Un grupo de exministros de Chávez piden revocatorio en Venezuela

Un grupo de exfuncionarios del Gobierno de Hugo Chávez, incluyendo exministros, junto a representantes de una facción disidente del oficialismo, ofrecieron este lunes una rueda de prensa para exigir que se convoque este año a un Referendo Revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, algo que el régimen revolucionario busca evitar a toda costa.

“El referendo revocatorio, aparte de ser un derecho constitucional, es también una salida pacífica a la crisis política del país”, subrayó Ana Elisa Osorio, ministra de Ambiente en el Gabinete de Hugo Chávez durante cinco años, y ex diputada del Parlamento Latinoamericano por el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). “Obviar esto podría conducir a salidas no deseadas”.

Además de Osorio, figuraron en la convocatoria, entre otros, el exministro de Educación y compañero de ruta de Chávez desde la primera hora insurgente, Héctor Navarro; Gustavo Márquez, ex ministro de Comercio; el mayor general retirado Oliver Alcalá Cordones, ex Jefe de la Zona de Defensa Integral de Guayana; el ex representante de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Freddy Gutiérrez; y el politólogo Nicmer Evans, dirigente de Marea Socialista, un desprendimiento crítico del chavismo.

Minutos antes del evento, el mayor general Alcalá Cordones -hermano del ex comandante del Ejército y actual alcalde de La Guaira (estado de Vargas, litoral central de Venezuela), Carlos Alcalá Cordones-, había consignado ante el Consejo Supremo Electoral (CNE), en su sede del centro de Caracas, un documento que contenía del mismo requerimiento. El petitorio incluye además la firma del exministro de Planificación y mentor intelectual de Chávez, Jorge Giordani.

“Nos calificamos como defensores de la Constitución, estamos a favor de que el pueblo decida”, fijó posición Alcalá Cordones, quien acompañó en 1992 al entonces comandante Hugo Chávez en su intentona golpista contra el segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-93), y a quien diversas versiones de prensa vincularon con carteles del tráfico de drogas durante su servicio activo.

En vista de la grave crisis socioeconómica y de gobernabilidad que atraviesa Venezuela, sectores de oposición han venido impulsando la realización de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, un recurso disponible en la Constitución vigente de 1999, y que ya se puso en funcionamiento en 2004 frente al entonces presidente Hugo Chávez, quien ganó el desafío.

La oposición solo ha conseguido completar ante las autoridades electorales una primera fase del proceso de activación del Referendo, y acusa al CNE -dominado por el Gobierno- de ralentizarlo de manera deliberada para evitar la convocatoria de los comicios.

En efecto, el Gobierno de Nicolás Maduro intenta sortear el año 2016 sin enfrentar el reto revocatorio. Este mismo lunes se dieron a conocer en Caracas los resultados de la encuesta de opinión Venebarómetro, que constató que 88% de los entrevistados apoyan la pronta remoción de Maduro del poder, y que 58% se dijeron dispuestos a firmar las planillas de solicitud del revocatorio a pesar de los riesgos que ello pudiera comportar para cada uno de ellos. En este marco, no resulta de extrañar que el mismo Maduro, así como otros jerarcas del oficialismo como el número dos de Psuv, Diosdado Cabello, y el Gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, hayan manifestado de manera rotunda que este año no se realizará el referendo, aduciendo que la oposición inició tarde las gestiones o que el proceso es fraudulento.

Si el Gobierno no puede esquivar la realización del referendo, al menos busca diferirlo para el año próximo, cuando, según las disposiciones constitucionales, de resultar derrotado, el periodo presidencial hasta enero de 2019 deberá ser completado por el vicepresidente de la República, ahora Aristóbulo Istúriz, ficha del Psuv. En cambio, si ello ocurriera en 2016, se tendría que convocar a elecciones en un mes luego del evento refrendario.

De allí la importancia de la declaración de este lunes, en la que voces destacadas del campo revolucionario -pero que vienen mostrando distancia con Maduro desde hace tiempo- piden la celebración inmediata del referendo. El profesor universitario Esteban Emilio Mosonyi aclaró, a nombre del grupo, que su iniciativa no apunta necesariamente a sacar a Maduro del poder, sino a poner en ejercicio “un derecho ciudadano” consagrado en la Constitución que el propio Chávez apadrinó en 1999.

Así mismo, los disidentes condenaron el despido de funcionarios públicos que firmaron a favor del llamado a referendo, así como a los “funcionarios a quienes no les está atribuida ninguna competencia electoral, (pero) manifiestan a diestra y siniestra la procedencia o no del acto evaluatorio”.

Manifestaciones de este calibre vienen repitiéndose en diversos medios de comunicación en los últimos días procedentes de figuras de los albores del régimen bolivariano. Juan Barreto, exalcalde de Caracas y dirigente del partido Redes (uno de los integrantes de la coalición progubernamental Gran Polo Patriótico) aconsejó este lunes al oficialismo que deje de sospechar “cada vez que se le haga una crítica” y que Maduro “debe respetar el revocatorio”. “Si sigue amenazando a los que discrepan, esa no es la manera”, sentenció.

Hace dos semanas Barreto admitió en un programa de entrevistas en televisión que se viene negociando “la salida de Maduro”, infidencia que generó airadas respuestas desde el Psuv. Militantes oficialistas también fustigaron al ex alcalde capitalino tras aparecer en una imagen intercambiando saludos con Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, el dirigente opositor preso desde febrero de 2014 en una cárcel militar cerca de Caracas y verdadera bestia negra para el chavismo.