Zona minada para el control de la frontera

Qué explicación racional podría fundamentar el Gobierno de un país al descubrir sus vecinos que se han minado de bombas antipersonales sus fronteras. La primera reacción sería muy parecida a que se está viviendo un estado de guerra. Es así como Chile manejó sus relaciones con los dos países con los que mantiene diferencias limítrofes. El año pasado Perú le ganó una demanda internacional por la delimitación de sus aguas marítimas. La revista digital ViceNews publicó una investigación referida a la articulación de la defensa chilena en su frontera con Bolivia con minas antipersonales. Se trata de un trabajo en el que intervinieron la University of British Columbia’s Graduate School of Journalism y estudiantes de periodismo del International Reporting Program for Hidden in Plain Sight: stories of HIV and migration in Chile.

Este importante grupo de trabajo se trasladó al desierto de Atacama y allí pudo recoger  testimonios de bolivianos que viven con sus familias en una situación inhumana. “Ellos no tienen electricidad, tampoco agua corriente, ni techo”, asegura la investigación. Estas familias de cientos de bolivianos que dejaron su país buscando días mejores “viven en campamentos improvisados a orillas del desierto de Atacama, el lugar más seco del planeta después de la Antártida”. El equipo de estudiantes y los periodistas de la revista conversaron con funcionarios la ONG Un Techo para Chile, dedicada a la política de vivienda para personas en situación de pobreza. “Más de 36.000 familias viven en campamentos en todo el país, y carecen de acceso básico al agua y electricidad. La gran mayoría de los residentes son extranjeros. La población migrante de Chile se ha duplicado a lo largo de los últimos cinco años, llegando a 500.000 residentes extranjeros documentados”, de acuerdo a datos aportados por la ONG.

El sueño de los migrantes
El incremento de la migración a Chile se ha atribuido al éxito de su economía y al creciente mercado laboral que ha atraído a gente de toda Latinoamérica en busca de lo que ahora llaman ‘el sueño chileno’. Chile era hasta hace poco el país más rico de Sudamérica por su Producto Interno Bruto per cápita. “El sueño de los  migrantes es la estabilidad financiera, social y algunas veces emocional”, les dijo Javier Cerda, un agente de extensión del Servicio Jesuita a Migrantes en Arica, al grupo de investigadores.

“El número de campamentos en Antofagasta ha crecido de cuatro a 50 en los últimos cuatro años”, siempre de acuerdo a Cerda. “El Gobierno municipal intentó frenar el crecimiento de campamentos en septiembre del año pasado, cuando la alcaldesa Karen Rojo pidió desalojos masivos de 26 asentamientos en el pueblo. Pero a falta de un plan para reubicar a los residentes, el movimiento ha sido fuertemente criticado por los activistas locales”, revela la investigación.

“Javier Cerda ayuda a los nuevos migrantes a ajustarse a su nueva vida en Chile, trabajando para darles alojamiento y cuidado de salud. Sin embargo, las estrictas políticas migratorias del país, todavía guiadas por una ley aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet, siguen haciendo difícil que los migrantes crucen legalmente, por una cuestión de seguridad nacional”, dice Cerda. “De hecho, las dificultades para entrar al país llevan a un gran número de personas a hacerlo de forma ilegal, a través del desierto. “A pesar de eso, aquí se encuentran con reminiscencias mucho más peligrosas de la dictadura de Pinochet: franjas de minas terrestres”.

