Demuelen inmueble patrimonial para agrandar el Palacio de Gobierno

La Casa Alencastre, patrimonio monumental, ha sido derribada por orden del Ejecutivo para construir en ese terreno la Casa Grande del Pueblo, un edificio anexo del Palacio de Gobierno que alojará a la Presidencia. La Alcaldía anuncia fiscalización y un posible recurso de inconstitucionalidad.

La Casa Alencastre, construida antes de la República en 1921, era un patrimonio monumental. La demolición ha sido sustentada por el Ejecutivo con la Ley 313 de 2012, que declara la construcción de la Casa Grande del Pueblo en esa locación como una labor de “prioridad nacional”.

Según el alcalde de La Paz, Luis Revilla, la Carta Magna establece claramente las competencias de los diferentes niveles de gobierno. “Los temas que tienen que ver con urbanismo son competencias municipales y no pueden ser asumidas por otros niveles, porque si no significa violar la Constitución”.

En cambio, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Rodolfo Illanes, justificó el hecho en el cumplimiento de la Ley 313 que, además de establecer esa construcción como “prioridad nacional”, “exceptúa del cumplimiento de la Ley 2028 de Municipalidades” de 1999 que es la que rige el régimen de ese nivel de gobierno.

En cuanto a la Ley 313, Revilla señaló que no la conocía y que “parece que se la ha mantenido en secreto”. “Por supuesto que se trata de una disposición inconstitucional que vulnera las competencias”, agregó.

Las obras han comenzado con la demolición que terminará en dos meses, explicó Illanes. Se encuentra en la tercera licitación de supervisión del trabajo. El edificio ya cuenta con planos, diseños y todos los documentos. Pero Revilla protestó porque ninguno fue presentado al Gobierno Municipal; a lo que Illanes manifestó que la Ley 313 también “exceptúa la presentación de esos requisitos”.

Para Revilla, las competencias de los niveles gubernamentales no pueden ser asumidas por otros niveles “ni siquiera a través de una ley nacional porque, sino, cualquier competencia municipal podría ser violada con la promulgación de una ley”.

El Alcalde paceño aseguró que no les hicieron conocer de qué se trata el proyecto. “No sabemos sus características, no han pedido licencia para demolición o movimiento de tierras”. Tras lamentar que se produzca “esta situación”, expresó que espera que el Gobierno “sea respetuoso de las leyes, reconduzca el procedimiento” y presente el proyecto a la Alcaldía. “Si se establece que la disposición es inconstitucional, eso puede acarrear otro tipo de responsabilidad”, advirtió.