Acusan al SIN de violar derechos y debido proceso

A fines de 2015 Ana Laura Jiménez (nombre ficticio) encontró un papel en la puerta de su departamento del cual desde lejos se podía reconocer el escudo de Bolivia. Grande fue su sorpresa al ver, cuando recogió el papel, que se trataba de una tercera notificación de Impuestos Nacionales.

“Jamás me llegó ni la primera, ni la segunda”, cuenta esta comunicadora. Cuando consultó  por las dos anteriores notificaciones, en Impuestos  le dijeron que no le llegaron porque tuvieron problemas con el mensajero. 
“Ellos sí pueden fallar, sí pueden saltarse la norma  y hacer los procesos como mejor les convenga, pero los ciudadanos debemos cumplir callados”, reniega esta joven profesional. 
Es cierto que quienes se inscriben en el Padrón Nacional de Contribuyentes (PNC) en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) tienen que cumplir  draconianamente con ciertas obligaciones si es que no quieren ingresar en moras o multas. Sin embargo, para los expertos consultados  la administración tributaria  tiene “un sistema que ahoga al contribuyente”, principalmente  a  los  profesionales independientes o a las empresas unipersonales  inscritos en el Régimen General.
Un sistema injusto y tramposo
“Periódicamente se emiten nuevas Resoluciones Normativas de Directorio del SIN o aplicaciones informáticas (upgrade) que el contribuyente debe conocer y cumplir, caso contrario le significan multas y sanciones. Normativas que el sector informal, por ejemplo, no cumple”, explica el economista y experto en tributación, Hugo Siles. 
En otras palabras, “el contribuyente  debe convertirse en experto en tributación o de lo contrario pagar un contador para así lograr estar al día con la administración”, agrega  un abogado tributario quien pidió mantener su nombre en reserva. 
El profesional sabe de lo que habla, pues  en la actualidad lleva  una serie de procesos en los que se repite el mismo patrón: “en todos los casos existe una vulneración al derecho de un debido proceso,   a la defensa, a la presunción de inocencia y  a presentar alegatos, entre otros”.
Claudio Torres, quien se estableció como una empresa unipersonal hace más de 12 años,  intentó tener sus cuentas al día. “Opté por contratar a una contadora. Siempre confié en ella pero hace un tiempo me enteré que por razones de salud  no había declarado varios meses y por ello ahora tengo una millonaria deuda con el SIN  por multas que se me están aplicando”, cuenta. 
“Más allá del problema con la contadora que estoy tratando de llegar a un acuerdo, lo que me parece injusto  es que nosotros pagamos en bolivianos, pero Impuestos nos saca más por las multas cuando las actualizan según el valor de la UFV, una especie de moneda cuyo valor equivale al doble del boliviano”.
En su caso, Claudio deberá saldar esa cuenta si a futuro no quiere enfrentarse a más deudas.   Sin embargo, su  multa por la no declaración  supera  los 21.000 bolivianos por lo que para un profesional independiente promedio resulta una suma difícil de conseguir.  
El Servicio de Impuestos “presume que  el ciudadano, cuando  no logra declarar en tiempo,   es un infractor sin ver que muchas veces este sistema no es sencillo”, señala el experto en derecho tributario. “En ese sentido, el SIN tendría que generar las condiciones  y materiales para que los ciudadanos puedan hacer ejercicio de sus derechos y obligaciones”, recomienda.
Procesos vulneran al ciudadano
El 2012 Ana Laura  debía al SIN   cerca de 3.600 bolivianos correspondientes al 16%  del monto que había facturado.  En 2015, con los intereses su deuda había subido a más de  5.000 bolivianos. “Más de lo que gano actualmente al mes”, asegura. La joven profesional cuenta que  logró solucionar  sus problemas  porque básicamente tuvo que “molestar” a cuanto funcionario había para lograr saldar esa cuenta pendiente. “En inicio sólo me plantearon la posibilidad de saldar mi deuda mediante  un plan de pagos y así iniciamos el proceso”, recuerda. 
Sin embargo,  vio que esa opción le subía mucho más  la deuda por los intereses, entonces  preguntó si se podía pagar todo al contado. “Recién me dijeron que había esa opción, pero que como ya había iniciado el proceso mediante plan de pagos había que hacer todo un trámite para quitar ese proceso del sistema.  No hay empatía con los ciudadanos.  Sus mismos funcionarios nos hacen meter la pata. Hace unas semanas fui a  cerrar mi NIT pero me enteré  que ese trámite de 2015 tiene un error y que debo subsanarlo mediante otra sarta de formularios. Si me equivoqué fue por culpa de sus mismos funcionarios que asesoran mal”, reniega.
Para el experto en derecho tributario, lo grave del asunto es que el ciudadano se queda indefenso ante este tipo de trato. “No hay donde quejarse. Si se acude a un juez es probable que ese proceso contencioso  tributario vaya a durar 10 años. Si se va  a la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), por lo general   van a confirmar lo que dicen los de Impuestos, pues en esa oficina no hay independencia”.
En efecto, en las estadísticas que presenta la AIT correspondientes a  2016, se detalla que del total de fallos de  impugnaciones atendidas en esa gestión, un 72% fue  a favor de la administración tributaria y sólo un 18% a favor del ciudadano.
Esto, explica el experto, se debe  también a  que la administración permite al ciudadano iniciar su impugnación y defenderse a sí mismo. “El ciudadano acude a esa vía sin mayor conocimiento de los procesos y normativas. Por eso,  la probabilidad de que tenga un fallo a favor es casi nula.   Para impugnar se requiere asesoramiento no sólo legal, sino también de expertos en el área económica. Servicios que también le costarán elevadas sumas”, señala.   
Si de cifras se trata
Hasta   2015, el Servicio de Impuestos Nacionales   registró  un total de 353.226 contribuyentes activos en el Padrón Nacional. Según su memoria 2015, del total de contribuyentes, un 46,7% corresponde a profesionales inscritos como Persona Natural y el 44,5% corresponde a  empresas unipersonales. Es decir que ambos rubros  suman el 91,2% del total del padrón.    
Según la memoria en 2015,  las empresas unipersonales alcanzaron su contribución a  los 3.281,9 millones de bolivianos mientras que en el caso de las personas naturales los aportes alcanzaron  los 839,8 millones de bolivianos, que juntos significan el 12,6% de la recaudación total de ese año. 
Tanto Siles como el abogado tributario  consideran  urgente que el sistema transforme ese trato  que tiene con el ciudadano, pues lejos de motivar el pago del tributo, desmotiva. Página Siete envió un cuestionario a los responsables del  SIN el lunes 27 de marzo con consultas sobre los casos mencionados y sobre el porcentaje de incumplimiento que tienen los ciudadanos inscritos en el padrón. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, el jueves 6 de abril,  los responsables de la institución  no respondieron  a las consultas.

