Doria Medina: seguiré luchando para que haya justicia

El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, viajó la mañana de hoy a la ciudad de Sucre para asistir a su audiencia de medidas cautelares por el caso FOCAS y antes de ingresar al aeropuerto internacional de El Alto indicó que si llegan a detenerlo, seguirá luchando para que haya justicia en el país.

“Si deciden cometer una irregularidad y quieren detenerme, voy a seguir luchando para que haya justicia en nuestro país, esa es una tarea muy importante y voy a defenderme y en su momento los que cometan una arbitrariedad tendrán que responder ante la ley”, indicó Doria Medina, quien arribó la madrugada de ayer a Bolivia tras su viaje a Estados Unidos para denunciar ante organismos internacionales la persecución política que afronta.

Respecto a la visita de un observador de la Organización de Estados Americanos (OEA) a su audiencia en el Tribunal Supremo de Justicia, prevista para las 15:00 de hoy, Doria Medina dijo que éste estará presente para denunciar si se comete una irregularidad.

“Ellos (la OEA) han comprometido que habrá un observador en Sucre para denunciar al mundo si se cometen arbitrariedades”, precisó.

Por último, el líder de UN recordó que en Chile, el dictador Augusto Pinochet fue a la cárcel después de salir del gobierno. “Una vez que ya no están en el poder ya no son tan machos, tendrán que responder ante la justicia internacional”, expresó.

El presidente Evo Morales sostuvo ayer que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se inmiscuye en asuntos internos del país. Esto después de que se conociera que esa instancia enviará un observador a la audiencia de medidas cautelares de Doria Medina.

El empresario es acusado por la Fiscalía de la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en el caso FOCAS (Formación de Capital en Áreas Secundarias).

Esta causa hace referencia a que cuando era ministro de Planeamiento y Coordinación, a principios de la década de los años 90, suscribió un contrato de préstamo. Los fondos fueron manejados por una entidad privada, lo que habría generado un supuesto daño económico al Estado.