Gobierno retira querella y Fiscalía debe decidir si el juicio prosigue

Tambaleante y a punto de caerse. Así quedó ayer el caso de supuesto terrorismo luego del anuncio de Arturo Murillo de que el Ministerio de Gobierno, principal parte acusadora de este caso, retiraba la querella al considerar que todo fue un montaje del régimen de Evo Morales para perseguir a sus opositores políticos.

Sin embargo, el juicio no está cerrado, pues aún queda la otra parte acusadora, el Ministerio Público para sustentar el proceso contra las 12 personas que están siendo enjuiciadas desde hace más de siete años (se inició en octubre de 2012).

“Acabemos con este show, con esta injusticia, con esta farsa y atropello”, dijo el ministro Murillo, que además, instó al Ministerio Público a “ser coherente” y retirar también su acusación por este caso.

Tras esas declaraciones, EL DEBER consultó a la Fiscalía General del Estado cuál sería su posición ante el nuevo escenario pero, luego de esperar a que el Fiscal General, Juan Lanchipa, saliera de una audiencia en Sucre, este evitó el contacto para hablar sobre el tema.

Entre tanto, el juez Sixto Fernández, que preside el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz que lleva adelante el juicio, dijo: “Si la Fiscalía retira la acusación, que eso depende de ellos, no habría partes (acusadoras) y entonces se acaba el juicio”.

Al ser consultado al respecto, el fiscal que lleva el caso, Marco Antonio Rodríguez, dijo que la Fiscalía analizará el retiro de la acusación del Ministerio de Gobierno y para un eventual retiro de la acusación a la que él representa, necesitan las directrices de sus superiores, que en este caso, dijo, “es la Fiscalía del distrito de La Paz”.

La acusación fue hecha por Soza

El fiscal Rodríguez dijo que los fiscales que llevaron el caso nunca han afirmado que los procesados del caso terrorismo son culpables sino que se ha respetado el principio de inocencia que establece la Constitución. “La acusación ha sido firmada por Marcelo Soza y eso es lo que nosotros hemos seguido”, dijo, en tono molesto.

Ante esta situación, Gary Prado, defensor de varios de los acusados, recordó que el exfiscal Marcelo Soza, fue condenado en rebeldía por extorsión, mientras que el ministro Murillo afirmó que ya se ha solicitado su extradición al Gobierno brasileño.

“Estamos haciendo gestiones para aquel fiscal delincuente que tiene una condena encima por los chantajes y extorsiones que hizo en Santa Cruz. Vamos a pedir su extradición para que purgue condena en Palmasola por todo el daño que le hizo a los cruceños”, afirmó.

El caso de supuesto terrorismo sigue debilitándose apenas un par de semanas después de que la jueza ciudadana Sonia Mamani, denunciara presiones del anterior Ministerio de Gobierno para votar según lo que le dictaban, bajo el ‘argumento’ de que le pagaban sus pasajes y viáticos, y que la amenazaban cuando pretendía desmarcarse de las directrices que les daban.

“Después de que hemos conocido las declaraciones de las jueces ciudadanas (…) nuestra obligación, en justicia, es desistir de esta blasfemia y retirarnos de este juicio”, subrayó Murillo.

Todo el actual panorama empezó luego de la huida del país del expresidente Evo Morales y hace vislumbrar un pronto final en el caso de supuesto terrorismo.

Tribunal seguirá con el caso

Luego de escuchar las argumentaciones de Murillo para retirar la demanda del caso, el presidente del tribunal primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, decidió seguir adelante con el juicio amparándose en la acusación de la Fiscalía. Fijó para hoy a las 9:30 el reinicio del juicio.

Entre los acusados, se pedía que tras la renuncia de las dos juezas ciudadanas el tribunal se desintegre y el caso pase a un tribunal radicado en Santa Cruz, bajo el principio de juez natural que siempre se reclamó dado de que el supuesto hecho ocurrió en este departamento, pero lo llevó un tribunal de La Paz.

Sin embargo, el juez Fernández expresó que su tribunal seguirá con la causa y sustentó esta decisión en una resolución suprema según la cual pueden proseguir con dos jueces técnicos si renuncian las juezas ciudadanas.

Ante una ‘lluvia’ de críticas de la parte acusada, Fernández aseguró: “Estamos enmarcando nuestros actos en la norma; lo único que pedí es que nos dejen trabajar porque en el proceso hay abundante material y estamos en el proceso de producción de pruebas”.

Si el caso se cierra, los condenados podrían solicitar una revisión y recuperar su estado de inocencia

En el hipotético caso de que el juicio de supuesto terrorismo se cerrara, si el Ministerio Público retirara su querella, aquellas personas que se sometieron a procesos abreviados, aceptando su culpa a cambio de recibir condenas menores y recuperar la libertad, podrían solicitar una revisión extraordinaria de sus sentencias y recuperar así su estado de inocencia, explicó el jurista Gary Prado, que representa a varios de los acusados del caso.

El abogado recordó que, luego de estar cinco años presos, Mario Tádic y Elod Toaso, Ignacio Villa Vargas (‘El viejo’), Juan Kudelca, Zoilo Salces, así como Gelafio Santistevan (luego de siete años preso), se declararon culpables para poder salir libres.

“Con los argumentos de lo que está pasando ahora en el caso, ellos pueden luego llegar a recuperar su estado de inocencia, anulando la sentencia que los halló culpables”, explicó.

Asimismo, señaló que a escala internacional, donde se ha sentado una denuncia contra el anterior Gobierno, se agravará la situación puesto que quedará constancia de que se forzó a inocentes a declararse culpables.

Respecto a la decisión del juez Sixto Fernández de ampararse en un auto supremo para continuar con el juicio prescindiendo de las dos juezas ciudadanas, dijo que ese amparo es ‘inaplicable’.

“Este caso nació solo para beneficiar a un partido político y para dañar a Santa Cruz”, dijo.

Por otra parte informó que activaron una denuncia en contra del exministro de Gobierno, Carlos Romero, y otras exautoridades por las irregularidades que se cometieron en el juicio. Por ello, dijo, serán convocados a declarar los dos jueces técnicos del Tribunal que llevan adelante el juicio, Sixto Fernández y Elena Gemio