Gobierno culpa a infiltrados por los incidentes; UD pide informe a Romero

Después de los incidentes que involucraron a discapacitados y policías, el Gobierno aseguró que no existió una represión, sino un ataque violento de infiltrados que estuvieron entre los manifestantes. Por otra parte, la bancada de Unidad Demócrata (UD) anunció que pedirá un informe al ministro de Gobierno, Carlos Romero, por este conflicto.

Los manifestantes se movilizaron este miércoles por las calles del centro paceño, y cuando llegaron a uno de los ingresos de la plaza Murillo, intentaron superar una cerca de metal puesta por la Policía y los efectivos respondieron rociando gas en aerosol.

En conferencia de prensa, el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, explicó que se identificó al menos a tres personas que. con la cara y la cabeza totalmente cubiertas. agredieron a los uniformados con varillas metálicas y sustrajeron cuatro escudos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (Utop).

La autoridad mostró un video y unas fotografías donde se observa a estos supuestos infiltrados colgándose de las rejas, golpeándolas con varas metálicas. Sin embargo, Illanes admitió que pese a contar con estas pruebas, aún no se pudo detener a ningún supuesto implicado en los hechos.

“Este ciudadano no sufre de ninguna incapacidad, están encapuchados. Hay una segunda y hasta una tercera persona que agarra un instrumento de fierro para romper las rejas, tratan de romper las barras (…) Tenían la finalidad de hacer que los manifestantes ingresen a la plaza Murillo que no está programada para este tipo de actividades”, aseveró Illanes.

Asimismo, dijo que la Policía desde su Comando General, trabaja actualmente en la identificación de estas personas, para posteriormente iniciar un proceso penal mediante el Ministerio Público, porque “estos hechos ya no cuadran en la protesta y son delictivos”.

Illanes recalcó que no existió una gasificación hacia las personas con discapacidad y que sólo se utilizó un “pequeño rocío de agentes químicos” contra los presuntos infiltrados. Aseguró que esta medida se tomó para “defender” a los uniformados de posibles agresiones físicas.

“Queremos desmentir esas versiones antojadizas en el sentido de que se haya agredido a los discapacitados. Ningún ciudadano con limitaciones ha sido agredido por efectivos policiales (…) Uno de los infiltrados sostiene en su mano vinagre y está protegido ante cualquier agresión, quiere decir que este sujeto ha sido preparado para alterar el orden público y se ve en la fotografía que luego exhibe el escudo de la Utop como un trofeo”, señaló.

Por su parte, el comandante General de la Policía, Edgar Téllez, coincidió con Illanes y afirmó que desde el inicio de esta movilización hasta su arribo a la Sede de Gobierno, la Policía brindó la protección necesaria a los manifestantes.

“Según el inventario que hemos hecho, han sido sustraídos cuatro escudos de los policías. Estas acciones no han sido desarrolladas por los hermanos discapacitados, es por esta gente que oculta su identidad. Evidentemente ha habido un forcejeo y en este forcejeo es que se ha activado un pequeño chorro de gas en aerosol, no ha habido gasificación, es un pequeño chorro que se ha dado”, indicó la autoridad policial.

Petición de informe

En tanto, Eliane Capobianco de UD anunció que esta bancada pedirá un informe al ministro de Gobierno, Carlos Romero. “Vamos a hacer las respectivas gestiones para las peticiones de informes y todo lo que corresponda como acciones de fiscalización con esta gasificación brutal que ha habido contra los discapacitados”, afirmó la legisladora.

Asimismo, expresó que esta tienda política rechaza “con indignación” la forma como la plaza Murillo fue cercada con rejas altas y un gran contingente policial, algo que no sucedía desde la Segunda Guerra mundial.

“Ha sido una gasificación brutal, una represión brutal contra estas personas que están necesitadas, que sólo piden que se los atienda”, dijo.

El Ministerio de Gobierno respondió a UD mediante su cuenta de Twitter.

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo

Por su lado, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, se manifestó al respecto mediante un comunicado y expresó su “repudio” ante las acciones policiales en contra de las personas con discapacidad.

“Hacemos conocer nuestra más absoluta y drástica condena por la gasificación de la que fueron objeto, sin ninguna consideración por su larga caminata, su estado de indefensión y alta vulnerabilidad y sin reparar que entre el grupo se encontraban personas adultas mayores”, se lee en la nota.

Villena también reiteró el pedido de que el Gobierno inicie la negociación con la dirigencia de la marcha, “sin ninguna condición ni excepción” porque las demandas de las personas con discapacidad no sólo son legales sino legítimas.

“Demandamos que el Gobierno cese la millonaria campaña de desprestigio de las personas con discapacidad, que está haciendo uso de recursos públicos con el único propósito de restar legitimidad a una movilización justa”, finaliza el comunicado.