Identifican un daño económico de Bs 545 millones en Fondioc

La corrupción en el Fondo Indígena provocó un presunto daño económico al Estado de 545 millones de bolivianos, según la investigación y fiscalización técnica que realizó el senador Óscar Ortiz de Unidad Demócrata.

“Un trabajo de más de 20 meses de investigación,  que compila  datos de 30 peticiones de informe escrito, comparecencias a distintas autoridades identifica un presunto daño económico al Estado que asciende a 545 millones de bolivianos”, explicó Ortiz,  que presentó ayer  el libro Análisis de las responsabilidades en el mal manejo y la corrupción del Fondo Indígena.

El 12 de febrero de 2015, la Contraloría reveló un daño económico de 71 millones de bolivianos. Seis meses después, la Intervención al Fondo Indígena reportó un daño de 102 millones de bolivianos. En total se registró 172 millones de daño económico.

De acuerdo a Ortiz, el Gobierno, con la intención  de “confundir” a la población,  no mencionó  los “proyectos con plazos no vigentes observados por factores administrativos”, que recibieron  un total 303  millones de bolivianos.

Asimismo, están los “proyectos con plazos vigentes observados por factor administrativo y los proyectos vigentes sin descargo”,  que recibieron 150 millones de bolivianos.

El legislador explicó que hasta fines de 2014, el Fondo Indígena recibió más de 3.000 millones de bolivianos, de los cuales transfirió 729 millones para la ejecución de distintos proyectos; pero de ese monto 686 millones fueron a cuentas personales. “Eso aún no ha sido esclarecido”, reclamó.

Ortiz explicó que un 86% de recursos financiaron  proyectos  de  los Interculturales, la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa,  la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)  y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), organizaciones afines al partido de Gobierno.

En tanto,  la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) que en 2005 se movilizó en Tararenda Vieja, para exigir que la Ley de Hidrocarburos, a través de una parte del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), los beneficie y se convierta en una especie de reconocimiento a su sacrificio y recompensa por su marginamiento, apenas recibió un 0,82% de los  recursos del Fondioc.

Tras la movilización del pueblo guaraní, el 22 de diciembre de 2005, el entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé promulgó el decreto supremo  en el que dispuso que el 5% del IDH se destine a los indígenas para la producción de alimentos.

“El Fondo Indígena no respetó el principio de equidad en la distribución de los recursos, por ejemplo, el departamento de La Paz recibió el 49,36%  de los recursos, pero  el departamento de Beni apenas el 11,64%, otros departamentos menos del 10%”, informó Ortiz.

El  artículo 4 del Decreto Supremo  28571, que crea el Fondo Indígena,  establece la disposición de los recursos del fondo y prevé que se distribuirán conforme a los principios de territorialidad y redistribución con justicia y equidad.

A criterio del legislador, existen serios indicios de responsabilidad contra la exministra de Desarrollo Rural  Nemesia Achacollo, detenida en el penal de Miraflores desde diciembre de 2015; además de otros ministerios que fueron parte  del directorio del Fondioc, entre ellos los ministros de la Presidencia, de Economía, de Desarrollo Productivo y de Planificación del Desarrollo.

“El ministro de Economía, Luis Arce, también tiene responsabilidades porque no congeló las cuentas a pesar de que varios años el Fondo Indígena no cumplió con la obligación de presentar los estados financieros”, manifestó el senador Ortiz.

Recursos sólo para áreas productivas

El informe de investigación y fiscalización técnica presentado por el senador  de Unidad Demócrata Óscar Ortiz  revela que el ex Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) no estaba autorizado para destinar recursos para proyectos de fortalecimiento orgánico.

“Destinaron recursos a proyectos de fortalecimiento organizacional, lo cual no estaba permitido, porque los recursos del IDH sólo podían  ir a proyectos de desarrollo productivo”, sostuvo Ortiz.

El artículo 1 del Decreto Supremo  28571 establece que se crea el Fondo Indígena “con la finalidad de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los pueblos indígenas originario y comunidades campesinas”.

Legisladores del MAS indicaron que todo está en manos del Ministerio Público y si esa entidad identifica responsabilidades, se encargará de iniciar las acciones que corresponda.

“Nosotros no vamos a proteger a nadie así sea del MAS, hemos demostrado que estamos en contra de la corrupción”, afirmó el senador Milton Barón.