Gob. destinó bonos soberanos a más de 80 proyectos no rentables

En los años 2012, 2013 y 2017, el Gobierno colocó bonos soberanos en los mercados de capital internacional y con éstos ejecutó más de 80 proyectos de infraestructura vial y hospitales. Sin embargo, analistas afirman que los 2 mil millones de dólares adquiridos a través de esos bonos, con tasas de interés elevado, fueron destinados a proyectos que no generan rentabilidad.

En 2017, Bolivia pagó un 4,5 por ciento de interés por este financiamiento, una tasa menor a las de 2012 y 2013, que fueron de 4,875 por ciento y 5,95 por ciento, respectivamente. Los inversionistas son de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Según datos del Ministerio de Economía, más de 70 proyectos de infraestructura vial, como dobles vías, carreteras y puentes, fueron financiados con los bonos soberanos de las gestiones 2012 y 2013, por un monto total de mil millones de dólares (se emitieron bonos por 500 millones de dólares en cada año).

Los bonos soberanos de 2017, por un monto de mil millones de dólares, permiten financiar la construcción de 11 hospitales: cuatro de cuarto nivel y siete de tercer nivel. Los proyectos están distribuidos en los nueve departamentos.

Sin embargo, el economista Luis Fernando García considera que, por un lado, los bonos significan un mayor endeudamiento externo para el país y, por otro, están destinados a la ejecución de proyectos improductivos que no tienen retorno económico.

García señaló que en la actualidad sería importante recurrir a financiamiento externo porque esto permitiría atenuar la caída de las reservas internacionales, aunque aclaró que tampoco solucionaría el problema porque se trata de una deuda que debe ser pagada a largo plazo.

Afirmó que si los bonos fueran destinados a la ejecución de proyectos productivos, el panorama sería diferente, ya que éstos generan un retorno económico. No obstante, aclaró que la construcción de proyectos de infraestructura tiene un matiz político y, en algunos casos, están manchados por hechos de corrupción.

Por su parte, el economista Gabriel Espinosa asegura que “la infraestructura siempre ha sido un déficit del Estado” y que por ello este tipo de proyectos son positivos. Sin embargo, afirma que el financiamiento para estas obras debe ser relativamente barato, ya no tienen retorno económico.

Espinosa detalló que, en términos teóricos, sería óptimo utilizar bonos soberanos para financiar proyectos productivos con rentabilidad económica, pero recordó que los resultados de las empresas públicas, como Cartonbol, Papelbol y Lactesbol “muestran que el Gobierno ha sido muy poco efectivo y muy poco eficiente en el manejo de sus emprendimientos productivos”.

“Lo lógico sería dejar de endeudarse para este tipo de proyectos y centrarse en la producción de infraestructura, ya no sólo de primer nivel, como son las carreteras, sino de segundo y tercer nivel con infraestructura que permita al sector privado ser más productivo”, dijo Espinosa.

Sin embargo, el economista Germán Molina opina que la ejecución de proyectos de infraestructura a través de bonos soberanos es importante para el país, ya que por su condición de mediterraneidad necesita estar comunicado entre todas sus regiones y contar con salidas a los océanos Pacífico y Atlántico en pro de las exportaciones.

Molina dijo que los frutos de estas inversiones todavía no son visibles, pero lo serán más adelante, siempre y cuando se concreten.

Según un boletín del Ministerio de Economía, los bonos soberanos emitidos posicionaron al país como una economía solvente y lograron resultados importantes al contexto económico de crisis internacional.

DESTINO DE LOS RECURSOS DE BONOS SOBERANOS 2012-2013

Las emisiones de Bonos Soberanos de 2012-2013 fueron por 500 millones de dólares cada gestión. Están financiando íntegramente a la construcción de diferentes proyectos viales a lo largo del país.

DESTINO DE LOS RECURSOS DE BONOS SOBERANOS 2017

Construcción de hospitales de tercer y cuarto nivel en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social en 2016-2020.

Los 11 hospitales (con un costo aproximado de 999,4 millones de dólares) serán financiados con recursos provenientes de la colocación de Bonos Soberanos.

AUMENTA INTERÉS POR CALIFICACIÓN NEGATIVA

El economista Germán Molina considera que la calificación de BB- estable a negativa, que hizo la calificadora de riesgo a la inversión extranjera Fitch Ratings a la economía boliviana, repercute en un aumento del interés cobrado por los inversionistas internacionales, de modo que si Bolivia decide emitir bonos soberanos en la presente gestión no alcanzará un interés del 4,5 por ciento como en 2017.

El ministro de Economía, Luis Arce, señaló en abril al medio a LatinFinance que Bolivia evalúa emitir bonos soberanos a 15 y 20 años plazo a partir del segundo semestre de 2019.

LA INVERSIÓN PRIVADA Y PÚBLICA

Según el economista Luis Fernando García, organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial consideran que las inversiones estatales generan un crecimiento inferior en relación a las inversiones privadas.

Precisó que cada boliviano que invierte una empresa privada se reproduce en 2,4 bolivianos, mientras que cada boliviano invertido por el Estado se reproduce solamente en 1,1, y que, incluso, en países más pobres que Bolivia llega sólo a 0,8. Agregó que la inversión pública se convierte no sólo en una deuda, sino en un costo y un beneficio político.

ANÁLISIS

Gabriel Espinosa. Economista

“El Gobierno tiene poca claridad sobre los proyectos”

En estos momentos, el Gobierno tiene muy poca claridad respecto a los tipos de proyectos que se necesitan. De hecho, en las últimas dos semanas, el discurso ha virado más hacia problemas urbanos y de otra calidad de servicios, de otra clase de infraestructura y servicios. Estamos hablando de tratamientos de aguas residuales, tratamiento de basura, movilidad urbana; es decir, no son los proyectos de infraestructura clásicos a los que uno se refería cuando pensaba en el Estado, y esto ha tardado mucho en ser entendido por las actuales autoridades.

Recién ahora se está pensando en asociaciones público-privadas para proveer bienes y servicios públicos que se llaman de tercera o cuarta generación.