Una fatídica danza de millones

Para los fiscales del Ministerio Público que llevan adelante la investigación sobre uno de los casos más electrizantes de corrupción estatal envolviendo empresarios privados de gran calibre, el expresidente Lula da Silva era el “comandante máximo” de una organización criminal que instaló en Brasil la “propinocracia”.

En menos de 15 días, la presidenta de Brasil sufrió un proceso de impeachment, el parlamentario más poderoso del Congreso fue destituido y el líder más popular de la historia política reciente comenzó a enfrentar  el período más dramático de su carrera. En las dos últimas semanas del pasado mes de septiembre, los fiscales de la Procuradoria, similar al Ministerio Público, que tienen la tarea de acumular antecedentes y pruebas en la denominada fuerza tarea Lava-Jato formalizaron la denuncia de corrupción pasiva y lavado de dinero contra el expresidente de Brasil Luis Inacio Lula da Silva.

A eso se resume la denuncia que está acompañada de una retórica según la cual Lula era el “comandante máximo” de una organización criminal, el jefe de una banda que asaltó las arcas de la estatal del petróleo brasileña Petrobras; el general que usaba propinas para sobornar parlamentarios y comprar partidos; el fundador de uno de los partidos políticos que en los últimos 12 años gobernó el país, el Partido de los Trabajadores (PT) que alcanzó el poder en 2003 y que durante su mandato, como lo señalan los medios de prensa brasileños, también conformó una “propinocracia”, el hombre que aceptaba dinero y pequeños lujos a cambio de favores; el hombre que desde su actividad sindical que inició en 1961, es apuntado por la justicia como el ideólogo de un sistema que ha comenzado a derretir su imagen pública, que ganó terreno hasta llegar a la presidencia y que hoy se encuentra a un paso de la cárcel dentro del proceso en el que se le han recortado todo tipo de privilegios.

Los investigadores acusan al expresidente de recibir ventajas indebidas de por lo menos tres contratos millonarios firmados entre la constructora OAS -que estuvo en Bolivia a punto de ejecutar una de las obras más resistidas por los indígenas de tierras bajas- y Petrobras. Las propinas generadas por estos negocios sumaron algo más de 87,6 millones de reales (unos US $30 millones) que fueron dirigidos a Lula y que promovieron la caja de las propinas de la empresa OAS a favor del PT. Para lavar ese dinero sucio, de acuerdo a los fiscales, la contratista refaccionó  un departamento triplex de la familia Lula da Silva, en Guarujá, en el litoral paulista.

El expresidente se defiende diciendo  que el inmueble nunca fue de él, a pesar de que su mujer, Marisa Letícia, también incluida en el cuaderno de la investigación, escogió el decorado, muebles, pisos, paredes y otros enseres del departamento. Esa, tal vez, se transforme de aquí a poco en la prueba más contundente del soborno contra Lula. Hace un par de semanas, la revista Veja publicó el contenido de la propuesta delación premiada de Léo Pinheiro, expresidente de la empresa constructora OAS. El documento confirma que el departamento tríplex pertenece al ex­presidente y fue pagado con dinero de Petrobras.

Los beneficios políticos

En la denuncia de 149 páginas, los fiscales apuntan una segunda evidencia de corrupción del expresidente. Antes de dejar la presidencia en 2010, Paulo Okamotto, amigo de Lula, pidió a la contratista OAS que financie el transporte y almacenamiento de los objetos personales del expresidente. Para atender el pedido, la empresa gastó 1,3 millones de reales (unos US $ 350 mil). Okamotto, que más tarde pasó a presidir el Instituto Lula que también fue denunciado por los fiscales, confirmó que pidió ayuda para pagar el alquiler de los containers que contenían “el acervo” del expresidente. En sus declaraciones a la justicia Okamotto dijo que no veía ningún crimen en su pedido. “OAS, para mí, debería inclusive reivindicar la Ley Rouanet, porque está haciendo un pago para mantener un bien cultural del pueblo brasileño”, les dijo a los fiscales que comandan la investigación.

Las ventajas indebidas embolsadas por Lula sobrepasan los 3,7 millones de reales (unos US $1 millón), de acuerdo a estimativas de los investigadores. Entre 2011 y 2014, el Instituto Lula y la empresa del ex-presidente Conferencias, Eventos y Publicaciones, recibió algo más de 55 millones de reales (unos US $18 millones), de los cuales más de 30 millones corresponden a las empresas contratistas petroleras. De ese valor, más de 7,5 millones de reales (unos US $2.5 millones) fueron transferidos para el expresidente, cuyo patrimonio paso de 1,9 millones de reales (unos US $650 mil), en 2010, para 8,8 millones de reales (unos US $2,9 millones) en 2015. Eso, sin embargo, no consta en la denuncia ya que continúa  en periodo de investigación.

