Cristina Kirchner, imputada por corrupción: Quieren tapar la crisis

Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de Argentina, sale por la puerta de atrás de un tribunal federal después de declarar como imputada por primera vez en un caso de presunta corrupción. En la mayoría de los países, esa fotografía marcaría el hundimiento definitivo de una carrera política. Pero Argentina es diferente. Fernández de Kirchner no está sola y cabizbaja en esa salida, como otros expresidentes de otros países que han pasado por trámites similares. A la puerta le esperan unos miles de fieles -muchísimos menos que la primera vez que declaró, en abril, en una causa no de corrupción sino de presunto fraude al Estado por mal uso del Banco Central- con gritos de “vamos a volver” y “Cristina es del pueblo, y no la toca nadie”.

Están además todos los diputados y sindicalistas clave de su núcleo duro. Y también está la parte más simbólica del mundo kirchnerista: los desaparecidos de la dictadura. Cristina sale del tribunal y se sube a saludar a un pequeño autobús lleno de mujeres con pañuelos blancos en la cabeza. Son las Madres de Plaza de Mayo, con su líder Hebe de Bonafini al frente, mostrando su apoyo el día que la expresidenta se enfrenta a un proceso por corrupción. No están las Abuelas, más moderadas, pero sí las Madres.

Fernández de Kirchner ya no tiene ningún cargo público. Formalmente no es nada. Pero para sus fieles, que son miles, sigue siendo la indiscutible líder política. Y se deja querer. Buena parte de los peronistas quieren que desaparezca definitivamente de la escena, porque creen que divide sus votos y eso beneficia a Mauricio Macri. Pero ella no tiene intenciones de retirarse y conserva, a pesar de todos los escándalos, un núcleo importante de votantes potenciales.

Fernández de Kirchner declara ante los tribunales por corrupción, con uno de sus empresarios más cercanos, Lázaro Báez, en la cárcel por blanqueo, y el responsable máximo de la obra pública, Julio López, en prisión después de tratar de ocultar nueve millones de dólares en un convento. Pero ella no parece inquieta. Al revés. Se crece. “Es una formidable maniobra de persecución política, también pasa en Brasil con Lula da Silva. Quieren tapar el desastre económico y social que hoy tiene la Argentina. Están tratando de ocultar lo que todos sabemos, lo que pasa en los supermercados, que el sueldo no alcanza con la inflación”.

¿Van contra usted porque se va a presentar a las elecciones de 2017 (se renueva la mitad del Parlamento)?, le dicen. “Yo creo que apuntan contra dirigentes que pueden ser candidatos y ponen en peligro a su electorado”, contesta. No confirma que se presentará, pero todo camina hacia ahí. Macri, insisten en su entorno, prefiere que ella se presente y divida el voto peronista.

El gran debate en Argentina gira en torno a la posibilidad de que los jueces la metan en la cárcel por esta u otras causas. “Es difícil que metan a Cristina presa, sería una catástrofe, pero quién sabe, si la situación económica se complica alguien podría tener esa tentación”, explica a EL PAÍS Raúl Zaffaroni, un juez que fue miembro de la Corte Suprema y es un kirchnerista que ha acudido a la puerta del tribunal a apoyar a la expresidenta, como otros personajes clave de este grupo: Axel Kicillof, Martín Sabatella, Hugo Yasky.

Todos insisten en lo mismo, como la presidenta: es una persecución política. “Esto es un show mediático, hay 300 policías, no hay ninguna necesidad. Quieren ofrecer la imagen de Cristina perseguida por la justicia. La causa no se sostiene. El hecho de que se estén planteando si les conviene o no políticamente que Cristina vaya presa es increíble”, sostiene Kicillof. “La persiguen como revancha. Temen que pueda ser candidata. Claro que hay corrupción estructural en Argentina. Pero se está analizando el 1%, un solo empresario, una sola provincia. Que hagan un auditoría de todo”, reclama Sabatella. Fernández de Kirchner apunta al primo del presidente, Angelo Calcaterra, importante constructor, que fue el tercero que más obra pública recibió durante el kirchnerismo. Báez, el encarcelado, ocupa la posición 38. Pero lo que analizan los jueces no es el volumen, sino si logró esos contratos a cambios de sobornos o si era directamente era el testaferro de los Kirchner.

Todos admiten que la imagen de Julio López, exresponsable de obra pública, lanzando en la tapia de un convento maletas con 9 millones de dólares ha hecho mucho daño al kirchnerismo. Pero insisten en que Fernández de Kirchner no sabía, no estaba en eso. Y creen que no podrán probarle nada, a pesar de que los fiscales siguen avanzando con las estrechas vinculaciones entre el empresario Lázaro Báez, que se llevó 16.000 millones de pesos (casi 1.000 millones de dólares) en obras en Santa Cruz, el 80% de lo que se hizo en la provincia matriz del kirchnerismo.

La expresidenta convirtió así en un acto político su obligación de presentarse ante el juez federal Julián Ercolini, encargado del expediente, y ante quien no contestó preguntas. La causa busca determinar si entre 2003 y 2015 los imputados, entre ellos exmiembros del anterior Ejecutivo o el empresario Báez, integraron una organización “criminal” para “beneficiarse ilegítimamente” de la adjudicación de obra pública en “consecuente y grave detrimento” de las arcas del Estado. La política argentina vivirá así, como casi siempre, pendiente de los tribunales durante los próximos meses.