En Chile protestar cuesta un ojo de la cara

Entre los manifestantes que marchan contra la desigualdad, un parche en el rostro se ha convertido en un símbolo de la lucha y la represión. El 28 de octubre, Brandon González, de 19 años, marchaba con un grupo de manifestantes por la avenida principal de la capital andina, cuando la policía antidisturbios que bloqueaba la vía hacia el palacio presidencial empezó a disparar gases lacrimógenos y balines de goma endurecida.

González, quien venía de su trabajo en un hospital equipado con vendas y gasa para atender a manifestantes heridos, agarró una piedra y se la lanzó a un vehículo policial que estaba disparando gases lacrimógenos a la multitud. Segundos después, vio a un carabinero a unos 7 metros de distancia apuntándole con un rifle a su cara.

“Sentí un impacto en mi ojo y todo se puso negro. Levanté mis manos para que dejaran de disparar, luego me acosté en el piso y me dispararon tres veces más”, dijo González, quien trabaja como auxiliar hospitalario. “Pensé, ‘van a matarme'”.

Al menos 285 personas en Chile han sufrido traumas oculares graves, la mayoría por balines de goma endurecida y contenedores de gases lacrimógenos disparados por las fuerzas de seguridad chilenas durante este mes de disturbios. De acuerdo con la Sociedad Chilena de Oftalmología, se espera que esa cifra aumente.

La imagen de un ojo vendado es tan común en la actualidad, que se ha convertido en un símbolo de unión para los manifestantes en Chile. Aún así, la probabilidad de una herida de esta magnitud no los ha disuadido.

El presidente del país, Sebastián Piñera, no ha podido calmar la agitación a nivel nacional causada por los salarios bajos y el alto costo de la vida, a pesar de ceder a las exigencias de un aumento del salario mínimo y una pensión básica más elevada. Luego de que ciudadanos molestos por la subida de la tarifa del metro quemaran algunas estaciones del metro de Santiago, Piñera declaró al país “en guerra contra un enemigo poderoso” y ordenó a la fuerza policial y militar a patrullar las calles.

Desde entonces, la policía ha sido culpada de al menos seis muertes, más de 6300 arrestos y 2400 hospitalizaciones de manifestantes. Actualmente, los defensores públicos en Chile están investigando cientos de casos de presuntos abusos por parte de los carabineros, incluyendo tortura y violencia sexual. El daño a la infraestructura y los comercios ya sobrepasa los miles de millones de dólares.

El anuncio que realizó el gobierno chileno, la semana pasada, de que llevará a cabo un referendo en abril para remplazar la constitución de la era de Augusto Pinochet -una de las exigencias principales de los manifestantes- tampoco ha logrado detener los disturbios.

Piñera ha apoyado la represión policial con el argumento de que el uso de la fuerza ha sido justificado para mantener el orden. De acuerdo con los Carabineros de Chile, alrededor de mil oficiales también han sido hospitalizados por heridas recibidas durante las protestas.

Mario Rozas, general director de Carabineros de Chile, anunció el martes 19 de noviembre que Chile suspenderá el uso de balines antidisturbios y que los oficiales solo podrán disparar la escopeta antidisturbios “como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa cuando haya un peligro inminente de muerte”, el mismo criterio utilizado para las armas de fuego.

El cambio viene una semana después de que un video documental de The New York Times reveló que los carabineros de Chile habían cegado a manifestantes con balines de goma, y pocos días después de que un estudio de una universidad descubriera que los balines contenían cantidades peligrosas de metal.

El número de heridas oculares severas a manos de la policía ha indignado a grupos de derechos humanos y ha alarmado a profesionales médicos. El 8 de noviembre, un estudiante universitario de 21 años llamado Gustavo Gatica recibió impactos de balines en ambos ojos y quedó totalmente ciego.

Para al menos 12 víctimas, el daño a la córnea, iris y nervio óptico ha sido tan severo que los doctores han tenido que extraer el ojo por completo.

“Un balín que es menor al tamaño de la pupila genera un impacto tremendo. Es como si el globo ocular se abriera como una flor”, dice la doctora Carmen Torres. “Es un daño que nos ha dado bastantes problemas, especialmente en la reparación”.

Torres pertenece a un pequeño grupo de oftalmólogos de la Unidad de Trauma Ocular del Hospital El Salvador, hasta cuyas instalaciones llegan los gases de las bombas lacrimógenas que se lanzan en la plaza Italia, el epicentro de las protestas. Desde mediados de octubre, ella y un equipo de doctores han recibido más de 211 pacientes con lesiones graves en los ojos causadas por las municiones no letales. Alrededor de un tercio de los pacientes han llegado con fragmentos de goma, metal o cerámica aún alojados dentro de sus ojos.

