La Caja II del Lava Jato

La diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero no debiera preocuparse tanto en encontrar a los infractores de casos de corrupción ligados a los famosos sobornos que la constructora Obedrecht repartía por varios países limítrofes y muchos otros alrededor del mundo. La diputada está en la franca tarea de apuntar a algunos políticos puestos al alcance de su mira por participar del botín que se ha convertido en el mayor festín de actos de corrupción al que le siguen sistemas de delación premiada que ha llevado presos a un importante número de políticos y empresarios.

El caso de Brasil es descriptivo con detenciones que podrían ser imposibles hace algún tiempo. Eso de la independencia de los poderes del Estado en el gigante latinoamericano se ha puesto a funcionar como una máquina por los resultados de la investigación que ha sellado la suerte de varios líderes de primera línea. Recientemente, en el Perú, los esposos Humala (Nadine y Ollanta) que habían acabado su gestión con aires de volver a la disputa electoral, han salido de la cárcel luego de más de ocho meses de detención; privados de libertad y bajo arresto domiciliario, la justicia los sigue investigando por lavado de dinero y contratos lesivos al Estado.

Aún mientras la investigación continúa, el exmandatario Pedro Pablo Kusinsky tuvo que renunciar por los mismos motivos del caso Lava Jato. La caja II en poder de la justicia brasileña apunta ahora a la presidenciable Keiko Fujimori que habría recibido fondos de Odebrecht. Más cerca, en Bolivia, se ha articulado una ofensiva para identificar las iniciales CM del escándalo bajo cuya insignia pesarían irregularidades. Todo a poco más de un año de las elecciones de 2019 en medio de un ambiente en el que se respiran campañas anticipadas.

Se trata de un caso que es rastreado por todos los servicios de inteligencia del mundo; por lo que sin tanto indagar en Bolivia, los files de la información que la Justicia brasileña posee entre manos; una irremontable lista de poderosos ensuciados en la comisión de delitos de orden internacional, en el que, además, colaboran los sistemas judiciales y policiales de varios países involucrados.