Compra de gases pasó por cuatro entidades y fue autorizada por Añez

Transcurrido un año y cinco meses de la firma del contrato para la compra de gases lacrimógenos y material antidisturbios mediante la empresa intermediaria BTS, las conclusiones de una investigación en EEUU removieron otras indagaciones realizadas  en el país, que llevan a la conclusión de que este proceso pasó por al menos cuatro instituciones y que fue autorizado por la entonces presidenta Jeanine Añez y su gabinete.

El requerimiento nació en el Ministerio de Gobierno, la compra la hizo el Ministerio de Defensa, el desembolso fue autorizado por el Ministerio de Economía y el pago lo concretó el Banco Central de Bolivia (BCB), todo ello bajo el paraguas del Decreto Supremo  (DS) 4116, que autorizó una compra por excepción y en el extranjero, como finalmente ocurrió.

El 17 de septiembre de 2020, un día antes de ser destituido del cargo de procurador general del Estado por presión del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, José María Cabrera informaba ante una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que el ahora exministro arrestado en EEUU se había negado a dar información sobre los mecanismos que se siguieron para la compra de ese equipamiento antidisturbios.

La Procuraduría había avanzado en una investigación (el Legislativo encaraba en otra) y ayer Cabrera recordó que para esa fecha ya se habían detectado varias irregularidades, dos de ellas muy notorias: que se haya acudido a una empresa intermediaria y que un proceso de contratación que comenzó en un ministerio continúe en otro.

“No puede empezar un proceso de contratación en un ministerio y continuar en un segundo ministerio, esas son situaciones totalmente anómalas (…) Tampoco había explicación suficiente de por qué se acudía a una empresa intermediaria si es que se conocían antecedentes de contratación directa con la empresa proveedora”, dijo.

Un día después de aquel informe que prestó ante la comisión especial mixta de investigación conformada para este caso, Cabrera recibió en su despacho una copia legalizada del Decreto Presidencial 4345, que disponía su destitución y el nombramiento de Alberto  Morales  en su reemplazo. “Se dio a petición del ministro de Gobierno”, sentenció entonces el destituido procurador.

Primeras sospechas

A fines de mayo de 2020 una investigación de la red Gigavisión ya había advertido sobre las irregularidades en esta adquisición debido a las marcadas diferencias de costo con otras similares realizadas en otros países.

Reveló, además, que las gestiones comenzaron el 25 de noviembre de 2019 con el pedido de una cotización a la empresa proveedora, la brasileña Cóndor, y que siguieron con el anuncio posterior de que la compra se realizaría necesariamente mediante la intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS), que no tenía ni tiene una oficina ni representante legal en Bolivia. Las consultas las hicieron funcionarios del Ministerio de Gobierno.

BTS operaba desde el extranjero, particularmente Tamarac, en el estado de Florida, en Estados Unidos, a donde finalmente llegaron los depósitos (5,6 millones de dólares en dos pagos) que alertaron a las autoridades estadounidense sobre el soborno y lavado de dinero por el que ahora Murillo está preso en ese país  y su exjefe de gabinete Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal.

Concretados los contactos, la gestión de compra avanzó desde el Ministerio de Defensa, en cumplimiento del DS 4116, aprobado el jueves 12 de diciembre de 2019 en lugar del DS 4090, que había sido autorizado dos semanas antes, pero sin mencionar en ninguno de sus cuatro artículos que la autorización era para adquisiciones en   el extranjero.

Dos decretos

El primero señala que se autoriza  al Ministerio de Defensa “la adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotín, clasificados como materiales relacionados a municiones para la Policía Boliviana”.

El DS 4116, que además abrogó el DS 4090, autoriza a la misma cartera “la adquisición, en el extranjero, de material bélico, bienes de uso militar y otros materiales relacionados, por seguridad y defensa del Estado”. De los seis artículos que tiene, tres de ellos mencionan que la autorización es para adquisiciones “en el extranjero”.

El abogado Gary Prado, quien accedió al cuaderno de investigaciones de este caso en Bolivia y revisó las conclusiones de la investigación realizada en EEUU, dijo ayer que el primer decreto fue solicitado por el Ministerio de Gobierno, pero luego observado por el Ministerio de Defensa, tras lo cual se generó el segundo que autorizó la compra por excepción, pero además permitió la transferencia de recursos para la compra del Ministerio de Gobierno al de Defensa.

“El Ministerio de Defensa actuó cumpliendo un decreto supremo (…) nadie sabía que el interés, la motivación y el negociado venía de funcionarios del Ministerio de Gobierno, lo que se devela con la investigación de EEUU (…) Van a disculpar ellos, pero fueron los tontos útiles de esta operación”, opinó en declaraciones a radio Fides.

La investigación realizada por el agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jonathan Eades, y revelada esta semana, menciona la participación de funcionarios de ambos ministerios, pero además señala que el BCB, entonces bajo el mando de Guillermo Aponte, realizó un depósito por 3.976.902 dólares a una cuenta de la empresa intermediaria el 17  de marzo de 2020, luego de dos intentos fallidos en enero del mismo año, ello debido a observaciones del banco receptor en EEUU.

El 8 de abril, el BCB hizo un segundo depósito a la intermediaria, esta vez por  1.754.584 dólares.

El 13 de marzo de 2020, cuando fallaron los primeros intentos de depósito en cuentas de BTS en EEUU, mensajes intercambiados por WhatsApp entre Méndez y un funcionario del Ministerio de Gobierno dejan ver que uno de los motivos era la demora en la aprobación del Ministerio de Economía, entonces a cargo de José Luis Parada.

“Son hijos de puta. Ya no me responden… Nos quedan 45 min. Hasta las 6:30. Así que eso [B] anco [C] entral puede hacer el depósito. Pero Economía [el Ministerio de Economía] no quiere hacerlo”, se lee en el informe del agente estadounidense Eades.

Añez marca distancia  con actos de corrupción y Núñez la defiende

• Expresidenta La expresidenta Jeanine Añez marcó distancia este jueves con los actos de corrupción por los que su exministro de Gobierno Arturo Murillo es investigado en Estados Unidos.  “La corrupción es un tema que nunca acepté en mi gobierno, lastimosamente hubieron  funcionarios que se alejaron de toda ética. Nadie elige colaboradores para que se corrompan, y estos hechos tienen que ser castigados con todo el peso de la ley, porque hacen quedar mal al país”, publicó la exmandataria en las cuentas que sus colaboradores manejan en Twitter y Facebook.
• Exministro El  exministro de la Presidencia Yerko Núñez reapareció este jueves, en contacto con radio Compañera, para aplaudir la investigación iniciada en Estados Unidos contra su excolega de Gobierno, Arturo Murillo y salir en defensa de la expresidente Jeanine Añez, de quien dijo que “no está involucrada” en  actos irregulares. “Saludo las investigaciones que desarrolló el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, ya que muestra cómo se debe desarrollar una investigación seria por posibles delitos de corrupción sin la intervención del poder político”.