Sospechan de recursos públicos extra para universidades

Siete universidades públicas, casualmente las que participaron en la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, firmaron con el Gobierno una subvención extraordinaria por Bs 70 millones a distribuirse para enfrentar sus problemas presupuestarios. Y eso, ha planteado ayer el senador opositor Óscar Ortiz, levanta sospechas de un posible uso político de los recursos estatales como ‘premio’ a las instituciones académicas cuyas autoridades cumplieron el rol de dar legitimidad a un proceso que él y su bancada cuestionan.

En efecto, entre las universidades beneficiadas están las que colaboraron en el proceso de preselección y no figuran otras casas de estudios superiores, como la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y la Universidad San Francisco Xavier, de Chuquisaca. Pero, para la senadora del MAS, Adriana Salvatierra, no tiene valor esa acusación porque mezcla cosas diferentes.
El convenio fue suscrito el 29 de agosto y la oposición remarca el hecho de que eso fue un día antes de la selección realizada en la Asamblea, por lo que este beneficio le “parece un premio por acompañar la preselección”, mientras que para el MAS esa denuncia es una bajeza “moral e intelectual”.

En la sesión del 30 de agosto se seleccionó a los candidatos que quedarán en la papeleta electoral para que el electorado elija a las autoridades para cuatro instancias judiciales.

El ministro de Economía, Mario Guillén, anunció que el Tesoro General del Estado erogó de forma extraordinaria Bs 70 millones que se distribuyeron entre las siguientes casas de estudios: Universidad Técnica de Oruro, Universidad Autónoma Tomás Frías, Universidad Nacional Siglo XX, Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (Tarija), Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Santa Cruz), Universidad Autónoma Mariscal José Ballivián (Beni) y la Universidad Amazónica de Pando, participantes de la preselección.

El senador Ortiz, en rueda de prensa, sostuvo: “Acá tenemos el convenio firmado entre el Ministerio de Hacienda y solo siete universidades públicas, justo el 29 de agosto, un día antes de que comience el debate en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo llamativo de este convenio? Que le da soporte presupuestario adicional solo a las universidades que se mantuvieron acompañando el proceso de selección judicial. ¿Quiénes quedan fuera del convenio? La UMSA, la Universidad San Francisco Xavier y la UPEA, casualmente las que criticaron el proceso, se retiraron y denunciaron irregularidades”.

De hecho, el documento establece textualmente: “Respecto a la Universidad San Francisco Xavier, la UMSA y la UPEA se continuará en el proceso de negociación y una vez concluido el mismo, el Ministerio de Economía y el CEUB refrendarán los incrementos mediante un convenio elaborado en función de los preacuerdos alcanzados con cada universidad”, se lee.

No están de acuerdo con él las autoridades académicas de la UTO. Carlos Antezana, rector de la Universidad Técnica de Oruro, que participó en el proceso, señaló que no existió ningún premio ni reconocimiento. “El Gobierno dio un paliativo respecto al déficit que se tiene como sistema universitario, seguiremos negociando, y el viernes tenemos otra reunión con el Ejecutivo para garantizar la estabilidad de la universidad con el presupuesto de 2018”, dijo.

Ortiz lamentó que algunas autoridades académicas de estas siete universidades “se hayan jugado el prestigio de las instituciones que representan solo por una asignación adicional de presupuesto. Lo que queremos denunciar a la opinión pública es que el acompañamiento que hicieron algunas universidades públicas a un proceso que sus mismos colegas denuncian de irregular, no fue gratis. Fue un tema de premios y castigos, utilizando los recursos de todos, utilizando el Presupuesto General de la Nación”, agregó el legislador.

Pero su colega Salvatierra, del MAS, dijo que la denuncia de Ortiz “es una bajeza” y resaltó que “solamente la UMSA, en algún momento, anunció que podía participar. Y se debe aclarar que la UPEA nunca mencionó siquiera la posibilidad de enviar a algún delegado al proceso”.
Mientras tanto, la Universidad San Francisco Xavier “sí participó en el primer proceso de preselección para el Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental. Además, envió su banco de preguntas para el segundo proceso para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional”.

