“Es dramática”.

Así define Susana Chávez, la directora del peruano Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), a una de las primeras medidas que ha adoptado el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El republicano reinstaló este lunes un decreto que prohíbe la concesión de ayuda estadounidense a organizaciones no gubernamentales y proveedores sanitarios en el extranjero que asesoren sobre el aborto como una opción de planificación familiar.

“Se trata de una política que ya conocemos desde la década de los 90 (…) y que ahondó en la estigmatización del aborto”, le dice Chávez a BBC Mundo.

La firma de la resolución, originaria de la era del expresidente Ronald Reagan (1981-1989), tuvo lugar el día después del 44° aniversario de la sentencia del Tribunal Supremo que legalizó el aborto en EE.UU.

Y ocurre tras las masivas manifestaciones contra Trump el sábado en Washington y otras ciudades de EE.UU. y del mundo, en las que la defensa del derecho al aborto fue uno de los asuntos centrales.

El decreto “finalizará el uso de dólares de los contribuyentes para financiar los abortos en el extranjero”, expuso el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, en una rueda de prensa posterior a la firma.

“(Donald Trump) quiere defender a todos los estadounidenses, incluidos los que no han nacido, y creo que la restitución de esta política no es solo el reflejo de ese valor, sino que respeta también al contribuyente”, añadió.

Asesoramiento, no práctica

Es un tema del que el presidente ya había hablado durante la campaña, cuando prometió por ejemplo designar como juez del Tribunal Supremo a un jurista que quiera ilegalizar el aborto y también sugirió castigar a las mujeres que se sometieran a la intervención, aunque luego se desdijo.

Sin embargo, la decisión de este lunes no versa en realidad sobre los abortos practicados en naciones extranjeras con fondos estadounidenses, ya que esto ya es ilegal incluso en los países en los que la práctica está permitida.

Esto se debe a la Enmienda Helms de 1973 -llamada así en honor al entonces senador Jesse Helms-, una ley que se aplica a todas las administraciones y no una orden ejecutiva que los presidentes pueden aplicar o desechar.

Así, la orden del magnate convertido en mandatario va más allá: congela la financiación a organizaciones que actúan en naciones pobres o en desarrollo si, entre otras actividades, ofrecen asesoramiento sobre el aborto o defienden el derecho de las mujeres a ese procedimiento.

El decreto lo promulgó por primera vez en 1984 el republicano Ronald Reagan, entonces presidente de EE.UU., durante una conferencia de Naciones Unidas en la capital mexicana; y es por eso que se le conoce como la Política de Ciudad de México.

Y desde entonces es costumbre que los nuevos presidentes republicanos lo adopten en los primeros días en el cargo y que los demócratas lo revoquen después.

Así fue con George W. Bush, quien lo restableció en 2001. Y Barack Obama lo derogó luego, cuando asumió el cargo por primera vez en 2009.

“La más extrema”

“Pero la orden ejecutiva de Trump es la más extrema que jamás he visto (sobre este tema)”, le dice a BBC Mundo Teresa de Vargas, la directora ejecutiva del Centro Médico de Orientación y Planificación Familiar de Ecuador (Cemoplaf).

Cemoplaf es una organización pionera en América Latina en el campo de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sobre todo los de las más vulnerables.

“Y esto es un golpe muy fuerte a nuestra lucha de 42 años, sin sábados ni domingos, en bien de las mujeres, sobre todo de aquellas con menos accesibilidad a los servicios de salud en un país en el que decenas mueren en partos y abortos clandestinos”, subraya tajante.

“En 1982 y en el 2001 ya sufrimos esta ley mordaza, cuando recibíamos financiamiento de Usaid, la agencia de ayuda exterior de EE.UU., y cada seis meses teníamos que firmar un documento que decía que no podíamos hablar sobre el aborto y mucho menos practicarlo”, recuerda De Vargas.

Pero De Vargas considera que la acción de Trump es más fuerte que la de sus predecesores republicanos.

“Y es que ahora, si tuviéramos que recibir ayuda de organizaciones estadounidenses, tendríamos restricciones incluso para hablar por ejemplo del aborto terapéutico o de la atención postaborto, cuando en este país nos llegan decenas sangrando por intervenciones practicadas en la clandestinidad y cuando el aborto es una de las principales causas de la mortalidad materna”, dice.

“No podríamos ni informar”, reclama. “Ésta orden ejecutiva nos dice qué podemos hacer y qué no”.

En Ecuador el aborto es legal tan solo en dos supuestos, cuando la vida de la madre está en peligro y cuando el embarazo es producto de una violación y la mujer es “disminuida psíquica o demente”.

“Nosotros nos acogemos siempre al marco legal”, insiste De Vargas, “pero trabajamos dando información para prevenir los abortos inseguros y clandestinos, y tratamos de fomentar el uso del anticonceptivo para evitar embarazos no deseados”.