Minas antipersonales

El mismo Cerda afirma que el Gobierno de Chile no ha hecho ningún progreso para remover las minas antipersonales que se han sembrado a lo largo de la frontera con Bolivia y Perú. “No creo que les importe”, sentenció. Se calcula que Chile ha enterrado entre 500.000 a 700.000 minas antipersonales en la zona fronteriza con Bolivia y Perú. En 2015 Bolivia denunció que Chile había desactivado apenas 19.000 de las 100.000 que sembró en su frontera con Bolivia. Desde entonces, cientos de personas han perdido la vida o han quedado mutilados por efecto de la explosión de estos artefactos. En 1997, Chile integró una delegación de 127 países que se comprometieron a desactivar sus territorios de minas antipersonales en la Convención de Ottawa. Ese tratado fue ratificado por 67 países en 1999. Los países involucrados en el sembrado de minas explosivas son Nicaragua, Bosnia, Angola, Mozambique, Camboya, Afganistán y Chile donde se estima que existen más de 100 millones de estos artefactos explosivos.

El caso boliviano

Las minas antipersonales han sido después de la Segunda Guerra Mundial cuestión de discusión en varias reuniones internacionales hasta la convención de Ottawa. El caso boliviano es altamente ilustrativo por la forma cómo se han desarrollado las relaciones bilaterales entre ambos países. El excanciller boliviano Javier Murillo de la Rocha, en una conversación con dat0s en 2004, había manifestado que las minas en la frontera de Bolivia fueron plantadas por una cuestión de estrategia militar y seguridad. Tras la convención de Ottawa, los firmantes del acuerdo se fijaron un plazo de 10 años para desactivar el arsenal sembrado bajo tierra en sus países. En reuniones entre representantes de los gobiernos de Bolivia y Chile se estableció este punto en su agenda de discusión, pero el mismo Murillo de la Rocha confiesa que  Chile dilató la discusión sobre la ratificación del acuerdo.

A partir de 2006 ambos gobiernos elaboraron una agenda de 13 puntos que no incluyó este tema que para el mundo moderno se había convertido en un verdadero caso de corte por los riesgos que representa para la población de las zonas afectadas. No se puede pasar por alto que en 1997 los activistas antiminas ganaron el premio Nobel de la Paz y al poco tiempo Chile firmó compromisos para desactivar el arsenal sembrado en su frontera con los países limítrofes.

Desde Ottawa han pasado más de 15 años y nada indica que los explosivos en la frontera con Bolivia han sido retirados. Los expertos afirman que por la cantidad de minas regadas en la frontera con el país no habría manera de limpiar la zona. El problema además de complicado es costoso. La compañía Bofors, que cumple esta tarea a solicitud de los estados demandantes, advirtió que el barrido de un área de 10 kilómetros cuadrados requiere para esa tarea un año como mínimo.

Hasta el momento este no ha sido tema de discusión en la demanda instaurada por Bolivia en La Haya que podría sumar un nuevo argumento en la sustentación del proceso. Hace un par de meses, el canciller David Choquehuanca apresuró una estrategia de denuncia para apuntar el sistemático incumplimiento por parte de Chile a los tratados de 1904 que obliga a Chile a mantener facilidades de tránsito como plataforma de embarque y salida de la mercadería boliviana en puertos chilenos. A este caso se suma el litigio sobre el aprovechamiento de las aguas del Silala y  el desvió del río Lauca.

Expertos en política internacional han señalado que a este nivel la cancillería de Chile debe evaluar las consecuencias de una política internacional inflexible con Bolivia a través de una inspiración netamente militar, que a lo largo de muchas décadas le sirvió para evitar hablar del enclaustramiento boliviano.

La reciente afirmación del agente chileno en La Haya, Miguel Insulza, cuando planteó que Bolivia levante la demanda para sentarse a negociar con Bolivia parece por demás extemporánea y utópica.

Una gran parte de las minas antipersonales y antitanques, sembradas en la dictadura de Augusto Pinochet, permanecen bajo tierra en las zonas de frontera. El ministro de Defensa de Bolivia Reymi Ferreira dijo que la Cancillería hizo, sin resultados, reiteradas gestiones con su similar chilena para el cumplimiento del desminado.

Las minas antipersonales están diseñadas para matar o incapacitar a sus víctimas. Se utilizan para colapsar los servicios médicos enemigos, degradar la moral de sus tropas, y dañar vehículos no blindados.