Estudio: examen oral sirvió para favorecer candidatos

“El especialista Enrique Velazco, demuestra que la nota de la entrevista oral dada por los parlamentarios oficialistas de la comisión respectiva fue crucial para la decisión tomada  en el plenario sobre los elegidos.
El análisis establece que la nota de la entrevista fue utilizada tanto para “bajar” la calificación global del candidato o para subirla desproporcionadamente.
Hay casos notables como los de Eve Carmen Mamani, de Oruro, que tuvo 50% en méritos y análisis del currículum vitae (CV), pero que logró un 85% de nota en la entrevista. Eso le permitió ser elegida como candidata por el plenario y su nombre estará en la papeleta.
Casos similares son los de Leslie Diana Cedeño y Carolina Tania Cabrera, ambas de Santa Cruz.

La primera tuvo la peor nota por méritos y CV de ese departamento (48%), pero después la comisión le dio 85 puntos, con lo que tuvo una calificación razonable para ser designada por el plenario. La segunda tuvo 40% de nota en el examen escrito (una de las cuatro del total que se aplazó en el examen), pero sorpresivamente la comisión le dio 83 puntos. También su nombre figurará en la papeleta.
Otro ejemplo parecido es el de Julia Elizabeth Cornejo, de Tarija. Cornejo tuvo sólo 45% en méritos y hoja de vida, pero 82 en la entrevista oral y después fue elegida por el plenario.
En total, el 78% de todos los candidatos (sin contar Beni, que sólo tenía cuatro postulantes, el mínimo necesario) que recibieron las mejores notas en el examen oral por departamento, fueron finalmente elegidos por el plenario. Lo que demuestra, según Velazco, que esa calificación fue la “utilizada” por el oficialismo para “alentar” o “descalificar” candidatos.
Si se analizan en cada departamento las cuatro mejores notas de las dos primeras fases (32 candidatos en total, sin contar  Beni), 16 de ellos (la mitad) fueron marginados mediante el mecanismo de la nota de la entrevista oral.
El mecanismo, como se ha visto, sirvió para que quienes tuvieron notas muy bajas en las dos primeras fases (méritos y examen escrito), “subieran” con la nota de la entrevista, pero también ocurrió lo contrario: a veces a los mejores candidatos de esas dos fases, la comisión les “bajó” la nota de manera evidente en la entrevista.
Uno de los casos más interesantes en ese sentido es el de Félix Huanca, de La Paz, que tuvo un promedio de 79,6 en las dos primeras fases. De hecho, Huanca logró 98 puntos en la fase de méritos, el mejor del país. La comisión, sin embargo, presuntamente para anularlo, le puso de nota solamente 63. No estará en la papeleta.
Un caso similar es el del chuquisaqueño Paul Amílcar Tolavi, que tuvo el mejor promedio de ese departamento en las dos primeras fases (74,6%), pero fue “castigado” por la comisión, que le puso 62 puntos. Con lo que quedó fuera de la designación.
Otro caso notable es el de Julio Veizaga, el mejor calificado de Cochabamba de las dos fases previas (76,9%). La comisión, sin embargo, le puso 46, la nota más baja de ese departamento, con lo que quedó  fuera de carrera.

La diputada de Unidad Demócrata, Jimena Costa, sostuvo que este análisis expone la metodología usada para “maquillar” el proceso. “El 2011 lo hicieron sin disimulo porque podían, tenían mucho apoyo. Ahora ya no, y por eso no les quedó otra que hacer esta farsa para ‘filtrar’ a sus allegados”, afirmó.

La legisladora sostuvo que queda claro que el Movimiento Al Socialismo  hará lo que sea necesario para reproducir el poder y  repostular al  presidente  Evo Morales.

