Sancionarán con cárcel a quienes se atribuyan derechos del pueblo

Con el argumento de evitar que grupos de personas se atribuyan la representación del pueblo, las marchas de protesta serán penalizadas entre dos y cuatro años de prisión, según el artículo 294 del Código Penal, aprobado en Diputados. La oposición advierte sobre el riesgo de persecución a quienes discrepen con el MAS. El oficialismo dice que la sanción se aplicará a manifestantes que vayan contra un gobierno democráticamente elegido y que generen inseguridad.

El proyecto del Sistema de Código Penal en su artículo 294, que lleva el título Atribuirse los derechos del Pueblo, establece: “Las personas que formen parte de una fuerza armada o grupos de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y pretendan ejercer tales derechos a su nombre serán sancionadas con prisión de dos a cuatro años y, cuando corresponda, inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo”.

La diputada de Unidad Demócrata (UD) Eliane Capobianco denunció el riesgo de persecución que implica este artículo modificado. “El Gobierno respaldado en esta norma perseguirá a la oposición y a los ciudadanos que opinan diferente al MAS”, sostuvo.

El 10 de octubre pasado, en la conmemoración de los 35 años de la recuperación de la Democracia, en ciudades capitales diferentes colectivos ciudadanos y militantes de partidos de oposición se movilizaron contra el plan del MAS de habilitar a Evo Morales para los comicios de 2019 pese al resultado del referendo del 21 de febrero, cuando un 51.3% de los electores dijo No a la reelección.

Según Capobianco, el MAS busca evitar similares movilizaciones masivas. “Así nadie va a poder protestar. Las autoridades dirán: ‘este grupo se está atribuyendo los derechos del pueblo’ y van a iniciar procesos penales contra todo aquel colectivo o ciudadano que se ponga al frente”, dijo.

El artículo del Código Penal observado fue aprobado la semana pasada por el pleno de la Cámara de Diputados. En el debate de la norma -según Capobianco- el diputado Manuel Canelas (MAS) solicitó una aclaración y que se especifique el tipo penal, pero la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, no le dio curso.

“Se hizo las observaciones en la plenaria; sin embargo no fueron atendidas por la presidenta. Sólo aceptó una pequeña modificación: reunión de personas por grupo de personas”, explicó la asambleísta. Agregó que este modelo de penalización ya se aplica en Venezuela.

“El Gobierno busca amedrentar a la ciudadanía ante la posibilidad de que los bolivianos salgamos a protestar contra su régimen”, advirtió la diputada.