Suspensión de audiencias favorece a traficantes de jaguares

Por séptima vez fue suspendida la audiencia de medidas cautelares contra ciudadanos chinos imputados por tráfico de piezas y depredación de jaguares. La defensa del caso, que es la Dirección de Defensa del Patrimonio Natural, cuestiona la actuación de la Gobernación de Santa Cruz, donde se sigue el proceso, debido a que las tres últimas suspensiones serían a petición de esta, afirmó Rodrigo Herrera, defensor del Estado.

Entretanto, expertos afirman que de continuar la indiscriminada caza de jaguares, esta especie se extinguiría en los siguientes dos años.

“Esta es una noticia muy triste. El jaguar es el felino más grande de Sudamérica y el tráfico del mismo ocurre también en países vecinos como Perú y Brasil. La piel, los colmillos y las garras son piezas muy requeridas en países asiáticos, donde tienen precios impensables que triplican el costo con el que se venden en el país”, apuntó.

Ante tal advertencia, activistas ambientalistas y autoridades encargadas de proteger el patrimonio natural exigen denunciar formalmente y aplicar sanciones de manera ejemplar a los ciudadanos de nacionalidad china que sean imputados por el tráfico ilegal de piezas de jaguar y otras especies silvestres.

30 CASOS

Entre 2014 y 2018, los casos de tráfico de piezas de jaguar suman 30 y ninguno se logró sentenciar en el país. “Excepto un ciudadano chino que fugó del país, burlando toda la normativa boliviana, pero fue capturado y encarcelado en el suyo, con sentencia de cuatro años de privación de libertad y multa de $us 10 mil”, refirió Herrera.

“En este caso, nuevamente se suspendió ayer la audiencia, porque la Gobernación de Santa Cruz ha pedido suspenderla para que se realice una inspección ocular a las viviendas de los ciudadanos chinos. Esta inspección se realizará mañana (hoy miércoles) y esperamos que la audiencia finalmente se realice a las cuatro de la tarde”, afirmó Ana Serrano, líder de la organización “Amor por los Animales-Bolivia” (Aplab).

Serrano remarcó el riesgo que corre el caso de quedar sin solución, debido a la libertad otorgada a ciudadanos de nacionalidad china, quienes podrían huir ante la preocupante dilación del caso. La orden de arraigo emitido contra los implicados, para Aplab no es garantía debido a la extensa frontera que tiene Santa Cruz con países vecinos.

Con el objetivo de exigir a las autoridades judiciales y departamentales, los activistas recolectaron cerca de 20 mil firmas con las que piden prontitud en las acciones, considerando que la denuncia data de febrero de este 2018.

“Valoramos que la Gobernación de Santa Cruz sea parte querellante, pero estas dilaciones no preocupa”, manifestó la activista.

EVIDENTE DILACIÓN

Por su parte, desde la asesoría jurídica del Viceministerio de Medioambiente, el abogado Rodrigo Herrera manifestó la preocupación de este despacho, por la evidente dilación de este proceso. “La ciudadanía deber tener claro que estas dilaciones no sólo son atribuibles al fiscal o al juez que no asistió a una audiencia, las tres últimas audiencias fueron suspendidas por la Gobernación de Santa Cruz”, remarcó.

Herrera recordó que este caso inicia con un operativo a un inmueble donde en flagrancia se encontró a ciudadanos de nacionalidad china en posesión de colmillos de jaguar, por lo que el ilícito está plenamente constatado con actas de secuestro y allanamiento correspondientes.

“Entendemos las sugerencias que hace la Gobernación (de Santa Cruz) pero las consideramos innecesarias y dilatorias. Esta es la tercera audiencia que se suspende por alguna situación que la Gobernación está pidiendo”, señaló, a tiempo de demandar una actuación legal, eficaz y eficiente con las sanciones más altas que la normativa nacional lo permite, dentro de un tiempo razonable.

En este contexto, además de los daños que se ocasiona al patrimonio natural, Herrera hizo notar a la Gobernación de Santa Cruz los costos que implican estos casos, como el pago de traductor y otros que debe cubrir como acusadores particulares.