“Si el balín pasa incluso cerca del nervio óptico, daña la habilidad de transmitir información. Y si pasa por el centro del ojo, lo destruye, lo hace estallar”, dice Torres, “Es por eso que estamos insistiendo en que se dejen de usar estos proyectiles”.

Lo que los carabineros llaman “perdigones” son parcialmente de caucho. Hace pocos días, por petición de la Unidad de Trauma Ocular, un grupo de investigadores de la Universidad de Chile realizó un análisis de los balines que están cegando a los manifestantes. El estudio descubrió que el 80 por ciento del balín está compuesto de materiales más densos, incluido plomo, que incrementa su velocidad y lo hace ser tan duro como la rueda de una patineta.

Un día, a finales de octubre, la sala de espera estaba repleta de manifestantes con vendas en un ojo. Una estudiante de mecánica automotriz de 18 años que se encontraba acostada en una camilla, temía que el balín dentro de su ojo izquierdo cerrado e hinchado pudiera dejarla ciega. Un trabajador metalúrgico de 46 años que estaba protestando por el bajo salario mínimo, esperaba por un implante para su -ahora vacía- cavidad ocular derecha. Una madre limpiaba un hilo de sangre que se escurría de la nueva prótesis ocular de su hijo, mientras este describía el momento en el que un carabinero le había disparado.

El oficial levantó el rifle, contó su hijo, Jesús Emerson Llancan, “me disparó y después lo bajó. Él vio que yo me di vuelta con el impacto y me volvió a disparar; me remató. Ya para el segundo disparo, yo estaba en shock. Mi ojo sangraba demasiado”.

Media docena de manifestantes describieron un momento similar en el que estuvieron cara a cara con un carabinero que les apuntó a la cabeza. No existen pruebas visuales que respalden cada una de las denuncias, más allá de la localización precisa de sus heridas. Sin embargo, videos compartidos en las redes sociales han mostrado a carabineros apuntar sus armas directamente a personas que no parecen plantear ninguna amenaza física. Otros videos parecen mostrar oficiales disparando indiscriminadamente hacia multitudes de manifestantes.

“Es una catástrofe de derechos humanos”, opina el doctor Enrique Morales, presidente del departamento de derechos humanos del Colegio Médico de Chile, quien le ha hecho un seguimiento a los traumas oculares de los manifestantes.

“Si uno revisa las cifras comparativas con las denuncias que ha habido en Francia, Cachemira o Palestina, por ejemplo, tienen números mucho menores”, dice Morales, refiriéndose a los manifestantes heridos en esos lugares.

El protocolo de las Naciones Unidas para el uso de lo que ellos denominan “armas menos letales” establece que las municiones deben ser disparadas en la parte inferior del cuerpo, lejos de la cabeza y órganos vitales. En comparación, los protocolos del uso de la fuerza de los Carabineros de Chile son ambiguos.

Gonzalo Blumel, el ministro del Interior recién nombrado y de cuya cartera depende la seguridad pública, ha negado que las fuerzas de seguridad hayan cometido abusos de derechos humanos.

“El gobierno ha actuado con total compromiso, no solo en el estricto cumplimiento de los protocolos que hoy día existen en el actuar de carabineros y las fuerzas armadas, sino también en la total y absoluta protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales”, dijo.

No queda claro si el cambio en la política tendrá algún impacto medible en la violencia. La semana pasada, el presidente Piñera admitió que ha habido algunos abusos y dijo que serían investigados.

“Creo que ha habido excesos, abusos, incumplimiento de los protocolos, incumplimiento de las reglas del uso de la fuerza, mal criterio o delitos”, dijo Piñera.

Brandon González, el auxiliar hospitalario, contó que cuando le dispararon, un oficial lo subió a una camioneta de la policía y le impidió recibir atención médica durante horas, hasta que lo dejaron en un hospital público.

“Se empezaron a burlar de mí: que iba a perder la vista, ‘un ojo menos'”, dijo González.

El miércoles 13 de noviembre, la doctora Torres operó a González y extrajo de su ojo izquierdo el mismo balín negro de goma y metal que ha visto en otros pacientes. El pronóstico era sombrío: salvará el ojo, pero debido al daño en los nervios ópticos y en la retina, perderá el 95 por ciento de la vista.