La CIDH insta al Gobierno a que indague muertes en Palmasola

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa, mediante un comunicado, su preocupación por el resultado del operativo policial realizado en la cárcel de Palmasola, el pasado 14 de marzo, y urge al Estado boliviano a que investigue y esclarezca los hechos.

“La Comisión Interamericana urge al Estado a investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como a identificar y sancionar a los responsables”, señala parte del comunicado publicado ayer en su página web.

El organismo recuerda que el 14 de marzo al menos 2.300 policías ingresaron al penal cruceño con el objetivo de restablecer el orden dentro del PC4 debido a que en el lugar grupos de poder mantenían el control del penal.

Esta intervención dejó siete privados de libertad muertos por bala, otros 19 heridos, y siete policías también resultaron heridos, tres por arma de fuego.

La CIDCH recabó testimonios de mujeres que fueron desalojadas del penal para proceder al operativo. “Éstas habrían sido golpeadas y despojadas de todas sus pertenencias”.

En el documento, el organismo internacional asegura que las autoridades del Estado tienen el deber  de garantizar el buen orden y la seguridad interna en las cárceles, y en ese sentido las requisas o inspecciones son un mecanismo necesario para decomisar efectos ilegales o para prevenir tentativas de evasión.

“Sin embargo, estos procedimientos deben practicarse de acuerdo con protocolos claramente establecidos en la ley, de forma tal que se respete el derecho a la integridad personal de los reclusos, y sin un uso desproporcionado de la fuerza”.

La Comisión enfatiza que el Estado boliviano “tiene la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia”.

Asimismo, pide que estas investigaciones deben estar orientadas a establecer las responsabilidades materiales e intelectuales de los hechos y “la posible responsabilidad de autoridades, sea por acción u omisión”.

Insta, por otro lado, a que el Estado debe proveer atención médica adecuada a las personas que resultaron heridas.

“Estos lamentables hechos que representaron pérdidas irreparables, toman lugar en una cárcel caracterizada por altos nivel de hacinamiento, y condiciones deplorables que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”, dijo el relator de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, comisionado Joel Hernández.

“En este contexto, resulta preocupante que dicho recinto alojará también a decenas de mujeres con sus hijos e hijas. Los establecimientos penitenciarios deben brindar a las personas detenidas espacios que garanticen su vida y seguridad, pues se encuentran bajo la custodia directa del Estado”.

El operativo que para el Gobierno fue “un éxito”

Horas después de conocer sobre las siete muertes durante la intervención de  la Policía en la cárcel de Palmasola, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, calificó el operativo como “exitoso”.

“Se ha podido identificar que desde Palmasola ya se estaba manejando el crimen fuera del penal y eso ha sido lo que ha motivado este operativo. Es un operativo exitoso. Hoy hemos podido tomar el control de todo el recinto penitenciario”, declaró la autoridad desde la ciudad de Santa Cruz, cuando aún se trataba de conocer la identidad de los fallecidos y de los heridos.

Basó su argumento en que desde hace mucho tiempo el sector del PC4 estaba en manos de al menos dos grupos de poder que se dedicaban a extorsionar a los otros reos con los llamados “seguros de vida”, transacciones en Tigo Money, entre otros.

Pero, al mismo tiempo, ambos bandos eran enemigos a muerte porque cada cabecilla quería tener el poder por completo.

No obstante, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio una conferencia días después del operativo y aseguró que el motivo principal para haber intervenido fue la información de que iba a haber una fuga masiva  de los reos del PC4 con un ataque a la Policía; asimismo, recibieron una serie de denuncias que llegaron de privados de libertad, quienes  pedían ayuda urgente por ser amedrentados.

La Iglesia Católica manifestó, por su parte, que el operativo policial con muertes no fue otra cosa que un “fracaso”. A esta crítica se sumó el defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, quien lamentó que la intervención haya terminado con siete reclusos muertos y dijo que tras el motín del 4 de marzo su autoridad había advertido sobre la tenencia de armas de fuego entre los presos para que se tomen previsiones.