Ecuador es el segundo país, después de Venezuela, con más embarazos adolescentes de la región.

Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Ecuador, de cada 1.000 niñas de entre 12 y 14 años nueve son madres. Y la cifra se dispara en las de entre 15 y 19 años: el 17,2% de ellas es madre.

“En total, más del 20% de los embarazos se dan en menores de 19 años” en el país sudamericano, dice De Vargas.

Para luchar contra esto, entre otras cuestiones, Cemoplaf trabaja como contraparte de la organización estadounidense Planned Parenthood Federation (IPPF, por sus siglas en inglés).

De ella y otros organismos le viene el 6% de su presupuesto.

“Y aunque el 94% lo generemos nosotros con la venta de servicios, necesitamos la financiación para asesoría técnica y para educación”, explica.

Recortes

Pero De Vargas no es la única que considera la orden ejecutiva del lunes como “la más extrema” en esa materia hasta el momento.

Otros también interpretan el decreto de Trump como una “enorme expansión” de la política en cuestión.

Así lo aseguró por ejemplo Adrienne Lee, portavoz de Champions for Global Reproductive Rights (PAI), una organización con base en Washington que promueve los derechos reproductivos de las mujeres en cinco regiones del mundo, entre ellas América Latina, donde existen las leyes contra el aborto más restrictivas del planeta.

PAI tiene socios en más de 100 países y ha financiado junto a estos proyectos de atención primaria, prenatal y neonatal, y de planificación familiar por valor de US$5 millones, tal como señala en su página web.

Pero ahora el organismo considera que la orden de Trump supondrá un recorte de fondos “para cada programa que se circunscriba a la asistencia global de salud”, tal como dijo Lee a través de un comunicado el lunes.

Por su parte, International Planned Parenthood Federation (IPPF, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que más fondos recibe de Usaid, calcula que el restablecimiento de la Política de Ciudad de México le implicará un recorte en la financiación de unos US$100 millones -un 25% de su presupuesto- en los siguientes cuatro años.

Esto afectará, según la organización, a programas que hoy existen en 30 países.

Así se lo confirmó su portavoz Kelly Castagnaro este lunes al diario estadounidense The New York Times.

“Ley mordaza global”

Por su parte, Marie Stopes International (MSI), otra de las organizaciones estadounidenses de derechos reproductivos que más dinero recibe de Usaid, calcula que el decreto recuperado por Trump le supondrá un recorte de US$30 millones, un 20% de su presupuesto anual.

Y como consecuencia, 1,5 millones de mujeres se quedarán sin acceso a anticonceptivos, según le dijo Marjorie Newman-Williams, la vicepresidenta y directora de operaciones internacionales de MSI, a la prensa estadounidense este lunes.

“Con la reducción de fondos que sufrimos la última vez que el decreto estuvo en vigor (…), ya vimos que los efectos van más allá de (las que contempla) la propia política”, le dijo el lunes Chloe Cooney, la directora de defensa global de IPPF, al medio estadounidense BuzzFeed.

La orden ejecutiva de Trump “es puramente una concesión política a expensas de algunas de las mujeres más vulnerables del mundo“, dijo Aram Schvey, consejera de Center for Reproductive Rights (Centro para los Derechos Reproductivos).

“La restitución de esta ley mordaza global ignora décadas de investigación y favorece políticas ideológicas frente a los derechos de las mujeres y las familias“, reaccionó por su parte la senadora demócrata por Nueva Hampshire, Jeanne Shaheen.

Aplausos

Pero no todo han sido críticas para el recién estrenado presidente.

Los activistas contra el aborto de EE.UU. han celebrado la recuperación del decreto.

“Aplaudimos al presidente Trump por haber puesto un fin a financiar con dinero de los contribuyentes a grupos que promueven el asesinato de niños nonatos en países en vías de desarrollo”, dijo este lunes a través de un comunicado Carol Tobias, la presidenta del Comité Nacional para el Derecho a la Vida (NRLC, por sus siglas en inglés), la mayor organización antiaborto de EE.UU.

“Estados Unidos debería estar promoviendo tratamientos, salud y vida, no muerte”, dijo también en su momento Wendy Right, del Center for Family and Human Rights (Centro para la Familia y los Derechos Humanos).

“Ahora la situación no es como la de la década de los 90 y 15 años después en la región se depende menos de la cooperación extrajera para esta materia, reconoce Susana Chávez, de Promsex, a BBC Mundo.

Y explica que tan solo el 7 u 8% del presupuesto de la organización para la que trabaja proviene de organizaciones extranjeras, entre otras estadounidenses.

“Sin embargo, ésta es una nueva etapa para los grupos ultraconservadores que hacen campaña para retroceder en lo referente a los derechos sexuales y reproductivos y a los derechos del colectivo LGTBI”, advierte.

“Y la pregunta que toca hacerse realmente es cuánto aumentarán los fondos para estos grupos“, subraya.

“Esa es nuestra preocupación central”.