Movilización poselectoral: Los cabildos y los personajes detrás de la crisis política

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El candidato por Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa segundo más votado es rebasado por la articulación de los cabildos que ya no piden la segunda vuelta sino nuevas elecciones y los más radicalizados la renuncia del presidente. El Gobierno denuncia un complot de la derecha y enfrenta un escenario adverso. Mueve una hábil ficha para desmovilizar las protestas, pero no consigue su objetivo.

Articulados en torno al malestar por la emergencia medioambiental, los candidatos a la presidencia jugaron sus cartas con el descontento acumulado que se expresaría en las urnas. Sin programas concretos que presentar a los electores, sin propuestas alternativas al modelo económico productivo implementado por el Gobierno  ni en materia de política internacional, educación y otros aspectos sobre grandes temas nacionales, los postulantes de la oposición veían que se les escapaba de las manos una nueva elección alentando como única bandera la ilegal postulación del binomio oficialista tras el resultado de la consulta del 21F. Adelantándose al resultado adverso en las urnas los jefes políticos de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga renuncian a sus respectivas candidaturas esperando otro momento para lanzarse al ruedo en mejores condiciones.

La orfandad de propuestas no anunciaba buenos vientos para los opositores que tampoco consiguen presentarse en una fórmula unificada. Faltando pocos días antes de la pugna electoral algunos jefes políticos de oposición anuncian su respaldo al candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, que en las encuestas de preferencia electoral marchaba segundo con chances de reducir la brecha de 10 puntos para forzar el balotaje. La guerra sucia ocupa espacio importante en la agenda prelectoral. La oposición fracturada se ataca mutuamente facilitando el camino a la reelección de Evo Morales. Los rumores de una derrota se hicieron evidentes y hasta se escuchó decir que los candidatos de la oposición eran funcionales a los planes del oficialismo.

Nadie contaba con el voto de la juventud hasta ese momento menospreciado. En torno a la emergencia medioambiental, las elecciones se realizaron con información confirmada de que los incendios alcanzaron algo más de 5 millones de hectáreas del Bosque Seco Chiquitano (BSCH). El apretado resultado entre los candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales y Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC) sumado a los errores del conteo de votos y otras supuestas irregularidades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) deja escuchar la voz del electorado joven para que se respete su voto y así forzar una segunda vuelta. Las sospechas de un fraude ganan las calles y las protestas se dejan escuchar en todo el país. No se menciona directamente la causa de los incendios forestales en ninguno de los cabildos que matizan como nuevo detonante en la contienda un presumible fraude montado por el Gobierno.

Antes de abandonar el país los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitieron un informe sobre irregularidades en el proceso del conteo de votos.

El informe alienta al electorado a sumar vigor y energía en las manifestaciones que se volcaron a las calles exigiendo respeto al voto, contra el fraude. Un factor ha sido apuntado por los observadores imparciales de la crisis poselectoral: “el papel de la juventud en la organización movilizada fundamental para el aliento de las movilizaciones”. Organizados en grupos numerosos universitarios y jóvenes de todas las edades exigen que se respete su voto. Son miles que ganan las calles y con el correr de las horas asumen la organización de los bloqueos en diferentes zonas del país para evitar que el Gobierno consume su victoria electoral.

En este escenario se suma un nuevo elemento: la incorporación de los Comités Cívicos en todos los departamentos congrega la participación masiva de la población por el clamor de una segunda vuelta que con el correr de los días es rebasada por la fi gura de nuevas elecciones y fermentada por grupos cívicos radicales que piden la renuncia inmediata del primer mandatario en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Tarija y Beni, articulados inicialmente por el Bloque del Sur (Chuquisaca, Potosí, Tarija). Los bloqueos y manifestaciones derivan en una suerte de enfrentamientos con la militancia del MAS que cobra dos vidas durante una escalada de violencia en la localidad de Montero, al norte de Santa Cruz. A estas alturas los cabildos se convierten a diario en un foco de resistencia masiva contra el Gobierno.

En La Paz, las marchas se tornan violentas con enfrentamientos, aunque de baja intensidad, sin cabezas visibles de conducción; fragmentada la unidad y debilitado Carlos Mesa ante el incontrastable avance de los representantes cívicos que asumen la conducción de la movilización. Casi al mismo tiempo se crea una Coordinadora Nacional de la Democracia (CONADE) que nuclea a los líderes políticos del pasado, provocando indignación en la ciudadanía. La Coordinadora tiene una vida corta quedando desplazada a medida que crece la protesta en las calles.

La gente expresa su indignación porque el movimiento político en torno a ese instrumento es calificado sin medias tintas de oportunista. Allí, confluyen los viejos líderes políticos: el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, de papel poco preponderante en el proceso previo; el alcalde de La Paz, Luis Revilla, con la acumulación de problemas que lo mantenían arrinconado; el jefe de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina; Jorge Tuto Quiroga y políticos de la vieja escuela y otros personajes entre los que distingue el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín. El aliento de la causa toma un nuevo impulso que apunta a los políticos para no contaminar en las movilizaciones.

