Estado de excepción en Ecuador ante las protestas por el alza en los combustibles

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, declaró este jueves el estado de excepción para todo el país en respuesta a las protestas convocadas por los transportistas en contra de la eliminación de subsidios a las gasolinas.

“Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional“, declaró Moreno ante la prensa este jueves.

“Los derechos se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país, la generación de trabajo, la educación, la libre movilidad, la seguridad de las personas”, señaló el gobernante.

Las protestas comenzaron el martes, día en que el mandatario decretó el fin de los subsidios a los combustibles, junto a otras leyes de orden tributario y laboral, para reducir el déficit fiscal que enfrenta su gobierno.

En marzo pasado, Moreno aceptó préstamos de instituciones financieras internacionales como el FMI, por valor de US$10.200 millones.

Esta entidad fijó a Ecuador un calendario de reformas a cambio del dinero prestado que incluía la reducción del gasto público, un incremento de ingresos y una reforma laboral que estimule la productividad.

Protestas y detenciones

Ante las demandas de revertir la eliminación del subsidio a los combustibles, Moreno dijo que se mantiene firme.

“No existe posibilidad de cambiar”, aseguró.

El anuncio se dio en momentos en que se endurecían las manifestaciones en todo el país y particularmente en la capital, Quito, donde manifestantes se enfrentaron con policías antimotines.

En Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, las autoridades también reportaron disturbios este jueves, que incluyeron el bloqueo de carreteras y calles por medio de piedras y neumáticos en llamas.

“Estamos en una acción indefinida hasta que el gobierno revoque el decreto sobre subsidios. Estamos paralizando a la nación”, le dijo a la agencia Reuters el líder transportista Abel Gómez.

El presidente ecuatoriano dijo en un tuit que había viajado a esta ciudad para “evitar que quienes saquearon al país lo sigan haciendo desde otras instancias”.

“Los focos de violencia se han controlado casi totalmente”, aseguró.

Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que el estado de excepción es para garantizar el normal desenvolvimiento del país.

La jornada terminó con casi 200 personas detenidas, en su mayoría en Guayaquil, donde según la ministra Romo hubo saqueos.

En declaraciones a un canal de televisión local, Romo precisó que las fuerzas de seguridad arrestaron a 195 sospechosos, de los que 150 fueron detenidos en Guayaquil, “en su mayoría asociados al robo y vandalismo”.

“En este tipo de actos no está en discusión el subsidio (a los combustibles) o la reforma laboral”, afirmó la ministra antes de subrayar que son hechos “plenamente delictivos”.

Durante toda la jornada hubo retrasos y cancelaciones de vuelos en los principales aeropuertos del país.

El “paquetazo”

A las manifestaciones de los transportistas se sumaron organizaciones sociales, indígenas y estudiantes universitarios que rechazan lo que llaman el “paquetazo”.

El martes, Moreno firmó el decreto para eliminar los subsidios al diésel y a la gasolina conocida localmente como “extra”, la más consumida en el país.

A partir de este jueves, el precio será fijado en función de los valores internacionales.

El galón (3,78 litros) de diesel pasó de US$1,03 a US$2,27, mientras que la gasolina “extra” subió de US$1,85 a US$2,30 por galón, reportó la agencia EFE.

El anuncio del incremento también provocó compras de emergencia el miércoles en las gasolineras de todo el país, las cuales registraron largas filas de personas que intentaban abastecerse de combustible antes de que los nuevos precios se hicieran efectivos a medianoche.

El llamado “paquetazo” no solo contempla la eliminación de los subsidios a las gasolinas. Otras de las nuevas medidas que contiene el nuevo plan también desataron críticas entre la población.

Entre ellas se cuentan el recorte de vacaciones para los trabajadores del sector público (de 30 a 15 días) y la renovación con un 20% menos de remuneración de los contratos ocasionales, entre otras.

El estado de excepción le permite al gobierno restringir el movimiento de personas, emplear las fuerzas armadas para mantener el orden y censurar a la prensa.

Estará en vigor 60 días. Pasado ese plazo, se puede extender por otros 30 días, informó el gobierno.

La suspensión de clases se prolongó al viernes.