas a políticos y algunos de los empresarios más ricos de Brasil, algo que parecía impensable en este país.

Por todo esto, activistas anticorrupción lo señalan como un ejemplo.

“El está prestando un gran servicio al país”, dijo Gil Castello Branco, un economista al frente de la ONG brasileña Cuentas Abiertas que conoció a Moro tiempo atrás en un evento de Transparencia Internacional.

“En el caso del juez Sérgio Moro, no sólo estamos luchando con el crimen organizado, (sino) con el crimen institucionalizado”, agregó en diálogo con BBC Mundo.

“Super Moro”

Basado en Curitiba, ciudad del sureste brasileño donde también da clases a estudiantes de Derecho, Moro es especialista en lavado de dinero, un tema sobre el que recibió formación en Estados Unidos.

Antes de la causa Petrobras ya había conducido varios casos relacionados a ese delito, promoviendo como pocos antes la cooperación internacional con Brasil para detectar cuentas bancarias en el extranjero.

Uno de esos procesos fue contra el mexicano Lucio Rueda Bustos, al que sentenció en 2013 por lavar dinero del narco en Brasil, subastando inmuebles y autos de lujo de su propiedad por más de US$6 millones. Todo un récord en Brasil hasta ese entonces.

Fue por un caso de delitos financieros que Moro indagó a Alberto Youssef, un cambista que figuraba entre sus acusados. El juez dijo que entonces descubrió “incidentalmente” el vínculo de Yousseff con Paulo Roberto Costa, exdirector de Petrobras.

Así cobró forma el operativo policial “Lava Jato” (Lavacoches), denominado de ese modo porque se lanzó en marzo en una estación de gasolina donde, según los investigadores, enviaban dinero al exterior de forma clandestina.

Hoy Youssef y Costa se volvieron delatores primordiales en el escándalo de sobornos de Petrobras, tras cerrar un acuerdo con la justicia para contar lo que saben a cambio de recibir penas menores.

Sus denuncias indicaron que empresas constructoras pagaban sobreprecios para obtener jugosos contratos con Petrobras, y que el dinero ilícito financió al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y a otros grupos políticos.

Es “el mayor escándalo de corrupción de nuestra historia”, sostuvo en ese momento el procurador general brasileño, Rodrigo Janot.

Hasta ahora en el marco de la causa conducida por Moro han sido condenadas 67 personas, se investigaron sobornos por un total de unos US$1.700 millones y se recuperaron US$800 millones por acuerdos judiciales.

En la lista de quienes se les ha decretado prisión figuran José Dirceu, exhombre fuerte del gobierno de Lula, Joao Vaccari, extesorero del PT, así como Marcelo Odebrecht y Otávio Azevedo, que presidían dos de las mayores empresas constructoras de América Latina: Odebrecht y Andrade Gutierrez.

Y Moro es hoy una especie de ídolo de los manifestantes antigubernamentales en Brasil.

Durante las protestas multitudinarias del domingo, su rostro y su nombre aparecieron en innumerables carteles, camisetas o banderas. Algunos hasta lo llamaron de “Super Moro”.

“Tener miedo”

Apoyado por la evidencia recogida por la Policía Federal y fiscales brasileños, el juez avanzó en la causa con acuerdos de delación de varios procesados, intentando así llegar a la cima del esquema de sobornos.

Castello Branco dijo que Moro fue un estudioso de la operación “Manos limpias”, que destapó en Italia de los años 90 un gran escándalo de corrupción, y concluyó que la independencia y el apoyo de la opinión pública son esenciales para el éxito de la acción judicial.

Sin embargo, las defensas de algunos implicados en el escándalo de Petrobras han acusado al juez y su equipo de forzar confesiones a cambio de menores de penas.

Luiz Flávio Gomes, un jurista y exjuez brasileño, advirtió ya en 2014 que Moro corría el riesgo de adoptar medidas “en conflicto con el Estado de derecho”, por ejemplo deteniendo indagados sin que sean un peligro para la sociedad.

“Tiene coraje y es trabajador”, dijo Gomes a BBC Mundo en aquel momento. “Es un juez que presta un servicio público relevante, pero tiene que tener cuidado de no transformarse en un Estado policíaco”.

De lo contrario, sostuvo, podría dejar margen para que el proceso sea anulado más adelante por errores cometidos por él o la policía, como ha ocurrido en otros casos en Brasil.

Excesos

En las últimas semanas, las acusaciones de excesos contra el juez crecieron a medida que colocaba su mira en Lula da Silva.

La conducción obligatoria del expresidente a declarar sin enviarle un requerimiento previa fue criticada por algunos juristas e incluso por un ministro del Tribunal Supremo Federal, Marco Aurélio Mello.

“Sólo se conduce coercitivamente (…) al ciudadano que resiste y no comparece a declarar”, dijo Mello al diario Folha de S.Paulo. “Vamos a arreglar Brasil. Pero no vamos a atropellar. El atropellamiento no conduce a nada”.

El propio Lula dijo haberse sentido “prisionero” al ser llevado por la policía ante los investigadores, pero Moro aclaró en un comunicado que las medidas de investigación “no significan anticipación de culpa”.

Un gremio de jueces y otros juristas respaldaron el proceder de Moro.

Los investigadores dicen tener indicios de que Lula recibió donaciones y favores de constructoras involucradas en el escándalo de Petrobras, y buscan determinar si fueron por ayudas que les dio el gobierno.

El expresidente sostiene que siempre actuó de acuerdo a la ley y rechaza las sospechas en su contra.

El miércoles, Moro volvió a sorprender al levantar el secreto de una conversación entre la presidenta y el expresidente, grabada por la policía, que alimentó las acusaciones de que Rousseff nombró ministro a Lula para evitar su arresto.

Como ministro de gobierno, Lula tiene fuero judicial especial y, en caso de ser acusado formalmente, lo juzgaría el Supremo brasileño en lugar de Moro.

En el audio se escucha a Rousseff decirle a Lula que le enviaría el acta de su designación ministerial para usar “en caso de necesidad”, algo que sus críticos interpretaron como un intento de obstruir la justicia.

En otra conversación interceptada por la policía y hecha pública por el juez, se escucha a Lula hablar con un diputado de intimidar a Moro y a los investigadores. “Tienen que tener miedo”, dice.

Durante el acto de investidura de Lula este jueves, Rousseff acusó a Moro de actuar al margen de la Constitución al divulgar las escuchas.

“Convulsionar a la sociedad brasileña en base a falsedades, métodos oscuros y prácticas criticables viola principios y garantías constitucionales y los derechos”, dijo Rousseff. “Los golpes comienzan así”.

Pero Moro sostuvo que una democracia “exige que los gobernados sepan lo que hacen los gobernantes” y que “había justa causa y autorización legal para la interceptación” telefónica.

También citó como precedente un fallo de la Suprema Corte estadounidense en 1974 contra el entonces presidente Richard Nixon, que poco después renunciaría por el escándalo Watergate.

“Ni mismo el supremo mandatario de la República tiene un privilegio absoluto en el resguardo de sus comunicaciones, aquí cogidas fortuitamente”, escribió el juez en los autos de la investigación, que envió al Supremo después que Lula fuera investido como ministro.