Aunque el Gobierno nacional y el municipio de Roboré llegaron a un acuerdo en relación a la problemática generada por asentamientos en áreas protegidas, el Bloque Cívico de la Chiquitanía, que incorpora a varios municipios, considera que el arreglo no responde a su principal demanda de prohibir nuevos asentamientos en esta región.

Según el presidente de esta institución, José Serrate, en los municipios de la Chiquitanía (seis en total) actualmente no existen tierras fiscales disponibles, por lo que el Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), debe evitar la emisión de nuevas resoluciones de asentamientos para comunidades provenientes del interior del país.

“No es posible que sigan mandándonos gente de afuera cuando acá tenemos tanta gente que no tiene tierra. Si hubiese tierras fiscales, porque ya no las hay, el Gobierno debería repartirla a la gente que tenemos en el pueblo y no seguir trayéndonos gente de afuera”, indicó el dirigente cívico.

El punto 6 del acta de acuerdo firmada entre el Gobierno nacional y las autoridades municipales y cívicas de Roboré, además de un grupo de alcaldes de municipios de la Chiquitanía, establece que “se conformará una comisión técnica jurídica interinstitucional que revisará la compatibilización de las normas en relación a las áreas protegidas y reservas forestales”.

Esta determinación no es compartida por la mayoría de las autoridades de la Chiquitanía. Según Serrate, existen asentamientos humanos avalados por el INRA en áreas protegidas como El Copaibo, en Concepción, donde habitan al menos 80 comunidades en una superficie de aproximadamente 30 mil hectáreas.

Los asentamientos también se han dado en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, en San Ignacio.

Anteriormente, agrupaciones afines al Gobierno reclamaron por la nueva autoridad designada del INRA en Santa Cruz, asegurando que no hubo consenso. Estas personas son acusadas de invadir áreas protegidas.

GOBIERNO NIEGA LOS AVASALLAMIENTOS

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, informó el pasado miércoles que la dotación de tierras fiscales no se realiza, en ningún caso, en áreas protegidas, puesto que se respeta la circunscripción de éstas.

Sin embargo, Serrate aseguró que existe cinismo en las autoridades de Gobierno, puesto que primero autorizan dichos asentamientos y luego lo niegan. Cocarico admitió que existen grupos de personas que, pese a no tener autorización, ingresan e intentan establecerse en áreas protegidas.