“En este caso, como la ciudadanía pedía capacidad y meritocracia, optaron por ‘falsificarla’: primero, incorporando al sistema universitario, previo acuerdo de incremento de presupuesto con aquellas que le son cercanas para que se hagan cargo de las preguntas del examen escrito haciéndolo manejable hasta para bachilleres; segundo, mandando a postularse a todos los abogados que trabajan en distintas reparticiones del Estado o a sus adherentes; tercero, al margen de sus méritos, les subieron las notas en las entrevistas para luego afirmar que ‘son los mejores’; cuarto, pusieron sólo a candidatos azules para que una vez posesionados validen y legitimen una de las cuatro vías de re-re-re elección, sin tomar en cuenta la decisión del pueblo boliviano el 21F”, explicó Costa.

Desde el  oficialismo se rechazó el análisis, dado que -se sostuvo- en la entrevista se jugaron “sólo” 30 puntos de los 100 en juego; y además se argumentó que en el examen  oral “todos” evaluaron.

“(Es un trabajo) sin fundamento, sin conocimiento de todo el proceso que se ha dado. Muy a priori ese criterio. La entrevista simplemente tuvo un porcentaje de 30 puntos. Es decir: en el mejor de los casos un postulante excelente podría haber obtenido 70 puntos sin la entrevista. Y la entrevista se ha circunscrito básicamente a tres preguntas: Una referente al área, otra a la especificidad de lo que se   postula y una a la propuesta. Y han evaluado absolutamente todos. ¿De qué manera se podría haber favorecido a una o a un candidato?”, afirmó el diputado  Víctor Borda.

El proceso de evaluación

• La  puntuación El artículo 18 del Reglamento de Preselección de Postulantes establece que el proceso de evaluación tendrá un valor de 100 puntos, distribuido de la siguiente forma: 1) Evaluación curricular: 40 puntos; 2) Evaluación escrita: 30 puntos; y 3) Entrevista: 30 puntos.
• La habilitación  “Se habilita a la fase de  entrevista  el postulante que haya obtenido una puntuación mínima acumulada de 26 puntos entre la evaluación curricular y la evaluación escrita”, indica el inciso uno del  artículo 21 del Reglamento de Preselección de Postulantes.

Enrique Velazco Reckling: “Los candidatos al TCP  no son producto de una selección idónea” 
Para mi “predicción” simplemente seleccioné a los postulantes que obtuvieron calificaciones altas en las entrevistas. Haber logrado tan alto grado de precisión, implica que la ALP (Asamblea Legislativa  Plurinacional) ignoró los méritos y es, además, otra evidencia de la intrascendencia de los exámenes del CEUB (Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana).

La explicación más plausible para el conjunto de indicios que surgen del análisis realizado es que los candidatos al TCP  no son producto de una selección idónea, y es incluso muy posible que hubieran estado identificados desde el inicio del proceso, como muchos sospecharon.   Efectivamente, entre los elegidos como candidatos al TCP casi el 20% (6 de las 36 personas) no tiene la formación mínima o se aplazó en el examen. Esto tiene implicaciones muy peligrosas para la institucionalidad y para la preservación de nuestra democracia, ámbitos en los que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por ejemplo, tiene competencias y responsabilidades muy específicas asignadas por la CPE: por mandato constitucional, el TSE debe garantizar a la sociedad el derecho al ejercicio pleno y transparente de la democracia, tarea que sin duda incluye el origen y la idoneidad de los candidatos sobre los que ejerceremos el derecho al voto.

Argumentar, sea ahora en la ALP  o luego en el TSE que administrará el 3D, que “se cumplió el reglamento” no exime de la responsabilidad mayor frente a la sociedad; aunque la ALP hubiera cumplido estrictamente los pasos, el ejercicio muestra que la ALP ni buscó ni  logró el objetivo de asegurar que la ciudadanía ejerza su derecho a elegir entre candidatos que efectivamente puedan aportar a construir una mejor institucionalidad, capaz de garantizar un sistema judicial que promueva el desarrollo integral, sostenido, inclusivo y respetuoso de la naturaleza que les debemos heredar a nuestros hijos y nietos. Y que el TSE entregue resultados pronto, no repara el daño causado si proclama “ganadores” a personas que fuera de no tener legitimidad, no tengan un apoyo mínimamente significativo de la población.