La democracia une a 6 líderes opositores

Por vez primera, en 11 años de Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), dos expresidentes, un exvicepresidente y tres jefes de partidos de la oposición suscribieron una declaración conjunta en “defensa de la democracia y la justicia”, en la que denuncian la persecución, el control de los órganos electorales departamentales, además de demandar el respeto a la voluntad del pueblo sobre la repostulación de Evo Morales y una adecuada elección de magistrados.

Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Víctor Hugo Cárdenas, Rubén Costas, Luis Revilla y Samuel Doria Medina expresaron su posición, a través del documento, de trabajar de manera coordinada y unida para denunciar “ante la opinión pública nacional e internacional las acciones gubernamentales” que amenazan a las libertades ciudadanas en Bolivia.

Según el Movimiento Al Socialismo (MAS), hay objetivos políticos electorales, “tienen miedo enfrentarse solos a Evo”, declaró el oficialismo.

Para los analistas, la oposición está tomando conciencia de lo que ocurre en Ecuador y Venezuela y este pronunciamiento puede ser el origen de un proyecto serio para enfrentar a Evo Morales.

El acto de presentación de la  “Declaración conjunta en defensa de la democracia y la justicia” se realizó en un céntrico hotel de la ciudad de La Paz, tenía como única finalidad poner en conocimiento de la ciudadanía el documento que concentra cinco temas que alertan sobre ciertas actitudes del partido gubernamental destinadas a alterar o sustituir la voluntad soberana del pueblo en la conformación de los diferentes órganos del Estado y la construcción de los valores y derechos que hacen a la democracia.

En la declaración se advierte sobre la “judicialización de la política”, toda vez que el “Gobierno ha roto los límites de la independencia y coordinación entre poderes, ha transformado al Órgano Judicial en un instrumento de persecución política y ha violado normas o ha creado normas a su medida, para facilitar sus acciones en contra de sus adversarios”.

“Nosotros, igual que cientos de conciudadanos, estamos sometidos a procesos y juicios cuyo único objetivo es descabezar a quienes expresamos ideas y posiciones distintas y críticas de quienes gobiernan”, se indica.

Por otra parte, a tiempo de destacar el papel del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el referendo de 2016, observan la conformación de los tribunales departamentales electorales debido a que la mayoría de sus integrantes tienen afinidad con el partido gubernamental.

“En un número muy significativo tienen afinidad con el Movimiento Al Socialismo y sus máximos dirigentes, y no garantizan la imprescindible neutralidad del Órgano Electoral”.

Sobre el respeto a la soberanía del pueblo y su expresión en el referendo del 21 de febrero, en el documento se recuerda que Bolivia se pronunció con claridad en contra del intento de una nueva postulación del presidente Evo Morales. “Por tanto, exhortamos con vehemencia a los gobernantes y a todos los funcionarios del Estado a respetar el voto del pueblo”.

“Cualquier intento de forzar una nueva postulación del Primer Mandatario será inconstitucional y le dará la espalda a la soberanía inalienable de los bolivianos”, destaca.

Un cuarto aspecto que aborda refiere a las “elecciones judiciales” y el fracaso que representó el proceso de 2011 que incidió directamente en el Órgano Judicial, por lo que los suscriptores  del acuerdo plantean un mecanismo para la preselección de los candidatos que pugnarán por cargos en los altos tribunales de justicia del país, el 22 de octubre. Para evitar incurrir en los errores del pasado, proponen que la Asamblea nombre una Comisión Independiente que haga una evaluación meritocrática de los postulantes y que su calificación tenga un carácter vinculante.

Persecución

Finalmente, se anuncia la elaboración de un informe documentado sobre la persecución política en los últimos 11 años, para hacer conocer a los organismos internacionales “la situación crítica que vive la democracia boliviana.

Por último, los seis firmantes afirman que trabajarán unidos para denunciar ante la opinión pública nacional e internacional las acciones gubernamentales que pongan en entredicho las libertades ciudadanas en Bolivia.

“Para conseguirlo, haremos pública toda arbitrariedad presente y futura que judicialice la política, impulsaremos un informe serio”, resalta.

FUE UN LARGO PROCESO

El documento suscrito por los expresidentes Carlos Mesa, Jorge “Tuto” Quiroga, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y los jefes políticos Luis Revilla de Soberanía y Libertad, Rubén Costas de los Demócratas y Samuel Doria Medina de Unidad Nacional, no se gestó de la noche a la mañana, proviene de un trabajo que duró varias semanas, sostienen personas cercanas a este proceso.

De acuerdo con las explicaciones, la idea surgió por las constantes persecuciones político-judiciales de las que son objeto los representantes partidarios, y pusieron como ejemplo el proceso que se instauró contra de Doria Medina y Ernesto Suárez, entre otros.

“Estos hechos, en el que casi todos tienen procesos instaurados por el Gobierno y que tiene como único objetivo inhabilitarlos para la próxima contienda general, pero además la intención del MAS de desconocer el referendo del 21 de febrero y la búsqueda de otros mecanismos para habilitar a Evo Morales, son puntos que determinaron que se construya un documento que demandó una serie de reuniones entre los líderes para que se afine en por lo menos cuatro semanas”, explicaron.