La legisladora lamentó que “hacer un cálculo binario, atentar y faltar al respeto al sistema universitario de Bolivia a título de que se los hubiera premiado, creo que no tiene sustento alguno. Es una bajeza intentar instalar en la opinión pública que existió algún tipo de intercambio”, complementó.

Entre marzo y abril, el sistema universitario se integró al proceso. “Jamás fue a una sola sesión de comisión, se enteró en la Asamblea o por los medios, que aprenda de su colega Rosemary Sandóval, que sí estuvo y no hizo declaraciones tan carentes de sentido”, dijo.

El rector de la UTO resaltó que su aporte a la preselección solo fue técnico. “Se puede mejorar más adelante. La experiencia tuvo observaciones y ni qué hacer, se generó algún tipo de divisiones internas”, indicó.

La situación de la UMSA es diametralmente opuesta. De hecho, el viernes, la UMSA marchó por las calles de La Paz, explicó su rector Waldo Albarracín, “para sensibilizar y generar predisposición en la autoridad para lograr un presupuesto a partir de una actitud que sea constructiva”. Hasta el momento, no hay acercamiento, por el contrario, denunció que hay persecución. “No me hago problema, desde que trabajé en derechos humanos me acostumbré a ese tipo de presión del poder”, manifestó.

La UMSA no participó en el proceso de calificación de precandidatos para las elecciones judiciales. Sobre la subvención, no quiso ir más al fondo del asunto, pero apuntó: “Esperemos que habernos opuesto al proceso no repercuta en nuestra demanda de presupuesto, porque son dos temas distintos. No nos vendemos ni nos alquilamos, defendemos principios”.

Advirtió que del proceso el sistema sale mal parado. “Porque perdimos la oportunidad histórica de seleccionar a los más probos, esto no está en la lista. Mi temor es que se repita la historia”, agregó.

En el análisis y la evaluación, los rectores consultados coinciden en que el proceso sembró, una división en el sistema, que hasta antes había permanecido compacto.

Javier Blanes, hasta hace una semana rector de la Juan Misael Saracho, dijo que “hubo mucho manoseo. Se ha politizado todo desde el interior y eso ha generado que se rompa la unidad del sistema universitario”. Pero estableció que en ningún caso se produjo una suerte de compensación.

¿Un plebiscito?

1.- El jefe nacional de UN, Samuel Doria Medina, dijo que todo empuja a que el voto de diciembre se convierta en un plebiscito. “No creo que se llegue a esta elección porque tiene un carácter de plebiscito. No solamente se votará sobre el tema judicial, sino sobre la gestión de Gobierno, y por eso, afirmó, “el Ejecutivo tratará de buscar una salida para no ir a una derrota contundente”.

2.- La senadora del MAS Adriana Salvatierra apuntó que “por supuesto que la oposición quiere convertir esto en un escenario plebiscitario”, porque “no tiene una sola victoria electoral, ni siquiera el 21F, e intenta generar espacios plebiscitarios para ver si puede articular rechazos, porque no logra articular estructuras”.

Piden poner una casilla que valide el voto nulo
Surgen movimientos ciudadanos que tienen el objetivo de apoyar y que se tome en cuenta el voto nulo en las elecciones de diciembre. 
La plataforma Generación 21 ofreció ayer una conferencia de prensa en Santa Cruz. El dirigente Christian Tejada señaló que entregó una nota al TSE, “donde exigimos que ponga en la papeleta el voto ninguno, para que el Gobierno se entere que la población no está de acuerdo con esta barbarie”, manifestó. Hasta el viernes, habilitarán un libro con firmas. Hay otras iniciativas en el mismo sentido.
El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, señaló que esta opción es inviable. “No existe eso, no hay esa posibilidad. Ya se descartó cuando ellos hicieron una propuesta en ese sentido, al inicio del proceso. No está de acuerdo a la Constitución, entonces, las reglas ya están planteadas”, y es por mayoría simple.