La del plebiscito fue la mayor abstención en 22 años

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Foto: Santiago Saldarriaga - EL TIEMPO

La jornada de este domingo registró la abstención electoral más alta de los últimos 22 años. Con un 62,59 por ciento de colombianos ausentes en las urnas, la votación del plebiscito superó en abstención a las elecciones presidenciales de 2014.

En mayo de ese año, para la primera vuelta presidencial, el 50,93 por ciento de los colombianos habilitados para decidir no acudieron a las urnas. Esa había sido la mayor abstención en dos décadas.

Son variopintas las razones más inmediatas que explican esta alta abstención. El clima, la acelerada convocatoria a las urnas y hasta la falta de liderazgo electoral confluyeron para crear la perfecta tormenta política

El paso del huracán Matthew parece ser determinante. Todos los departamentos de la Costa tuvieron un porcentaje de participación inferior al promedio nacional, calculado en un 37,42 por ciento. Las participaciones más bajas se dieron en La Guajira (19,39 por ciento), Atlántico (24,10 por ciento) y Bolívar (23,36 por ciento).

Aunque la participación en Córdoba, Sucre y César superó el 30 por ciento, los tres departamentos costeños también estuvieron por debajo del promedio del país.

Poco más de un mes tuvo el país para estudiar el Acuerdo, desde el cierre de las negociaciones hasta el plebiscito. En el mismo periodo de tiempo, las autoridades electorales tuvieron que organizar el segundo evento de la democracia participativa en tiempos de la Constitución de 1991.

Por la premura, no hubo inscripción de cédulas y miles de colombianos quedaron sin la oportunidad de plasmar su elección.

No había riesgo de que en este plebiscito hubiera trasteo de votos, ni caciquismos políticos. Quizá por esta última condición la abstención fue particularmente alta. Esta no era una elección que hiciera que los gamonales políticos movieran su maquinaria.

Razones de fondo

De acuerdo con un estudio realizado para la Registraduría por la Universidad Sergio Arboleda en 2013, Colombia es el país con la mayor abstención en la región.

El fenómeno es mundial y da cuenta de la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones. Según la base de datos del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (Idea, por sus siglas en inglés), durante los últimos 30 años la participación promedio ha bajado 10 por ciento en el mundo.

Son elocuentes los datos que arroja el estudio del Latinobarómetro 2016 sobre la calidad de la democracia en América Latina. Solo el 54 por ciento de los latinoamericanos apoya la democracia, según consigna este informe. En Colombia, el porcentaje es exactamente el mismo.

El 46 por ciento restante se distribuye entre la indiferencia y el apoyo a regímenes autoritarios.

Vale la pena recordar que Colombia tuvo una de sus elecciones más concurridas en el año de 1974. El 63 por ciento de habilitados para votar fueron a las urnas, casi la misma proporción de ausentes de hoy.

Esas fueron las primeras elecciones después del pacto de repartición del poder que creó el Frente Nacional entre liberales y conservadores. Además, la aparición de la Alianza Nacional Popular (Anapo) como nueva fuerza política, añadió dinamismo a aquella contienda. Desde entonces, la participación en las urnas viene en declive.

Otra de las razones está en el fenómeno mismo de la violencia. Como explica el citado informe de la Registraduría, “mientras mayor sea la violencia en determinadas regiones o localidades, los ciudadanos de esos lugares con mayor probabilidad se inclinarán hacia sus esferas y actividades privadas y preferirán no participar”.

Ahora bien. La paradoja es que estas elecciones transcurrieron en calma. Salvo un atentado contra un puesto de votación en Guaviare, salvo amenazas en el Catatumbo emitidas por parte del EPL (o ‘Los puntilleros’), no se registraron amenazas importantes. Es más, las Farc y el Eln respetaron el cese al fuego.

El debate de fondo es el de la legitimidad del sistema político. En palabras del exregistrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, la abstención dificulta que los cuerpos políticos tomen decisiones por falta de respaldo popular. En otras palabras: “es usado siempre por grupos opositores para desprestigiar la acción del gobierno y debilitar su capacidad de gestión”.