Vicepresidente venezolano a EE.UU.: Han sido engañados y deben rectificar

La disputa diplomática dejó paso a una pelea por influir en la opinión pública.

El gobierno de Venezuela llevó este miércoles su enfrentamiento con las autoridades de Estados Unidos a las páginas del diario The New York Times, donde se publicó un aviso de una página completa firmado por el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, protagonista del más reciente choque entre Washington y Caracas.

Se trata de una carta dirigida por el funcionario venezolano al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de esta oficina gubernamental le hubiera incluido en la lista de personas relacionadas con el tráfico de drogas internacional.

El Aissami, que se declara “un falso positivo”, afirma que las autoridades estadounidenses fueron engañadas por sectores políticos, grupos de presión y otros actores interesados en evitar la restauración de las relaciones políticas y diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.

El pasado 13 de febrero, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), emitió un comunicado en el que afirma que El Aissami ha facilitado el envío de grandes cargamentos de drogas, vía aérea y marítima desde Venezuela, además de proporcionar protección a otros traficantes.

“En varias ocasiones supervisó envíos de narcóticos de más de 1.000 kilos desde Venezuela, incluso algunos con destino final a México y Estados Unidos, o fue uno de los dueños de esos cargamentos de narcóticos”, dijo la OFAC sobre el vicepresidente venezolano.

“También está vinculado a la coordinación de envíos de narcóticos al violento cartel mexicano Los Zetas, así como a la protección del capo narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera y del narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco”, agregó.

Como consecuencia de estos señalamientos, la OFAC congeló todos los bienes de El Aissami en Estados Unidos, vetó su entrada al país y prohibió a las empresas y ciudadanos estadounidenses hacer negocios con él y sus empresas.

También hizo lo mismo con otro venezolano, José López Bello, a quien las autoridades estadounidenses consideran como “testaferro” del vicepresidente venezolano.

“No hay evidencias”

La primera respuesta de El Aissami al anuncio de las sanciones fue un mensaje en Twitter.

“En lo personal recibo esta miserable e infame agresión como un reconocimiento a mi condición de revolucionario antiimperialista!! VENCEREMOS”, dijo.

Poco más de una semana después, sorprendió al publicar este miércoles la carta a página completa en The New York Times dirigida al secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin.

El vicepresidente venezolano aseguró que no hay evidencias en su contra y que, por el contrario, se le convirtió en un “falso positivo” para criminalizarlo y, a través de él, al gobierno de Venezuela.

“Debe usted saber que cuando dirigí los servicios de seguridad ciudadana en mi país, entre los años 2008 y 2012, obtuvimos los más grandes avances de nuestra historia y del continente en materia de lucha contra los carteles de la droga“, escribió y afirmó que durante esos años fueron capturados 102 capos del narcotráfico, de los cuales 21 fueron deportados a Estados Unidos y 36 a Colombia.

El funcionario argumentó que entre 2005 y 2013 las autoridades venezolanas incautaron en promedio 56,61 toneladas de droga cada año, mientras que en los años anteriores -cuando la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) estaba presente en Venezuela- se incautaban 34,94 toneladas.

“Este dato por sí solo deja en evidencia la falta de compromiso de la DEA en el combate al narcotráfico, y sustenta la muy documentada afirmación de las conexiones de este organismo con las organizaciones criminales del narcotráfico”, apuntó.

“(Estados Unidos) debe rectificar en la aplicación políticas y medidas claramente ilegales en el ámbito del derecho internacional, agresivas e injustas en materia de derechos humanos, peligrosas para las relaciones internacionales, e inconstitucionales, a la luz de la propia carta magna norteamericana”, añadió.

Una respuesta costosa

La carta de El Aissami fue publicada en inglés y en español en la página web de la vicepresidencia de Venezuela y fue difundida por redes sociales a través de las cuentas de los ministerios de Exteriores y de Comunicación e Información.

Su publicación en forma de aviso a página completa en The New York Times, sin embargo, fue objeto de numerosas críticas en Venezuela.

“Si sanción de Dep. del Tesoro de USA a Tareck es personal y no por cargo, de dónde sacó 80 mil $ pal periódico y 40mil pa agencia y abogados?“, cuestionó en un mensaje de Twitter Nicmer Evans, dirigente de Marea Socialista, un partido formado por disidentes del chavismo en Venezuela.

“¿Cuál fue el presupuesto contra el que giro el ciudadano Tareck para defenderse a página completa en el NYT?”, se preguntó el analista político Víctor Maldonado.

Una pregunta que apareció insistentemente en las discusiones en redes sociales en Venezuela, país donde falta el pan y muchos medicamentos esenciales como consecuencia de la severa crisis económica que atraviesa desde hace varios años.

BBC Mundo intentó contactar infructuosamente a las autoridades venezolanas para saber cuánto había costado el aviso y quién lo había pagado.

Por su parte, portavoces de la oficina de Comunicaciones Corporativas de The New York Times señalaron a BBC Mundo que ellos no pueden revelar esa información, aunque sí confirmaron que el aviso fue publicado en la edición nacional de ese diario estadounidense.

Sin embargo, según el manual de tarifas de ese diario, el costo de un aviso estándar de esa categoría (advocacy) publicado a página completa y en color un día de semana es de US$175.208.

El monto equivale a unos 3.020 salarios mínimos en Venezuela a la tasa de cambio oficial, conocida como Simadi, y a unos 18.658 salarios mínimos al tipo de cambio del mercado paralelo.

Sobre quién lo pagó tampoco quiso responder el diario. Pero, en principio, no podría haber recibido el dinero del propio El Aissami, como ordena, precisamente, la resolución del departamento del Tesoro que critica el número dos del gobierno de Venezuela en la carta.