Algunas negociaciones se parecen a un baile de tango. La coreografía empieza con un movimiento en el que una de las partes avanza tres firmes pasos al mismo tiempo que su partenaire retrocede. Si hablamos de la danza esta tensión describe un juego sensual de atracciones, pero cuando hablamos de negociaciones, la música se apaga y la escena se parece más a una disputa con ceños fruncidos. Esto es lo que pasa hoy entre Argentina y sus acreedores externos quienes desde comienzos de este año iniciaron las conversaciones para resolver de qué manera el país pagaría alrededor de 66,000 millones de dólares de su deuda externa.

El recorrido comenzó en diciembre de 2019. El ministro de Economía, Martín Guzmán, había hecho declaraciones a la prensa antes de convertirse en funcionario sobre la insostenibilidad de la deuda argentina, explicando que el país debía comenzar un proceso para reestructurar sus pasivos. Guzmán lo decía con el aval de su recorrido académico: desde la Universidad de Columbia, donde trabajaba antes de volver a la Argentina, venía analizando y estudiando los procesos de reestructuración de deudas soberanas. Su apuesta fue conseguir el mayor apoyo político posible para ganar empuje en esos tres pasos de apertura del tango: mandó una ley al Congreso que habilitaba el inicio de las conversaciones e invitó a su presentación a los partidos de la oposición, gobernadores, referentes sindicales y empresarios.

También hizo gestiones con el Fondo Monetario Internacional, el cual le terminó dando la razón: la deuda argentina, tal como está, no es “sostenible”.

¿Qué significa que una deuda no sea sostenible? Quiere decir que los pagos que debe realizar un país ponen en riesgo la estabilidad económica, porque gran parte de los recursos que genera la economía se destinan solo a la cancelación de sus deudas y queda poco margen para destinar dinero a otras cosas. Más allá del diagnóstico que se haga de por qué se llegó a esa situación, el efecto no varía: una mayor carga de deuda achica la capacidad del Estado de garantizar derechos básicos de su población. Algo que, en un contexto de mayor exigencia a los Gobiernos por el impacto de la pandemia en la economía, puede ser trágico a nivel social.

Frente a esta situación, la posición de los acreedores externos fue diversa. Algunos fondos de inversión, luego de semanas de negociaciones, se mostraron favorables a la última propuesta que el país oficializó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) a comienzos de julio. Pero no todos asumieron esta posición.

El negociador más duro hasta el momento ha sido Blackrock, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo y socio de la Reserva Federal en la recompra de activos corporativos para mitigar el impacto del nuevo coronavirus en las empresas estadounidenses. Blackrock forma parte de uno de los tres grupos de acreedores que, reunidos, elaboraron una propuesta propia de pago para Argentina.

Y acá aparece de nuevo el tango, aunque ahora hay que pensar en esa parte del baile en la que las piernas se marean: a comienzos de julio, Argentina presentó lo que llamó su “última oferta”; luego, los acreedores se juntaron y presentaron la suya; el Gobierno respondió que de ninguna manera iba a ofrecer más dinero, y los bonistas dijeron que tienen un porcentaje suficiente como para bloquear por completo el canje.

La diferencia económica entre la “última oferta” del país y lo que pidieron los acreedores asciende a 1,600 millones de dólares, de los cuales 1,000 millones se concentran hasta 2023, el actual período de Gobierno. Entre la primera propuesta, enviada por Guzmán a la SEC en abril, y la enmienda presentada en julio, Argentina ofreció aumentar pagos a los acreedores por 16,000 millones de dólares.

Pero hay algo clave: lo que se está discutiendo no es cuánto perderán los bonistas, sino cuánto dejarán de ganar. Puede resultar una pregunta naïve, pero ¿es ético que la maximización de las ganancias de los fondos de inversión empuje a un país en crisis a un empeoramiento de sus condiciones financieras? Este es un punto central de la negociación que está llevando el gobierno argentino.

En los próximos meses, varios países emergentes deberán sentarse a negociar con los mismos actores con los que negoció Argentina, que buscarán replicar la estrategia de alcanzar el mayor rendimiento posible de sus inversiones. Mientras que los acreedores pondrán como ejemplo el acuerdo de Ecuador (que fue más favorable a sus intereses), los países en crisis deberían aprender de la experiencia argentina para protegerse de los duros embates que buscarán hacer los chicos malos de Wall Street.

Hay una lección más que el tango puede dejar para pensar estas negociaciones: quien comienza avanzando, termina la danza retrocediendo. Cuánto espacio se está dispuesto a ceder debe ser parte de la estrategia inicial antes de lanzarse a bailar. ¿Es posible pagar lo que sea a costa del hambre de miles de personas?

Estefanía Pozzo es periodista especializada en economía y finanzas. Vive en Argentina y es docente en la Universidad de Buenos Aires.