Relator: Llamar cártel a medios no favorece al clima de respeto

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, afirmó que la etiqueta “cártel de la mentira” implantada por el Gobierno sobre algunos medios y periodistas en Bolivia “no le hace bien” al clima de tolerancia y respeto.

El representante del organismo internacional, quien se encuentra en La Paz en una visita académica, hizo estas declaraciones después de una reunión con la ministra de Comunicación, Marianela Paco.

“Lo que proponemos es que la libertad de expresión necesita un clima de tolerancia, de respeto a las ideas y al trabajo periodístico que tiene que ser un trabajo libre e independiente y también apelar a la responsabilidad que tienen los medios”, dijo consultado sobre la percepción de la relatoría sobre las denuncias de que la libertad de expresión en Bolivia está en riesgo.

Los periodistas también consultaron si es posible   que en un país democrático haya un “cártel de la mentira” como afirmó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en referencia a Página Siete, ANF, ERBOL, El Deber y los periodistas Raúl Peñaranda, Andrés Gómez y Amalia Pando.

“Creo que ese tipo de declaraciones no le hacen bien a este clima (de tolerancia y respeto) que tiene que haber; es decir, los funcionarios públicos tienen derecho a expresarse, por supuesto, a opinar y a refutar informaciones que crean que tienen que complementar, refutar o responder, pero lo tienen que hacer con cuidado porque cada definición que hace un funcionario público es un señalamiento, entonces creemos que con declaraciones gruesas no se contribuye a este clima”, dijo.

El Gobierno puso esta etiqueta y otras como “mafia mediático-política” para referirse a los medios y periodistas después del referendo del 21 de febrero en el que el presidente Evo Morales sufrió su primera derrota electoral en 10 años. Un 51% dijo No a una nueva reelección continua.

En una reacción inmediata, las autoridades y dirigentes del partido oficialista culparon a las redes sociales por este fracaso, después apuntaron el dedo índice a los medios  y periodistas que dieron cobertura al denominado caso Gabriela Zapata, expareja  del Presidente, que estalló dos semanas antes del plebiscito.

La arremetida gubernamental contra los trabajadores de la prensa y algunos medios de comunicación no es reciente, sino desde la primera gestión de Morales, que no dudó en llamar “pollos de granja”, “vuvuzelas”, “opositores” y otros adjetivos calificativos registrados en las memorias de las entidades nacionales de periodistas.

En lo que va del año se registraron 42 agresiones físicas y verbales a periodistas, según la Asociación Nacional de la Prensa y dos comunicadores tuvieron que abandonar el país por el acoso del poder y juicios penales: Carlos Valverde, el que divulgó el caso Zapata, y Wilson García Mérida, director de Sol de Pando.

Después del 21 de febrero, autoridades gubernamentales y legisladores del MAS alentaron reformas a la Ley de Imprenta y la regulación de las redes sociales.

Después del encuentro con la ministra Paco, el relator  de la CIDH asistió a un evento académico en la Asociación de Periodistas de La Paz al que asistieron periodistas, y dirigentes de los gremios de la prensa y de periodistas.

No se debe discriminar  asignación de publicidad

“El Gobierno no está obligado a poner publicidad (en los medios), lo que sí está obligado es que cuando asigna publicidad oficial lo haga con criterios claros y objetivos y no discriminatorios, esa es la definición”. Ése es el criterio del Relator sobre Libertad de Expresión de la CIDH sobre las denuncias de “asfixia económica” a medios.

El Gobierno, el martes, criticó las quejas sobre la asignación discriminatoria de publicidad del Estado a medios independientes. Según la Ministra de Comunicación, los “medios independientes” no deberían reclamar la asignación de publicidad gubernamental porque se tratan de “medios independientes”.

Este criterio no es compartido por la ANP y periodistas, que denuncian un veto publicitario del Estado a medios que no adulan las acciones del Gobierno.

Edison Lanza, el relator, llamó ayer a “construir sistemas plurales donde puedan expresarse distintas líneas editoriales” donde los medios públicos y comunitarios “tienen un rol importante que jugar”, al igual que los medios comerciales.

Lanza es periodista  y abogado. Antes de asumir su cargo como relator especial, trabajó como periodista en diversos medios de comunicación, como consultor de organismos internacionales en temas de libertad de expresión y derecho a la información, como abogado del sindicato de periodistas del Uruguay  y como docente universitario.