Puntos de vista
Hugo Siles economista y experto en tributación   “Es vital  cerrar la asimetría tributaria”
En general, no sólo en el área tributaria, sino en diferentes áreas como Senasag, Aduana, Ministerio de Trabajo, Alcaldía, entre otras instituciones públicas la burocracia genera altos costos de transacción para los contribuyentes formales y les resta competitividad respecto de los sectores informales que no pagan impuestos ni otras obligaciones sociales.
La  normativa tributaria es un cuerpo fiscal vivo y en continua modificación que genera mayores costos administrativos a las empresas formales. Periódicamente se emiten nuevas Resoluciones Normativas de Directorio del SIN o aplicaciones informáticas (upgrade) que el contribuyente debe conocer y cumplir, caso contrario le significan multas y sanciones. Normativas que el sector informal no cumple. 
Esta asimetría entre formales e informales desalienta las actividades económicas de los primeros. El resultado es el masivo contrabando e informalidad que impulsa un proceso de desincentivo para la inversión, producción y generación de empleo formal. 
En consecuencia, el objetivo es ampliar la base tributaria incorporando a los agentes económicos del sector informal, para que éstos contribuyan al crecimiento y desarrollo. 
Es menester cerrar la asimetría tributaria entre formales e informales para contribuir al desarrollo.

Alberto Pacheco  abogado tributario     “EL SIN tiene un sistema deficiente”
La relación entre el SIN y los ciudadanos es defectuosa, confiscatoria y abusiva. El SIN ha llevado el juego a un nuevo nivel en el cual sólo se respetan los derechos de los sectores agremiados y no así de los profesionales independientes y las pequeñas empresas. 
Quienes al no contar con una voz que se proyecta como gremio y no pueda salir a la prensa a presentar una fundamentada queja,  se convierten en los candidatos ideales para ser desangrados por los permanentes controles tributarios más estrictos. De esta forma, terminan siendo los sujetos sobre los cuales deben volcarse las metas de recaudación y las medidas coactivas para presionarlos al pago cuando en algunos casos no procede ni por asomo.  
El contribuyente tiene que tener todo en regla, pues el  SIN tiene  una vasta normativa tributaria, periodos de presentación poco claros, altas multas y un deficiente sistema de control por los que fácilmente   puede caer en fallas  o termine   enterándose directamente en instancia coactiva o cuando sus bienes ya han sido anotados preventivamente y sus cuentas congeladas. 
Eso es lo que debe cambiar. No necesitamos un pequeño sector sobre el cual recaiga todo el peso tributario. Requerimos tener una normativa que baje las alícuotas pero que alcance a todos.   Necesitamos  crear impuestos que  todos paguen en igualdad de condiciones ante la ley.