Las teorías del complot y el cabecilla de la oposición

El Gobierno sintiendo que las energías acumuladas estaban avanzando en su contra sale al frente denunciando un golpe de Estado propiciado por sectores de la derecha y triangula sospechas de que Sánchez Berzaín y el empresario Branko Marinkovic, financian el descontento popular. Y se pertrecha en sus teorías conspirativas que por lo general le han rendido resultados favorables. Desvirtuando el presunto fraude electoral, días más días menos, el Gobierno movió una ficha política clave en medio de la crisis con el fi n de desmovilizar a los manifestantes. Pidió que representantes de las Organización de Estados Americanos (OEA), observadores de la Unión Europea y técnicos de varios países participen en una Auditoria integral al proceso electoral. Las reacciones ante ese pedido desencajan a Carlos Mesa que acepta siempre y cuando esa Auditoria tenga efecto vinculante pero luego corre la mano; en tanto que los cívicos en un cabildo nacional en La Paz con representación de Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, Oruro, Tarija y la Coordinadora de La Paz, definen seguir luchando hasta destituir al presidente.

Las decisiones más importantes que surgen del Cabildo Nacional del jueves 31 en La Paz son llevadas adelante en medio de un ritmo casi frenético. Grupos de jóvenes son gasificados por la policía en su intento de pasar el cerco tendido para evitar el ingreso a la plaza Murillo, centro del poder político. En el resto del país se instiga la toma de instituciones estatales, lo que, según los observadores no puede calificarse de una resistencia pacífica. En La Paz, varios ministerios y algunas instituciones públicas son obligados a trabajar a puertas cerradas y situaciones semejantes se registran en varios departamentos. El país vive días de mucha inseguridad y caos. Las paredes de la casa de la presidenta del órgano electoral son grafiteadas. Las viviendas de algunas autoridades identificadas para generar focos de protesta, lanzar arengas y amenazas.

Sin acuerdo entre Gobierno y oposición, una delegación de expertos de la OEA y de otras instancias internacionales apura el recuento de la votación que ha sido calificada como un acto unilateral auspiciado por el Gobierno para ganar días que finalmente le conferirían la victoria en las urnas. El conflicto gana violencia en las calles.

En este escenario el papel que cobra más visibilidad, tanto por los medios como por el propio Gobierno, fue desplegado por el líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho que con un impiadoso ir y venir en los puntos de bloqueo en su natal Santa Cruz comienza a ganarse la simpatía de los bloqueadores. En ese frenesí plantea llevar una carta de renuncia al presidente Morales, aprobada en el cabildo.

En una masiva concentración a los pies del Cristo Redentor en Santa Cruz lanza un ultimátum de 48 horas exigiendo la renuncia de Morales. Este hecho genera una enorme expectativa y dos reacciones antagónicas. Por un lado, Carlos Mesa emite un comunicado pidiendo nuevas elecciones conteniendo los radicalismos de los comités cívicos que piden la destitución del presidente. Vencido el plazo y ante la expectativa nacional Camacho lee la carta de renuncia de Evo Morales, redactada por él y promete al cabildo volver con la carta firmada. Pide fe y esperanza.

En ese mismo cabildo sin mayores trámites alienta el descontento de la tropa policial contra el Gobierno. Lee un pliego petitorio de la institución del orden que es aprobada por la masa enfervorizada. Hasta ese día la policía había sido protagonista en la contención del conflicto con la muerte violenta de tres manifestantes.

Observadores de la crisis califican esta actitud como proactiva en la que el líder del Comité Santa Cruz apela a los evangelios. “La Biblia volverá a entrar al palacio de Gobierno”, dice Camacho.

Un exaliado de Evo Morales afirma que “la obstinación por el poder de un extremo ha dado surgimiento a una corriente del otro extremo que mezcla política con religión, y que lejos de promover la discusión democrática apela a las emociones de las multitudes para refrendar ocurrencias”.

En su afán de entregar la carta a Morales, Camacho es retenido en el aeropuerto de El Alto unas horas y devuelto con su comitiva a Santa Cruz. Su presencia en la terminal aérea alienta reacciones contrapuestas exacerbando los ánimos de todos los actores en la crisis política. Pero con el aliento de sus seguidores a los dos días vuelva a La Paz agrandado por los acontecimientos. En la sede de Gobierno promueve reuniones con líderes cocaleros de Los Yungas y campesinos. Y consigue alianzas públicas con estos sectores. Hasta ese día nadie podría creer que el líder cruceño había amarrado un acuerdo definitivo con mandos medios de la Policía Nacional que la noche del viernes 8 se sublevan contra el Gobierno en todo el país. A esas alturas las movilizaciones confluyen en tres ejes: Santa Cruz, movilizado; Cochabamba, fuertemente enfrentado y La Paz apoyando el liderazgo de Camacho, mientras el resto del país continúa fervorosamente movilizado.

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*Desde este miércoles y en los próximos seis días dat0s compartirá con sus lectores, material especial sobre la movilización poselectoral que ha sumido al país en una crisis sin precedentes. Para la comprensión histórica de sus efectos iniciará la serie con un recuento desde la recuperación de la democracia en 1982, los posteriores pactos de gobernabilidad que abrió paso al denominado “neoliberalismo”, pasando por el agotamiento del modelo económico dependiente en octubre de 2003, hasta la posterior instalación del Gobierno del MAS que culmina con la movilización poselectoral de octubre de 2019 que ha sumido al país en uno de sus momentos más dramáticos de la última década. 21 días de movilización que derivaron en la “renuncia” de Evo Morales a la presidencia y la posterior conformación de un Gobierno transitorio que debe convocar en los próximos meses a nuevas elecciones en medio de un estallido social que trata de ser contenido con el Ejército en las calles.