Blanco de críticas en especial de la defensa, la primera denuncia contra Lula -y la amplia explicación sobre el contexto de la estructura criminal montada en el Gobierno federal, que tendría victimizado a Petrobras – fue montada por 13 fiscales de la denominada “República de Curitiba”, -lugar donde funciona las oficinas de la investigación- con el acompañamiento directo del Fiscal General de la República de Brasil, Rodrigo Janot.

La pieza acusatoria resume el papel de Lula como supuesto mandante de la organización criminal para contextualizar los crímenes de Lava-Jato. Desde marzo de 2014, los investigadores apuntan un sistemático núcleo que envuelve al PT, PMDB, PP -estos últimos dos aliados a la estructura gubernamental en la última gestión presidencial de Lula- y un cartel conformado por las más grandes contratistas brasileñas para lotearse cargos en Petrobras y para recaudar fondos por medio de propinas -que varían del 1% al 3% del monto de los contratos, que provocó daños económicos por más de 40 millones de reales (unos US $18,5 millones)

En la pieza acusatoria, los fiscales precisan al menos 14 conjuntos de elementos probatorios usados para formar convicción de que OAS pagó 87 millones de reales (unos US $30 millones) de corrupción en contratos con Petrobras, que beneficiaron a Lula de tres formas: por la cooptación de partidos aliados – PMDB y PP -; por medio de la repartija de cargos en la estatal del petróleo brasileña con el propósito de recaudar fondos para la distribución de propinas que sirvió para financiar las campañas políticas y, finalmente, para montar un esquema de enriquecimiento ilícito.

“Resumidamente, Lula capitaneó y se beneficio de ese grande y poderoso esquema de corrupción criminal. Se benefició de forma económica y directa ya que recibió propinas de prácticas consideradas ilegales en detrimento de la Administración Pública Federal, notoriamente de Petrobras”, sustenta el Ministerio Público Federal, en la denuncia.

“Entretanto su mayor beneficio fue en la arena política, una vez que permitió que sean desviados billones de reales en propinas, para el PT y para los partidos aliados a su base de apoyo, especialmente PP y el PMDB; Lula se convirtió políticamente fuerte y poderoso para contar con la mayoría parlamentaria en los proyectos que requerían apoyo para su aprobación en las cámaras legislativa; además, para su permanencia en el poder, la de él y la de su partido como ciertamente sucedió, mediante la inyección de de propinas en las campañas electorales”, señala parte de la acusación.

Esquema de redes de corrupción

En la tesis sustentada por el MPF para indicar el papel de mando de Lula, la denuncia dice que “la ansiedad de ganar rápidamente el máximo apoyo en el Congreso y el deseo de perpetuar al PT en el poder  -no solo en el Ejecutivo como en otros niveles de la administración del Gobierno en el que las campañas serían alimentadas con dinero de una red criminal- movieron a Lula, auxiliado por José Dirceu (preso), en la orquestación  de una sofisticada estructura ilícita de compra de apoyo parlamentario”.

Sigue la acusación: “La contextualización del supuesto esquema criminal, que abre la denuncia, indica que Lula será acusado no sólo por ser el “maestro” del cartel de propinas en Petrobras, sino también  como artífice de una ‘macro-corrupción’ que enlazará otros casos de corrupción -ya con sentencia proferida- en el Gobierno federal, como los desvíos vía Ministerio de Planeamiento, albo de desvíos de dinero en la construcción de la Usina de Angra 3 en la Eletronuclear, albo de Lava Jato en Rio, y en los contratos de publicidad de la Caja Económica Federal, de Lava Jato en Brasilia”.

“Para que este engranaje criminal funcione en la forma antes descrita Lula comando y coordinó cuatro núcleos principales del esquema descrito: empresarial, de funcionarios públicos, políticos y de operadores financieros”.

“Ellos construyeron una mentira, como se fuera el enredo de una verdad, e está llegando al fin del plazo. Ya cazaron a Cunha, ya eligieron a Temer por la vía indirecta, ya cazaron a Dilma. Ahora necesitan concluir la novela. ¿Quién es el bandido y quién el jovencito? Vamos al grano: acabar con la vida política de Lula. No existe explicación para el espectáculo de pirotecnia. Prueben una corrupción mía e iré a pie para la  comisaria”

“Me dedicaron un departamento que no tengo, una granja que no es mía, de ser el comandante mayor. ‘Yo no tengo prueba, mas tengo convicción'”.

“Hoy estamos viviendo un momento en Brasil en el que la lógica no es más de los autos del proceso, son los titulares a quién vamos a  criminalizar a quién vamos a demonizar. Está sucediendo eso desde 2005. El PT es visto como el partido que debe ser extirpado de la historia política brasileña”.

“Estoy hablando como ciudadano indignado, como padre, como abuelo, como bisabuelo, yo tengo una historia pública conocida. Creo que sólo me gana aquí en Brasil Jesucristo”.