No se iniciaron gestiones por traslado de Achacollo

La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, pasó el fin de semana en celdas judiciales, bajo el cuidado de su familia a la espera de su traslado a la cárcel de Palmasola, para cumplir con la detención preventiva de un juzgado en La Paz. La Dirección Nacional de Régimen Penitenciario aún no recibió ningún informe para disponer que se lleve a la mujer a ese centro penitenciario de Santa Cruz.

Diego García, uno de los abogados defensores, sostuvo que “ella está esperando su traslado, a apelación no dilata y no traba que sea llevada a Palmasola“, en referencia al recurso interpuesto a la conclusión de la audiencia, donde fue acusada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. 


El Director Nacional de Régimen Penitenciario, Jorge López, dijo a EL DEBER que “a veces hacen rápido el trámite y a veces no, ahora fue feriado, fin de semana y hasta ahora no se ha iniciado ninguna gestión o trámite”. Explicó que requieren de un informe para establecer la logística necesaria para remitir a Achacollo al recinto carcelario. 

“Ella se siente decepcionada de la administración de justicia porque se sometió al proceso, no es como otras personas que se han dado a la fuga. Ella siempre dijo que sí va a asumir su defensa, le interesa mostrar su completa inocencia”, relató el abogado sobre el estado de ánimo de su defendida. 

Comentó que “no es un tema ficticio su dolencia cardiaca, a ella le afecta mucho permanecer en la ciudad de La Paz“, razón que los llevó a pedir cierta “celeridad” para que de una vez sea conducida a Palmasola, aunque dejó en claro que ese tema debe ser tramitado por el Órgano Judicial. 

Respecto a la apelación a la detención preventiva, sostuvo que hasta el lunes se deberían remitirse los antecedentes del caso, el sorteo de sala debería tener lugar hasta el miércoles y quizá el próximo lunes el Tribunal Departamental de La Paz considere si fue adecuada o no la medida cautelar.

Achacollo es acusada por haber autorizado el desembolso de 3,6 millones de bolivianos para nueve organizaciones sociales, además de la erogar de otros montos del exFondo Indígena para tres proyectos fantasma. Su defensa señala que pudo más la presión mediática para involucrarla en el caso.