Cinco fallas del INRA precedieron la crisis ambiental en Chiquitanía

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) cometió al menos cinco irregularidades que precedieron a los incendios forestales en la Chiquitanía, donde el fuego ya ha consumido más de 1,7 millones de hectáreas, el 41% dentro de áreas protegidas de gran biodiversidad.

Según un experto y dirigentes de la Chiquitanía, el INRA cometió cinco irregularidades  que llevaron al desastre como la autorización de asentamientos humanos en reservas y áreas protegidas y, además, no hizo seguimiento al uso de las tierras una vez que fueron dotadas, por lo que varias no cumplieron su función e incluso las revendieron.

También, el INRA no realizó la reversión ni expropiación de tierras que no cumplieron con el propósito asignado,  incumplió con el control y coordinación con los municipios y organizaciones local y tuvo un tratamiento flexible que favoreció al empresariado agroindustrial.

Sobre el primer punto, el bloque cívico chiquitano denunció que al menos mil nuevas comunidades se asentaron en la Chiquitanía e invadieron áreas protegidas.

“Impotente al ver el abuso y atropello que hace el INRA con nosotros, lo que hace el INRA en nuestro territorio. Hemos hecho miles de denuncias ante el INRA pero sabiendo de todas estas falencias siguen cometiendo atropellos”, dijo el dirigente cívico de San Rafael, Agustín Peña, al denunciar que el área protegida municipal de San Rafael, que tiene 70 mil hectáreas, fue invadida por varios asentamientos aprobados por el INRA.

El segundo problema  deriva del primero, y es que a parte de aceptar los asentamientos en zonas no aplicables,  la institución estatal no monitoreó el cumplimiento de la función de las tierras que, según normativa, debe hacer por dos años antes de consolidar la dotación.

El investigador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social(Cejis), Leonardo Tamburini, aseveró que muchos de los asentados al final vendieron sus tierras a empresarios vulnerando así el principio fundamental de la dotación: las tierras no son de beneficio comercial.

“Cuando esto (de las dotaciones) arrancó más o menos en el 2010 ya al 2017 se sabía que varias de estas comunidades dotadas no estaban siendo ocupadas por sus beneficiarios, sólo se había hecho algunos trabajos especulativos para demostrar algún tipo de función social y luego fueron comercializadas a brasileños, uruguayos y argentinos”, dijo.

Muchas de las tierras dotadas están en zonas forestales  (bosques) y son cedidas de manera gratuita a los comunarios para su aprovechamiento. Estos para desmontar el terreno realizan quemas que producen varios focos de fuego.

Mil comunidades en Chiquitanía. Según el bloque cívico chiquitano, el INRA autorizó más de mil asentamientos de comunidades nuevas en la Chiquitanía.

DOS INSTITUCIONES ESTÁN EN LA MIRA

El INRA y la ABT son las dos instituciones que se encargan de la política de tierras y de la forestal, respectivamente, del Estado. Sus decisiones respecto a los asentamientos, en el caso del INRA, y sobre las quemas y desmontes, en el segundo, incidieron directamente en los incendios registrados en la Chiquitanía, donde según el último reporte ya se han perdido 1,7 millones de hectáreas, casi la mitad de ellas en zonas protegidas de gran biodiversidad.

El dirigente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz, Evert Durán, dijo que pedirán la renuncia de las principales autoridades del INRA y la ABT por su papel en esta crisis.

REVERSIONES Y CONTROLES FUERON IRREGULARES

AGENCIAS

La tercera irregularidad cometida por el INRA fue que no expropió ni revertió las tierras y los asentamientos que no cumplieron la función social que les fue encomendada, explicó el especialista Leonardo Tamburini.

“Entonces lo que sucedió es que mucha gente entró como beneficiaria, cortó toda la madera, no pagó ningún impuesto, comercializó la madera y en varios casos la ha vendido a otras personas”, dijo.

La cuarta irregularidad está relacionada con la falta de coordinación y complementación con normas locales, pues, según el alcalde de San Rafael, Julio Alviz, a pesar de que ese municipio emitió normativas de protección ambiental y creación de áreas protegidas desde 2004, el INRA permitió los asentamientos en esa región.