Industriales y fabriles apoyan control de ropa usada

La Cámara de Industria de Cochabamba y la Federación Departamental de Fabriles apoyaron hoy las leyes que gestiona el Gobierno para luchar contra el contrabando de mercancías usadas y denunciaron que este delito deja pérdidas de 40 millones de dólares al sector.

“Vemos con buenos ojos la ley que el Gobierno pretende promulgar para prohibir la comercialización de la ropa usada a través de competencias y facultades de los municipios. Es momento que nos pongamos la mano al pecho y no apoyar al contrabando”, dijo el presidente de la Cámara de Industria, Antonio Fernández.

En la misma línea el dirigente de la Federación de Fabriles de Cochabamba, Mario Céspedes, dijo que el contrabando de ropa usada provoca desempleo y crisis en la industria nacional, por lo que pidió que se elimine este delito y se fomente el consumo de productos bolivianos. “Más producto nacional es más industria y esto significa más empleo digno”, aseveró.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el contrabando de ropa usada genera pérdidas por 40 millones de dólares por año al sector textil formal, se calcula que 8 mil toneladas de este producto ilegal ingresan al país en ese mismo periodo, explicó Fernández

Esto significó un decrecimiento del aporte del sector al PIB de 1,5 por ciento en 2006 a un 0,7 por ciento en 2016. Si el 2006 la industria textilera crecía a un ritmo de 3 por ciento anual, en 2014 el dato bajó a 1,1 por ciento, lamentó Fernández.

Según la Aduana Nacional desde enero de 2010 hasta abril de 2014 se decomisaron 62.276 fardos de ropa usada de contrabando.

Por departamentos, la región que mayor ingreso de ropa usada tiene en Oruro con 58,8 por ciento, seguido de La Paz con 19,08 por ciento y Cochabamba con 14,31 por ciento.

Por otro lado, los industriales rechazaron las movilizaciones anunciadas por los comerciantes de ropa usada y descartaron convocar a medidas de presión.

Sin embargo, los denominados “ropavejeros” se reunirán hoy con el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, para analizar esta nueva normativa.

El pasado 13 de abril, el vicepresidente Álvaro García Linera presentó el proyecto de ley de Asignación Competencial para la Comercialización de Mercancías Usadas a la Asamblea Legislativa. El objetivo es controlar al interior de los mercados la comercialización de mercancía usada.

Esa iniciativa otorga a los Gobiernos Autónomos Municipales y Autónomos Indígenas Originarios Campesinos la responsabilidad de “realizar el control y decomiso de mercancías usadas prohibidas de comercialización.